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Chile

Responsabilidad Extendida del Productor

Introducción

El 1º de junio se publicó en el Diario Oficial, la Ley 20.920, que establece el Marco para la Gestión de Residuos, Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje.

A través de este cuerpo legal, se introduce un nuevo instrumento de gestión ambiental denominado Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

Obligaciones

Mediante este instrumento, se obliga a los fabricantes de ciertos productos prioritarios a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de los bienes que colocan en el mercado.

La ley considera como sujetos de este sistema a los siguientes productos prioritarios:

– Aceites lubricantes
– Aparatos eléctricos y electrónicos
– Baterías
– Pilas
– Envases y embalajes
– Neumáticos

Entre las obligaciones que la ley impone a los productores están las siguientes:

– Registrarse en un catastro público de empresarios y/o fabricantes.
– Organizar y financiar la recolección y tratamiento de productos recolectados a través de un sistema de gestión.
– Asegurar que el tratamiento de esos residuos se realice por personas autorizadas.
– Cumplir las metas de recolección y de valoración de estos productos.

Para que se haga efectiva esta obligación, el Ministerio del Medio Ambiente debe definir metas para cada producto, lo que se realizará mediante un procedimiento administrativo que permitirá al sector regulado su participación a través de una consulta pública, la incorporación de antecedentes técnicos y la posibilidad de reclamar de la meta fijada ante el Tribunal Ambiental. Por ello, la participación de las empresas afectas a la regulación es altamente recomendable a partir de este momento.

Artículos transitorios

En sus artículos transitorios, la ley establece que el Ministerio del Medio Ambiente podrá requerir la siguiente información a los productores de productos prioritarios, mientras no se fijen las metas para cada producto:

– Cantidad de productos prioritarios comercializados en el país durante el año inmediatamente anterior.
– Actividades de recolección, valorización y eliminación realizadas en igual período y su costo.
– Indicación de si la gestión para la comercialización y valorización es individual o colectiva.

Fiscalización

La fiscalización corresponderá a la Superintendencia de Medio Ambiente, la que podrá imponer multas de hasta 10.000 UTA.

Contacto

En caso de requerir más información sobre este tema, puede contactarse con el abogado
Rodrigo Benítez
rbenitez@jdf.cl