Inmobiliaria

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena condena a autores de delitos de loteos irregulares y estafa reiterada

En lectura de sentencia de fecha 23 de diciembre de 2020 de la causa RIT 11-2020, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena condenó, por unanimidad, a Ximena Alicia Burdiles Mohr y a Juan Manuel Miranda Carmona en calidad de autores del delito de loteos irregulares, contemplado en el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (en adelante “LGUC”) y del delito de estafa reiterada. Además, condenó a Flavio Jaime Edgardo Gómez Pizarro, abogado que los asesoró en dichos loteos, en calidad de cómplice de los delitos antes descritos. Todo esto, en contexto de la venta de terrenos irregulares o “loteos brujos” en las comunas de La Serena y Coquimbo.

Los condenados, a través de la sociedad Parcons Propiedades Limitada, entre los años 2013 y 2017 adquirieron terrenos agrícolas en las comunas de La Serena y Coquimbo que se encontraban gravados con prohibición de cambio de uso de suelo. Sin perjuicio de lo anterior, dichos terrenos fueron loteados y puestos a la venta, contraviniéndose expresamente la normativa vigente, al haberse subdividido sin las autorizaciones correspondientes, contempladas en la LGUC, y en un tamaño inferior a los 5.000 metros cuadrados que establece el Decreto Ley 3.516.

Al efecto, y sin perjuicio de existir recursos pendientes, el Tribunal determinó que la señora Burdiles Mohr era culpable de la realización de 6 loteos irregulares más 5 delitos de estafa reiterada, siendo condenada a una pena de 20 años y un día de presidio. Por su parte, el señor Miranda Campos fue declarado culpable, en calidad de coautor, por la realización de 4 loteos irregulares más 3 delitos de estafa reiterada, siendo condenado a una pena de 13 años de presidio. Finalmente, el señor Gómez Pizarro fue declarado culpable, en calidad de cómplice, por la realización de 5 loteos irregulares más 5 delitos de estafa reiterada, siendo condenado a una pena de 8 años de presidio. A todo lo anterior, se deberán agregar las multas que los imputados deberán pagar y el monto de la acción civil interpuesta por concepto de daño emergente a los más de 200 afectados por la compraventa de los terrenos irregulares.

En caso de que requiera información adicional sobre esta materia, puede contactar a Sven Herlin (sherlin@jdf.cl) y/o Julio Trucco (jtrucco@jdf.cl).

Dictamen de Contraloría General de la República instruye ajustar DDU Específica Nº5 en materia de distanciamientos y declara no ajustarse a derecho Permiso de Edificación en La Florida

Con fecha 11 de diciembre de 2020, la Contraloría General de la República, en adelante “CGR”, con motivo de un requerimiento presentado por la Fundación Defendamos la Ciudad, consistente en que la CGR se pronunciara sobre la juridicidad del oficio N°1.546-S/2019, de la Dirección de Obras de la Municipalidad de La Florida, en adelante “DOM”, que desestimó su petición de iniciar un procedimiento de invalidación respecto del permiso de edificación N°143, de 2019, de esa unidad, fundada en que proyectos como el de la especie se rigen por el oficio circular N°184, de 2009, en adelante “DDU Específica N°5”, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por cuanto, a juicio de la Fundación ello vulneraría la norma urbanística de distanciamiento; emitió el Dictamen número E58946/2020, en virtud del cual, a su juicio, la DDU Específica N°5 al disponer un parámetro distinto a la altura total de la edificación para determinar el distanciamiento, como también al contemplar diversos distanciamientos según el piso que enfrentan, estaría modificando la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, para lo cual estaría actuando fuera del ámbito de su competencia, definida en el artículo 4 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Como consecuencia de lo anterior, CGR determinó que el Permiso de Edificación no se ajustó a derecho, instruyendo a la DOM para que corrija la irregularidad, específicamente a través de la invalidación del acto administrativo. Por otra parte, CGR instruyó a la Subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que adoptara las medidas tendientes a adecuar el contenido de la DDU Específica N°5. En ambos casos, se deberá informar a CGR dentro del plazo de 15 días contados desde la recepción del Dictamen número E58946/2020.

En caso de cualquier duda o complementación sobre la materia, por favor contactar a Sven Herlin (sherlin@jdf.cl) y Julio Trucco (jtrucco@jdf.cl).

Excma. Corte Suprema acoge recurso de protección interpuesto por vecinos de Ñuñoa y ordena la apertura del procedimiento de participación cuidadana para el proyecto de construcción de un Mall en la comuna de Ñuñoa

La Tercera sala de la Excma. Corte Suprema en fallo Rol N° 62.662-2020 acogió el recurso de protección interpuesto por la Junta de Vecinos La Portada de Ñuñoa en contra de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (en adelante “SEA”), por la dictación de la Resolución Exenta N° 0576, que rechazó la apertura de un proceso de participación ciudadana en el proyecto  que estaba ejecutando la Sociedad Inmobiliaria Puente Limitada para la construcción del “Centro Comercial Mall Vivo Santiago Etapa II”, el cual contempla, entre otros, locales comerciales, unidades residenciales, Apart Hotel y 7 pisos de estacionamientos.

El SEA sostuvo que el proyecto no generaba ningún beneficio social para la comunidad próxima, sino sólo para aquellas familias que habitarán en las viviendas y utilizarán el centro comercial y, por tanto, al no configurarse la exigencia del artículo 94 inciso 7° (beneficio social) del Decreto 40, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, su decisión estaba justificada. A contrario sensu, los sentenciadores consideraron que dada las características del proyecto, al contemplar la construcción de un túnel que conecta a la estación del metro Ñuñoa, crear unidades habitacionales para comprar y vender e implementar una nueva red de colectores de aguas lluvias, así como servicios médicos, se verificarían tanto beneficios sociales, como externalidades negativas (aumento del ruido, congestión vehicular y población flotante en los alrededores), necesarios para configurar el concepto de cargas ambientales que exige el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para abrir un proceso de participación ciudadana y, por lo tanto, al impedirse el efectivo ejercicio del principio de participación consagrado en la normativa ambiental, el actuar del SEA, al denegar la participación ciudadana, deviene en ilegal.

En caso que requiera información adicional sobre esta materia, puede contactar a: Sven Herlin (sherlin@jdf.cl) y/o Julio Trucco (jtrucco@jdf.cl).

Excma. Corte Suprema ratifica exigencia de cambio de uso de suelo para construir en lotes ubicados fuera de radios urbanos, con motivo de un proyecto inmobiliario

Con fecha 5 de octubre de 2020, la Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema, por unanimidad, rechazó el recurso de protección interpuesto por Inversiones Panguipulli SpA en contra de la Contraloría Regional de los Ríos (fallo Rol N° 62.948/ 2020), por la emisión del Dictamen N°203 de fecha 15 de enero de 2020, cuyo contenido declaró irregulares trece permisos de edificación otorgados por la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Panguipulli (“DOM”) a la recurrente para construir viviendas en parte de los 228 lotes resultantes de la subdivisión del inmueble rural ubicado en Bahía Panguipulli. A juicio del órgano Contralor al no presentarse los informes favorables del Servicio Agrícola y Ganadero (“SAG”) y de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos (“SEREMI”) para el respectivo cambio de uso de suelo en atención al desarrollo del proyecto habitacional “Bahía Panguipulli”, se contravenía lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (“LGUC”), además de infringir los términos del D.L. N° 3.516, por cuanto esta norma prohíbe la destinación de los predios subdivididos a fines urbanos o habitacionales.

Si bien Inversiones Panguipulli SpA sostuvo que su intención era  acondicionar y vender los citados predios manteniendo su condición de rústicos, y por tanto era innecesario solicitar el cambio de uso de suelo, bastando sólo para estos efectos el permiso de edificación otorgado por la DOM, a juicio de los sentenciadores aunque la controversia excedía la naturaleza cautelar del recurso, no obstaba el hecho de que Inversiones Panguipulli SpA no contaba con el informe favorable para cambio de uso de suelo, el cual dado los antecedentes, debió haber sido expedido en orden a cumplir con lo dispuesto en el artículo 55 de la LGUC.

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Corte Suprema zanja disputa en torno al cómputo del plazo de caducidad en permiso de construcción de proyecto inmobiliario por etapas

Con fecha 7 de agosto de 2020, la tercera Sala de la Corte Suprema, en fallo causa Rol Nº 29.614-2019, puso fin a la disputa entre Inmobiliaria Travesía SpA (“Inmobiliaria”) y la Municipalidad de Pudahuel, rechazando el recurso de casación en el fondo deducido por la Inmobiliaria y confirmando así la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en agosto de 2019, que rechazó el reclamo de ilegalidad contra la resolución municipal que declaraba la caducidad del permiso de edificación Nº 221/15 otorgado a favor de la Inmobiliaria para la construcción de dos torres habitacionales.

El máximo tribunal determinó que los alegatos esgrimidos por la Inmobiliaria, si bien no eran incorrectos, puesto que, efectivamente para suspender el plazo de caducidad en un proyecto de construcción por etapas es suficiente que se hubieren iniciado las obras en sólo una de las torres proyectadas, y no respecto de todo el proyecto inmobiliario, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 1.4.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (“OGUC”); en el caso particular no se pudo verificar por el juez de instancia que las excavaciones realizadas en el terreno correspondiente a la Torre B, donde aún se erguía un poste de alumbrado público en medio de la obra, cumpliese las exigencias previstas en la referida norma urbanística.

En este sentido, el sentenciador acotó que contrariamente a lo sostenido por la Inmobiliaria, en lo referido al artículo 5.1.3 de la OGUC, que alude a la ejecución de excavaciones, entibaciones y socalzados en obras preliminares al proyecto en sí, en caso alguno estos hechos suspendían o interrumpían el plazo de caducidad establecido en el artículo 1.4.17 de la OGUC, toda vez que sólo las excavaciones conforme a los planos del proyecto, unido a la realización de sus trazados, permite tener por iniciada la obra, y mientras este hito no se produzca, se debe computar el plazo de tres años contemplado por la normativa urbanística para dar inicio a las obras de construcción.

Si requiere mayor información sobre esta materia, puede contactar a Sven Herlin (sherlin@jdf.cl) o Julio Trucco (jtrucco@jdf.cl)