Publicaciones

Tecnología

Jurisprudencia de interés

El Juzgado de Letras del Trabajo Concepción, con fecha 05 de octubre de 2020 (RIT m-724-2020), dictó una sentencia inédita en Chile respecto de la existencia de relación laboral entre una plataforma de delivery y una persona que la utilizó para trabajar en calidad de repartidor o raider.

En lo medular, la jueza resolvió que “el demandante prestó servicios para la demandada como repartidor y, con las precisiones ya señaladas, se ha logrado establecer la subordinación y dependencia […], estos es que los turnos en que el actor podía prestar sus servicios como repartidor fueron fijados por la demandada; que el servicio de repartidor era ofrecido por la demandada siendo el actor solo un ejecutor del servicio ofrecido por esta y sin tener responsabilidad en esta gestión, ni incidir en el cobro de este servicio. En consecuencia, y tal como ya se señaló en considerandos previos, la demandada ejercía una supervisión que no consistía netamente en ser intermediario frente a los consumidores, si no que la demandada era quien otorgaba las pautas y los pasos de actuación del actor, calificando estos con posterioridad, la demandada determinaba el lugar donde prestarían sus servicios, el horario en que lo realizarían asignándole al actor el turno en que lo desarrollaría, la remuneración asociada a esta prestación” (considerando Undécimo).

Asimismo, declaró que “el demandante prestó servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia de la demandada, al estar sujeto a órdenes e instrucciones, ser supervigilado en sus labores, percibiendo las sumas de rigor por sus servicios, finalmente, con una frecuencia semanal previa liquidación efectuada por la recaudadora. El actor finalmente debía someterse a la modalidad de trabajo impuesta por la empresa demandada en forma continua y permanente, como son los insumos que utiliza, la forma de desempeñar sus funciones, las zonas y turnos asignados por la demandada” (considerando décimo Tercero).

Con fecha 27 de octubre de 2020, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N° 16.010-2020), conoció un Recurso de Protección interpuesto en contra de los motores de búsqueda Google, Bing, Yahoo y la web enciclopédica Wikipedia, en el cual el recurrente sostenía que la información publicada constituía un actuar arbitrario e ilegal pues vulneraba sus derechos a la integridad psíquica y vida privada. Fundó su pretensión en la protección del “derecho al olvido”, vinculándolo con el derecho de cancelación de los datos personales conforme a la ley N° 19.628 de 1999 sobre Protección de la Vida Privada.

La Corte describió el “derecho al olvido” como la aspiración de una persona a la eliminación de una información que le provoca perjuicios y que se encuentra contenida en sistemas informáticos conectados a la red mundial de información y descartó la vulneración de garantías fundamentales debido a que la información indexada era verídica y actual.

Revisa nuestra alerta legal en https://www.jdf.cl/ley-al-dia/corte-de-apelaciones-de-santiago-se-pronuncia-sobre-el-derecho-al-olvido/.

En caso de que requiera información adicional sobre estas materias, puede contactar a Jorge Tisné (jtisne@jdf.cl).

Instructivo de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputadas y Diputados que establece criterios para declaraciones en medios de comunicación y redes sociales de forma respetuosa con los deberes éticos parlamentarios

Con fecha 28 de octubre de 2020, la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputadas y Diputados estableció un instructivo que establece criterios para declaraciones en medios de comunicación y redes sociales a propósito de los numerosos casos que ha debido conocer relacionados con la materia.

En este sentido, la Comisión llamó a hacer un uso responsable de los medios de comunicación y las redes sociales, incluyendo las cuentas individuales de cada diputado/a, como las cuentas oficiales de sus equipos parlamentarios y/o de las respectivas bancadas, propiciando un sano ejercicio de la libertad de expresión y un correcto y responsable ejercicio de la investidura de parlamentario.

En lo medular el instructivo previene que las declaraciones a través de estos medios deben: a) Respetar los límites que se reconocen al derecho de libertad de expresión bajo los estándares de derechos humanos, incluyendo el respeto de los derechos de los demás; la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública; y la prohibición de mensajes que sirvan como propaganda en favor de la guerra y mensajes de apología o incitación al odio nacional, racial, religioso u otro. b) Evitar aquellas declaraciones o comentarios que no contribuyen al diálogo o al sano debate de ideas sobre determinadas materias, como es el caso tratándose de mensajes que se limitan al uso de burlas, sarcasmos o ironías; c) Tener especial cuidado con mensajes que puedan resultar confusos o que den pie a malos entendidos en la ciudadanía o la opinión pública, más aún cuando se utilicen redes sociales que limitan la extensión de estos mensajes; y d) Chequear previamente las fuentes fidedignas de las noticias que se difundan, con el objeto de evitar la propagación de noticias falsas o fake news.

En caso de que requiera información adicional sobre estas materias, puede contactar a Jorge Tisné (jtisne@jdf.cl).

Mes de la ciberseguridad

La ley N°21.113 de 1998 declaró el mes de octubre como el Mes Nacional de la Ciberseguridad. Conforme al proyecto de ley (Boletín N°11.729-02) su establecimiento se debió a que las principales potencias del mundo han desarrollado la conciencia de sus ciudadanos, de las instituciones públicas y del sector privado respecto a la ciberseguridad mediante la promoción de actividades, durante un mes. Específicamente en los casos de Estados Unidos y la Unión Europea, dicha promoción se realiza durante el mes de octubre.

El objetivo del proyecto fue tener un periodo de tiempo adecuado para poder entrenar a los diferentes actores nacionales, tanto públicos como privados, involucrados en la ejecución de ejercicios nacionales de ciberseguridad. Asimismo, se buscó mantener la periodicidad en el tiempo para poder enfrentar de forma coordinada y actualizada las múltiples y variadas amenazas existentes en el ciberespacio, que requieren de a lo menos una práctica anual para comprobar la efectividad de las capacidades y conocimientos logrados en el país. Finalmente tuvo por objeto cumplir con los objetivos la Política Nacional de Ciberseguridad, que contempla un conjunto de medidas de política pública, entre ellas instaurar el mes de la ciberseguridad, promoviendo y consolidando actividades de sensibilización en todos los niveles.

En caso de que requiera información adicional sobre estas materias, puede contactar a Jorge Tisné (jtisne@jdf.cl).

Corte Suprema deja sin efecto exigencia de restitución de fondos otorgados a becario de Programa de Doctorado Nacional

En una interesante resolución, con fecha 03 de noviembre de 2020, la Corte Suprema (Rol N° 92.008-2020), confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia y acogió el Recurso de Protección interpuesto por un becario del Programa de Doctorado Nacional en contra la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (“ANID”).

Los hechos que motivaron la acción fueron que en el año 2008, CONICYT, actualmente ANID, otorgó al recurrente una beca para cursar el programa de Doctorado en Antropología en la Universidad Católica del Norte. Sin embargo, a juicio de ANID, el recurrente obtuvo el grado de Doctor con posterioridad a la fecha establecida por las bases y la normativa aplicable (2018), por lo que al encontrarse en mora, resolvió solicitar la restitución de los fondos otorgados para tal efecto.

La Corte Suprema, en atención a la finalidad de la beca otorgada y conforme al artículo 2 de la ley N° 20.905 (modificado por la ley N° 21.006), declaró que el recurrente había obtenido el grado de Doctor con menos de un mes de retraso respecto a lo prescrito por la normativa aplicable.

En este sentido, la Corte sostuvo que “sin duda alguna, el recurrente dio cabal cumplimiento a la obligación que el órgano recurrido le impuso al decidir financiar sus estudios en la Universidad Católica del Norte, pues, como surge de lo referido en las Bases respectivas, el concurso en comento tenía por objetivo costear los ‘estudios conducentes a la obtención del grado académico de Doctor en Universidades chilenas’, que es, precisamente, lo que el recurrente hizo” (Considerando Séptimo).

En consecuencia, la exigencia de restitución de la totalidad de los dineros resultó arbitraria, y por lo tanto, vulneró las garantías fundamentales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad del recurrente.

La sentencia se acordó con dos votos disidentes, quienes estuvieron por revocar la sentencia en alzada y desestimar el Recurso de Protección intentado. Lo anterior en base a que los hechos objeto de la acción no eran indubitados y porque resultó ajustado a derecho el acto impugnado (restitución de las sumas pagadas) pues el grado fue obtenido con posterioridad a la fecha prevista por la normativa aplicable.

En caso de que requiera información adicional sobre esta materia, puede contactar a: Jorge Tisné (jtisne@jdf.cl).

Corte de Apelaciones de Santiago se pronuncia sobre el “Derecho al Olvido”

Con fecha 27 de octubre de 2020, la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N° 16.010-2020), rechazó el Recurso de Protección interpuesto en contra de los motores de búsqueda Google, Bing, Yahoo y la web enciclopédica Wikipedia (los recurridos).

Los hechos que motivaron el recurso fueron que el recurrente había sido denunciado en un reportaje periodístico como presunto autor de conductas ilícitas de índole sexual, en virtud del cual el Ministerio Público inició una investigación, concluyendo con el sobreseimiento definitivo del recurrente.

A propósito de lo anterior, el recurrente señaló que la información publicada por los recurridos, en relación con la investigación, constituían un actuar arbitrario e ilegal pues vulneraba sus derechos a la integridad psíquica y vida privada. Fundó su pretensión en la protección del “derecho al olvido”, vinculándolo con el derecho de cancelación de los datos personales conforme a la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada.

La Corte de Apelaciones de Santiago describió el “derecho al olvido” como la aspiración de una persona a la eliminación de una información que le provoca perjuicios y que se encuentra contenida en sistemas informáticos conectados a la red mundial de información.

Asimismo, la Corte indicó que tal derecho no se encuentra establecido en la legislación chilena y que los motores de búsqueda no son responsables de los datos que crean los usuarios, sino que su función se limita a indexar la información, la que es creada por terceros al amparo de la libertad de emitir opinión y de información.

Finalmente, descartó la vulneración de garantías fundamentales debido a que la información indexada era verídica y actual (no desactualizada).

Cabe mencionar que la causa no se encuentra firme y ejecutoriada, pudiendo el recurrente deducir un recurso de apelación ante la Corte Suprema.

En caso de que requiera información adicional sobre esta materia, puede contactar a: Jorge Tisné (jtisne@jdf.cl).

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación aprueba “Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación”

Con fecha 27 de octubre de 2020, se publicó en el diario oficial el Decreto N° 4 del ministerio de la materia respecto a la “Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación” (en adelante la “Política”).

La Política asume a la Ciencia, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación como agentes transformadores clave para alcanzar un desarrollo sostenible e integral, que contribuya a trazar un camino propio para mejorar la calidad de vida de las personas y desarrollar los territorios.

La política se define sobre la base de los siguientes principios orientadores: (i) Excelencia y capacidad de adaptación; (ii) Asociatividad; (iii) Apertura y transparencia para promover un ecosistema de información accesible y global; (iv) Diversidad; (v) Compromiso ético.

A su vez, la Política define cuatro ejes de acción cuyos objetivos son la vinculación con la sociedad, la acción de futuro, el fortalecimiento del ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, y finalmente, las capacidades institucionales.

El Decreto completo se puede consultar enhttps://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/10/27/42790/01/1835789.pdf

En caso de que requiera información adicional sobre esta materia, puede contactar a: Jorge Tisné (jtisne@jdf.cl).

Ministerio de Economía somete a consulta ciudadana “Reglamento de Comercio Electrónico”

La ley N° 19.496, que establece Normas sobre Protección de los Derecho de los Consumidores, dispone en su artículo 30 que cuando productos o servicios sean ofrecidos en sitios de internet (comercio electrónico), los proveedores deberán ofrecer sus características y prestaciones esenciales, y deberán cumplir con las condiciones que determine un Reglamento, el cual hasta el día de hoy continua pendiente.

Con el objeto de asegurar la toma de decisiones debidamente informada de los consumidores, robusteciendo el derecho de libre elección de éstos, el Ministerio de Economía ha puesto a disposición de la ciudadanía el proyecto de “Reglamento de Comercio Electrónico”. De esta forma se busca recibir comentarios y opiniones para mejorar el texto preliminar del proyecto.

El proyecto establece deberes mínimos de información por parte de los distintos actores del comercio electrónico, ya sean vendedores o intermediarios (marketplace), para efectos de garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores.

La consulta comenzó con fecha 5 de octubre 2020 y finalizará el próximo 27 de octubre.

La minuta de consulta y la propuesta de Reglamento se encuentran disponibles enhttps://www.economia.gob.cl/2020/10/05/consulta-ciudadana-reglamento-de-comercio-electronico.htm

En caso de que requiera información adicional sobre esta materia, puede contactar a: Jorge Tisné (jtisne@jdf.cl)