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Chile

Ley de Inclusión

Introducción

Con fecha 15 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial la Ley No 21.015 que incorporara a la normativa laboral, disposiciones que incentivan la inclusión de personas con discapacidad en el mundo del trabajo, y con fecha 1° de febrero de 2018 se publicó el Reglamento de la ley antes indicada.

A continuación analizaremos las principales modificaciones introducidas por dichos cuerpos legales.

Obligación de remunerar a personas con discapacidad

A contar de mes de abril de 2018, todo trabajador que tenga entre 18 y 65 años de edad, que labore con jornada completa, esto es, entre 30 y 45 horas semanales, deberá percibir un sueldo igual a superior al Ingreso Mínimo Mensual. ($276.000 a enero de 2018).

La Ley No. 20.015 derogó el artículo 16 de la Ley No. 18.600, igualando el sueldo mínimo que puede recibir un trabajador discapacitado con el de cualquier trabajador mayor de edad.

Obligación de reserva legal de empleo para personas con discapacidad

La Ley No. 21.015 incorporó al Código del Trabajo el artículo 157 bis, el cual establece la obligación para aquellas empresas que tengan 100 o más trabajadores, de contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos un 1% de personas con discapacidad, o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en relación al total de sus trabajadores.

Quienes pueden ser considerados

Los trabajadores que pueden calificar, son aquellos que cumplan con las siguientes características:

· Trabajadores Discapacitados: Para tener la calidad de discapacitado se requiere una declaración de la COMPIN y encontrarse inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad.

· Trabajadores asignatarios de Pensión de Invalidez: Es la que reciben aquellos trabajadores que sin estar en edad para obtener una pensión de vejez, son acreedores de una pensión de cualquier régimen previsional a consecuencia de una enfermedad, debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales que causen una disminución permanente de su capacidad de trabajo. Debe ser declarada mediante un decreto, por la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones. Esta pensión a su vez puede ser de dos tipos:

Pensión de Invalidez Total. Es la que reciben aquellos trabajadores que tienen una pérdida de su capacidad de trabajo de al menos dos tercios de su capacidad.
Pensión de Invalidez Parcial. Es la que reciben aquellos trabajadores que tienen una pérdida de su capacidad de trabajo igual o superior al cincuenta por ciento e inferior a dos tercios.

Forma alternativa de cumplimiento para casos calificados en que no sea posible contratar personas con discapacidad

A su vez, el artículo 157 ter. dispone que las empresas que por razones fundadas no puedan cumplir total o parcialmente con la obligación de contratar personas con discapacidad, deberán dar cumplimiento a la norma del artículo 157 bis en forma alternativa, de alguna de las siguientes formas:

1.Celebrando contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad.

El monto anual de los contratos de prestación de servicios antes indicados, no podrá ser inferior al equivalente a 24 Ingresos Mínimos Mensuales, respecto de cada trabajador que debía ser contratado por la empresa.

2. Efectuando donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones.

Para estos efectos se considerarán razones fundadas: (i) aquellas derivadas de la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa; (ii) o la falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulados.

Se entenderá que se configura la letra (i) anterior, cuando el empleador haya publicado sus ofertas de trabajo a través de la Bolsa Nacional de Empleo, o por cualquier otro medio, sistema o plataforma de acceso público de información e intermediación laboral, y no haya recibido postulaciones que cumplan el perfil requerido y que correspondan a personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez.

La forma alternativa de cumplimiento antes señalada, podrá ser utilizada por toda empresa durante los dos primeros años contados desde abril de 2018, sin necesidad de contar con “razones fundadas”.

Forma de cálculo del porcentaje de trabajadores

El Reglamento señala que para determinar el porcentaje de trabajadores con discapacidad que debe mantener contratado una empresa, se deberá considerar el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año anterior, o bien, desde su inicio de actividades y hasta el 31 de diciembre de ese año.

El número total de trabajadores de la empresa equivaldrá a la suma del número de trabajadores de cada mes, dividido por 12, o por el número de meses que corresponda, en caso de haber iniciado actividades en forma posterior al 1° de enero. El número de trabajadores de cada mes corresponderá al número total de trabajadores de la empresa al último día del mes respectivo.

El número de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez que deberán ser contratados por la empresa corresponderá al 1% del número total de trabajadores de la empresa. Si de este cálculo resultare un número con decimales, se aproximará al entero inferior.

Obligación de registro e información a la Dirección del Trabajo

Las empresas que resulten obligadas por la ley 21.015 deberán enviar una comunicación electrónica a la Dirección del Trabajo en que informen el número total de trabajadores y el número de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez que deben ser contratadas. En esta misma comunicación se debe informar el número de contratos vigentes que cumplen con los requisitos de la ley.

Esta comunicación deberá efectuarse durante el mes de enero de cada año y tendrá una vigencia de doce meses.

Las empresas que, por razones fundadas, cumplan (total o parcialmente) mediante algunas de las medidas alternativas indicadas en la letra d) anterior, deberán informar esta circunstancia en la misma comunicación antes indicada, señalando la razón invocada y la medida adoptada.

Asimismo, en caso de cumplimiento alternativo,  la empresa deberá remitir copia de la comunicación a la Subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos.

Por último, el empleador tendrá la   obligación de registrar en la  Dirección del Trabajo, los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez, así como sus modificaciones y término.

El plazo para el registro del contrato es de 15 días contados desde la celebración del documento respectivo, y se realiza a través del sitio web de la Dirección del Trabajo (www.dt.gob.cl).

Fiscalización y sanciones

La Dirección del Trabajo fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones indicadas en este informe.

Las sanciones en caso de incumplimiento pueden ascender hasta a 60 unidades tributarias mensuales.

Vigencia y disposiciones transitorias

Esta ley entra en vigencia a contar del día 1 de abril de 2018.

Las empresas de 200 o más trabajadores, deberán dar cumplimiento a estas obligaciones a contar del día 1° de abril de 2018.

Aquellas empresas que tengan entre 100 y 199 trabajadores, la obligación de contratar trabajadores con discapacidad comenzará a regir a partir del día 1° de abril de 2019.

Durante los dos primeros años de vigencia de la ley 21.015, las empresas podrán optar por cumplir las señaladas obligaciones mediante las medidas alternativas sin necesidad de contar con una razón fundada.

Contacto

En caso de requerir más información sobre este tema, puede contactarse  con el abogado Claudia Godoy cgodoy@jdf.clo Alfred Sherman, asherman@jdf.cl