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La excesiva onerosidad sobreviniente en la ejecución de los contratos:
¿Será el momento de la teoría de la imprevisión?

22 Jul 2020

“Todo el problema estriba en que hay una cosa que no se mueve: el contrato, y otra en la que se producen inesperadas mudanzas: la vida; y en que esas dos cosas deben ir acordes”[1].

Pablo Alarcón Hermosilla*

Bajo diversas denominaciones, cláusula rebus sic stantibus, excesiva onerosidad sobreviniente, alteración sobrevenida de las circunstancias, revisión judicial del contrato o doctrina de la frustración, la “Teoría de la Imprevisión” (esta última expresión ha predominado en Chile por influencia francesa) consiste en la posibilidad de solicitar la revisión judicial o resolución de un contrato cuando el equilibrio de las obligaciones es alterado de modo fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien porque el costo de la prestación a cargo de una de las partes se ha incrementado, o porque el valor de la prestación que una parte recibe ha disminuido. Como vemos, la noción de la imprevisión ha evolucionado, actualmente la excesiva onerosidad en el cumplimiento de la obligación del deudor es solo una de las facetas de la doctrina de la imprevisión, ya que también puede configurarse desde el punto de vista del acreedor, en el caso de que el valor o la utilidad de la prestación que tiene derecho a exigir haya disminuido de manera significativa[2].

Los detractores de esta institución, se aferran al pacta sunt servanda del artículo 1545 del Código Civil. Un contrato es ley para las partes, y estas quedan vinculadas, bajo amenaza de fuerza, a cumplir con lo establecido, en términos de que si no lo hacen pueden ser obligados a cumplir y a reparar los daños cometidos. La Corte Suprema comparte esta posición y la teoría ha sido consistentemente rechazada. Así, quienes defienden la intangibilidad del contrato, abogan que si el deudor puede cumplir con la obligación, aunque resulte excesivamente onerosa, se deberá cumplir, el Derecho no protege a quien no fue capaz de prever. El contrato no se toca.

Esta posición rígida no se adecua con el actual Derecho de los Contratos. La doctrina moderna de la revisión del contrato por excesiva onerosidad sobreviniente encuentra su consagración actualmente en las reformas a los dos principales códigos de la tradición del Derecho Civil continental, el alemán en el §313 (2002) y el francés en su artículo 1195 (2016). También encuentra acogida en el Código Civil de Italia, Holanda, Grecia, Portugal, Argentina y Brasil, entre otros, y se pueden ver normas sobre excesiva onerosidad en instrumentos de soft law de Derecho de los Contratos, como los Principios Unidroit (PCCI, arts, 6.2.2 y 6.2.3), los Principios Europeos de Derecho de los Contratos (PECL, art. 6:111) o en los Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos (PLDC, art. 84).

Respecto a Chile, contamos con una discusión doctrinal sobre la imprevisión que arrastra décadas, sin embargo no ha prosperado en nuestra legislación. Y es que, ya en el año1933, un artículo de Lorenzo de la Maza argumentaba sobre la necesidad de la doctrina de la imprevisión, ya sea por interpretación de las normas vigentes o por una reforma legislativa. Entre los muchos autores que apoyan esta doctrina, destaca el trabajo realizado por Rodrigo Momberg (2010). A pesar de ello, hemos visto fracasar dos proyectos de ley sobre la materia, primero el año 1991 (Boletín 309-07)[3], y luego el año 2007 (Boletín 5290-07)[4]. Hoy, en plena crisis sanitaria, ingresó nuevamente a discusión parlamentaria un proyecto de ley que propone un artículo 1546 bis en el Código Civil (Boletín13.474-07)[5].

El derecho comparado, una nutrida doctrina nacional y nuestra historia legislativa, nos enrostran que debemos ponernos al día y lograr una consagración normativa de la imprevisión. Sin embargo, lastimosamente la tarea se está cumpliendo tarde. En virtud de las reglas generales sobre efecto retroactivo de las leyes, toda norma que se promulgue tendrá efectos en los contratos que se suscriban en el futuro, lo que implica que el problema que afecta hoy una relación contractual no podrá ser remediado con la incorporación de la teoría de la imprevisión. Pero, ¿es necesaria una reforma legislativa que consagre normativamente la imprevisión? En principio sí, nuestra tradición formalista y extremamente apegada a la ley (en cuanto texto expreso), así lo requiere. Sin embargo, no podemos obviar, como lo ha venido sosteniendo buena parte de la doctrina, que nuestro Código Civil contempla mecanismos para resolver la excesiva onerosidad sobreviniente sin necesidad de una reforma legislativa.

El artículo 1546 del Código Civil Chileno remedia la excesiva onerosidad sobreviniente al tiempo que también, puede solucionar otras inequidades y desequilibrios que se presentan en la ejecución de los contratos, por cuanto, si bien el artículo 1545 del Código Civil establece que los contratos son una ley para las partes, su ejecución debe responder a la buena fe, esto es, a la colaboración, honestidad, lealtad y respeto a las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación para ambas partes. En estos términos, se confronta el principio que comprende al contrato “como ley para las partes” y el principio por el cual los contratos “deben ejecutarse de buena fe”, produciéndose una pugna entre la seguridad jurídica y rigidez de las normas contractuales versus la justicia contractual.

Dicho lo anterior, evaluemos la imprevisión mediante una situación que actualmente puede resultar cercana para muchos lectores, y que respalda el principio de la buena fe, los contratos de educación. ¿Qué remedios contractuales tiene un acreedor ante el incumplimiento imperfecto de la obligación del deudor? Entiéndase para estos efectos a la institución educativa como deudor que despliega todos los mecanismos para cumplir su obligación de la forma más apegada al contrato, sin perjuicio que de todas formas la satisfará de manera imperfecta.

Difícilmente podría el acreedor pedir la ejecución forzada respecto de una obligación que no se puede cumplir perfectamente por un acto de autoridad. También resulta extraño que el acreedor solicite la resolución del contrato, primero, porque es discutible que el incumplimiento imperfecto del deudor sea grave o esencial y tenga la aptitud para resolver el contrato (cuestión que asimismo deja sin efecto una eventual excepción de contrato no cumplido), y segundo, me atrevería a postular que en la mayoría de los casos el acreedor no querrá resolverlo por razones lógicas, aquello implicaría renunciar a un proyecto educativo y dejar a un hijo sin colegio. El acreedor tampoco podría solicitar indemnización de perjuicios, el acto de autoridad exime de responsabilidad al deudor y torna inimputable el incumplimiento.

Al cerrar la puerta a la imprevisión, una situación como la descrita encontraría su “solución” en que el acreedor deba estrictamente seguir cumpliendo su obligación, en circunstancias que ha visto como el valor o la utilidad de la prestación que tiene derecho a exigir ha disminuido de manera significativa, o directamente deba pedir la resolución del contrato. Como vemos, ambas opciones del acreedor, parecen más contravenir que respetar el principio del pact sunrt servanda, pues resulta que por un lado estamos ante un deudor que no cumple en los términos pactados, y por otro lado, si optamos por la resolución estamos avalando el mayor atentando contra la intangibilidad del contrato.

La imprevisión presenta un buen sustento para responder a problemas actuales. No podemos olvidar que el Derecho, en cuanto ciencia jurídica en su dimensión fáctica o sociológica, será mejor en la medida que responda a mayor número de hechos sociales nuevos, mayor número de estándares, pues esto indica que, en efecto, el Derecho está vivo socialmente, vive entre actores sociales y se refleja en sus comportamientos. La posibilidad de revisar un contracto que impone prestaciones excesivas a las partes, podría obrar y en muchos casos lo hace, como un incentivo a la economía, además de obrar en favor de la equidad y justicia contractual.

* Pablo Alarcón Hermosilla es asociado del área de Resolución de Controversias y Litigios en Jara del Favero.

[1] DUHALDE en: Fueyo Laneri, Fernando (1954): Algo sobre teoría de la imprevisión, Tomo LI (Santiago, Revista de Derecho y Jurisprudencia),
[2] MOMBERG URIBE, Rodrigo (2010), “Teoría de la Imprevisión: La necesidad de su regulación legal en Chile”. Revista Chilena de Derecho Privado, N°15, p. 49.
[3] Boletín  N° 309-07, “Permite la revisión judicial de contratos civiles y mercantiles”.
[4] Boletín N° 5.290-07: “Modifica el Código Civil con el fin de regular la imprevisión en el cumplimiento de los contratos.”
[5] Boletín N°13.474-07 “Proyecto de ley para dar reconocimiento positivo a la imprevisión en el Código Civil”