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Chile

Instrucciones de la Contraloría para el pago a proveedores

Introducción

El 19 de marzo de 2018, la Contraloría General de la República, emitió el Dictamen N° 7561N18, que se refiriere a distintos aspectos que rigen el pago a proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la ley N° 19.886.

Principios y normas que rigen los procesos de contratación

El dictamen indica que los procesos de contratación deben respetar los principios de legalidad y responsabilidad que rigen las atribuciones que tienen los órganos de la Administración del Estado, así como el ámbito de su competencia.

La Contraloría entiende que la relación entre proveedores y la Administración no se agota en la ley N° 19.886 y en su reglamento (decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda), los cuales deben ser complementados por otras disposiciones que tienen por objeto garantizar la oportunidad, regularidad y publicidad del pago a los proveedores de bienes y servicios de la Administración.

El dictamen señala que la Administración debe cumplir en un sentido financiero y con la causa que justifica el pago. Esto implica que la Administración debe obtener autorizaciones presupuestarias que le permitan contar con fondos suficientes para el pago de los bienes o servicios contratados. Por otro lado, el pago debe enmarcarse dentro de las atribuciones que la ley le ha conferido.

Manual de Procedimiento de Adquisiciones

Para esos efectos, la Contraloría indica que la Administración está obligada a elaborar un Manual de Procedimiento de Adquisiciones. Dicho Manual debe abordar la forma de recepción de los bienes y servicios, así como la manera de realizar el pago oportuno de los mismos (sea por cheque, transferencia electrónica u otro sistema equivalente).

Este Manual debe ser parte de los antecedentes que regulan los procesos de compra de la Administración y tiene que publicarse en sus portales de información. Así, las bases que rigen el proceso de compra están definidas tanto por las exigencias legales como también por el respectivo Manual.

El dictamen indica que la ley entregó a la propia Administración la obligación de velar por el cumplimiento dentro de plazo y, para lograrlo, los funcionarios responsables de la elaboración de los requerimientos técnicos de la compra y los responsables del pago oportuno de la misma deben ser personas o equipos de trabajo claramente diferenciados.

Pago oportuno y su incumplimiento

El dictamen señala que el pago es oportuno si ocurre dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la factura o algún otro instrumento de cobro, sin perjuicio que existan algunas excepciones que pueden originarse en la ley o en las mismas bases.

Así, la ley entrega a los servicios de salud y los hospitales autogestionados, un plazo de 45 días corridos a contar de la fecha en que la factura fuera aceptada. Tratándose de licitaciones públicas o privadas y en contratos de trato directo, las bases podrán fijar plazos distintos de la regla general, pero estos deberán ser siempre inferiores a 30 días.

El cumplimiento tardío o incumplimiento de la obligación de pago por parte la Administración supone hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios a cargo de tales labores conforme a las reglas que en cada caso resulten aplicables.

Contacto

En caso de requerir más información sobre este tema puede contactarse con la abogada Andrea Abascal, aabascal@jdf.cl.