Tecnologías de la Información, Medios y Protección de Datos

Jurisprudencia de interés

1. Protección de datos personales.

Con fecha 04 de enero de 2021, la Corte Suprema en votación dividida revoca la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, que había rechazado un recurso de protección mediante el cual se solicitaba que el Fiscal Regional de la Séptima Región del Maule eliminara del Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF) los datos personales de la recurrente en su calidad de imputada en las investigaciones sobre disensiones familiares (terminada por archivo judicial) y por hurto y hurto simple (terminadas con sentencias condenatorias).

El recurrido sostuvo que el SAF es un registro de investigaciones que contiene información sobre datos personales de los ciudadanos, incluidos en un registro interno de carácter administrativo cuyo tratamiento se rige por el artículo 20 de la Ley N° 19.628, para las materias que son de competencia del Ministerio Público, es decir, para los fines de investigación que le asignan la Constitución Política de la República y las leyes.

La Corte sostiene que “si bien las obligaciones de registro y de análisis que en ellas se consagran dicen relación, en último término, con la labor de investigación de ilícitos penales que lleva a cabo el Ministerio Público, ellas no tienen, no obstante, el alcance que les atribuye el recurrido, esto es, el de disponer la mantención de un registro de datos personales de quienes hayan tenido la calidad de intervinientes o de imputados en los respectivos procesos” (considerando 4°).

En este sentido, y consideración a la ley N° 19.628 sobre la Protección de la Vida Privada, la Corte distingue entre aquellas causas concluidas por sentencia condenatoria y aquellas terminadas por archivo provisional.

Respecto de las primeras (causas concluidas por sentencia condenatoria), “los datos personales relativos a condenas son los que se han de mantener disponibles para el sólo evento de que los tribunales u otros órganos del Estado, actuando en el ámbito de su competencia y guardando, además, la debida reserva o secreto a su respecto, los soliciten, sin que se desprenda de las  disposiciones comentadas más arriba algún fundamento que permita conservar, en el Sistema de Apoyo a los Fiscales, los datos vinculados con causas cuyas penas prescribieron hace largo tiempo” (considerando 9°).

En el segundo caso (causas terminadas por archivo provisional), “no se advierte la concurrencia de autorización legal alguna que justifique la conservación, en el registro del SAF y por plazo indefinido, de información derivada de una investigación que culminó como consecuencia de la determinación del Ministerio Público de archivar provisionalmente los antecedentes” (considerando 9°).

2. Relación laboral entre plataformas y quienes participan de ellas

 Con fecha 15 de enero de 2021, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de nulidad deducido por la demandada (Pedidos Ya), en contra de la sentencia de fecha 05 de octubre de 2021, pronunciada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la misma ciudad que declaró la existencia de relación laboral entre dicha plataforma y una persona que la utilizó para trabajar en calidad de repartidor o raider.

La Corte luego de analizar distintos elementos respecto a la relación existente entre el repartido y la plataforma concluye “Que, así las cosas, conforme lo preceptuado en el inciso primero del artículo 8 del Código de la materia y, en aplicación del citado principio de primacía de la realidad, ya mencionado e invocado por la sentenciadora, unido al principio pro operario, fluye como conclusión irredargüible, la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, y por lo tanto, regida por el código del ramo, y que, al verificarse su término, sin cumplir las formalidades que dicho texto legal establece, necesariamente debía acogerse la demanda en los términos señalados en el fallo” (considerando 11°).

En relación con lo anterior, se debe tener presente que con fecha 13 de mayo de 2020, mediante moción de un grupo de Senadores, se presentó un proyecto de ley (Boletín 13496-13) que tiene por objeto establecer garantías básicas a las personas que prestan servicios a través de plataformas digitales.

3. Fraude bancario

Con fecha 21 de enero de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol 84298-2020) acogió un recurso de protección ordenando al Banco de Chile a restituir al recurrente la suma de $4.487.691.-, la cual había sido fraudulentamente sustraída de su cuenta corriente mediante el uso de su tarjeta de crédito.

Los hechos que dieron lugar al recurso fueron que el Banco de Chile se negó a devolver el dinero sustraído desde la tarjeta de crédito del recurrente, mediante 5 operaciones anormales y fraudulentas que se habían realizado por un monto total de $4.487.691.-; todas estas en un intervalo de tan solo siete segundos. El banco se negó a restituir el dinero argumentando que las transacciones se efectuaron mediante la autorización de dos claves secretas del cliente.

La Corte, en consideración a las normas contenidas en el “El Capítulo 1-7 sobre Transferencia Electrónica de Información y Fondos”, emanado de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, hoy Comisión para el Mercado Financiero, concluye “Que, en consecuencia, la conducta imputable al Banco recurrido es ilegal, desde que incumplió con la normativa que al efecto le impone la Comisión para el Mercado Financiero a las instituciones bancarias encargadas de custodiar los dineros que le han confiado sus clientes, en su calidad de depositario irregular, lo que motivó que terceros vulneraran sus medidas de seguridad, como asimismo, arbitraria al negarse a enterarle los fondos que le fueron desviados al actor, sin causa justificada, todo lo cual le ha provocado a éste un menoscabo importante en su patrimonio, vulnerándole la garantía constitucional consagrada en el N° 24 del artículo 19, de nuestra Carta Magna” (considerando 9°).

En caso de que requiera información adicional sobre estas materias, puede contactar a Jorge Tisné (jtisne@jdf.cl).

Conmemoración del día internacional de la protección de los datos personales

Con fecha 28 de enero de 2021, se celebró el día internacional sobre la protección de los datos personales. La celebración se realiza en esta fecha a propósito que el día 28 de enero de 1981 se firmó en Estrasburgo, Francia el Convenio 108 del Consejo de Europa, respecto a la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal. Este es fue el primer tratado internacional sobre protección de datos personales.

En nuestro país han existido distintos avances en la materia durante el año 2020. Sin embargo, cabe destacar que si bien existe desde el año 1999 la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada que tiene por objeto regular la protección de los datos personales, actualmente se encuentra en trámite legislativo un proyecto de ley que busca elevar el estándar de protección en nuestro país. Si bien el proyecto se encuentra en el primera tramite constitucional y no existe un plazo cierto para su publicación como ley de la Republica, una vez que esto ocurra, tanto el sector público como el sector privado deberán adoptar nuevos resguardos respecto al tratamiento de los datos personales.

En relación con lo anterior, y dado la relevancia de la privacidad de las personas y sus datos personales, es de esperar que durante el año 2021 existan avances legislativos relevantes en esta materia.

En caso de que requiera información adicional sobre estas materias, puede contactar a Jorge Tisné (jtisne@jdf.cl).

Ministerio de Ciencia y Tecnología probó plan de Acción para la implementación de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTIC).

Con fecha 25 de enero de 2021, se aprobó Plan de Acción para la Implementación de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación por el Ministerio del mismo rubro.

Este plan de acción corresponde a un ordenamiento orgánico de iniciativas e instrumentos de política, orientados a fomentar y garantizar el desarrollo de las CTCI, según los ejes establecidos en previamente en la Política Nacional de la materia. Lo anterior se estructura en cuatro ejes centrales, a saber, vinculación con la sociedad, futuro, fortalecimiento del ecosistema CTCI y capacidades institucionales.

Respecto a cada uno de estos cuatro ejes, se prioriza en este Plan de Acción diversas iniciativas que se dividen en tres categorías (iniciativas nuevas, iniciativas que se modifican o fortalecen e iniciativas de continuidad) considerando la factibilidad de su implementación dentro del marco temporal de ejecución del Plan Nacional, es decir, dentro del periodo de 2020-2022.

De esta manera, este Plan de Acción tiene por objeto orientar la implementación de la Política Nacional, por medio de las iniciativas mencionadas. Para llevar a cabo dicha ejecución, se identifican los órganos públicos responsable, se explicitan las acciones y medidas específicas para el cumplimiento de estas iniciativas, los plazos de ejecución, las metas a alcanzar, los indicadores para su evaluación y la identificación de perspectiva regional en cada una de las medidas2.

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Corte Suprema autoriza remate judicial de bienes inmuebles mediante uso videoconferencia

Con fecha 11 de enero de 2021, la Corte Suprema emitió un Auto Acordado (acta N° 13-2021) para los remates judiciales de bienes inmuebles mediante el uso de videoconferencia en tribunales.

La Corte sostiene que a propósito del estado de excepción constitucional, la necesidad de asegurar la pronta administración de justicia, las muestras de idoneidad de los remates judiciales realizados de esta manera, la posibilidad de ampliar la participación de interesados y la posibilidad de interactuar en tiempo real en igualdad de condiciones entre postores, es que resulta necesario regular la materia desde un punto de vista operativo y de ejecución, para brindar seguridad a los tribunales, partes, postores y el público en general.

Dado lo anterior el Auto Acordado regula el ámbito de aplicación de los remates en línea, observancia de la regulación y entrada en vigencia, información de la subasta e imágenes de los inmuebles, ingreso mediante clave única del Estado, garantías en general, ingreso y registro a la audiencia del remante, llamado, desarrollo y adjudicación del remate y firma de la respectiva acta.

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CMF sometió a consulta pública norma sobre gestión de Riesgo Operacional y Ciberseguridad para Compañías de Seguros

Desde el 5 de enero hasta el 26 de enero del presente año, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) puso en consulta púbica el borrado de una norma que tiene por objeto fortalecer la supervisión que la CMF realiza en este ámbito, estableciendo un marco para la evaluación asociada al riesgo operacional y ciberseguridad.

En concreto, el borrado busca establecer principios de un adecuado sistema de gestión del riesgo operacional y ciberseguridad, impartir instrucciones en materia de gestión de riesgo, exigir autoevaluaciones cada dos años en lo relativo a ciberseguridad, así como al grado de cumplimiento de los lineamientos de la CMF y de los planes de acción para subsanar brechas en entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Asimismo, se busca establecer la obligación de reportar a la CMF los incidentes asociados a ciberseguridad dentro de 30 minutos y fijar procedimientos para que dichas brechas sean compartidas eficientemente con el resto de la industria.

Se espera que la norma entre en vigencia a contar del 31 de mayo de 2021.

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Agencia Española de Protección de Datos multa en 6 millones de euros a entidad bancaria por infracción al Reglamento General de Protección de Datos

En una interesante resolución, con fecha 13 de enero de 2021, la Agencia Española de Protección de Datos o AEPD multó a la entidad Caixabank S.A. (en adelante CaixaBank) con 6 millones de euros por infracción al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en particular por acreditar la vulneración de los artículos 6, 12, 13 y 14 de dicho cuerpo legal (procedimiento Nº PS/00477/2019).

A propósito de las infracciones detectadas por el AEPD en los cambios contractuales implementados por CaixaBank para adaptar sus políticas de privacidad al RGPD, la agencia multó con 2 millones de euros por infracciones leves (en relación a la vulneración del principio de transparencia respecto de la información que debía facilitarse a los usuarios) y con 4 millones de euros por una infracción grave (dado la imprecisión respecto a las bases de legitimación del tratamiento y, asimismo, porque la presentación del consentimiento no se ajustó a la normativa aplicable).

El procedimiento sancionatorio tuvo lugar a propósito de que, en el año 2018, un usuario del banco ingresó una denuncia a la AEPD, sosteniendo que CaixaBank le impuso la obligación de aceptar las nuevas condiciones en materia de protección de datos personales, y en especial, en relación a la cesión de sus datos personales a todas las empresas del grupo de la entidad. Además, sostuvo que para cancelar dicha cesión debía dirigir un escrito a cada una de las empresas del grupo, lo que denunció como desproporcionado.

Si bien esta resolución no es aplicable en Chile, y su fundamento jurídico es el RGPD, conocerla es de interés, pues en nuestro país existe un proyecto de ley que busca aumentar los estándares de protección de los datos personales a un nivel similar al europeo (boletín 11144-07); asunto que actualmente se encuentra regulado en la Ley N° 19.628, de 1999, sobre la Protección de la Vida Privada.

La resolución comentada contiene fundamentos de derecho interesantes que pueden resultar útiles cuando dicho proyecto sea promulgado. Especial relevancia tiene respecto al consentimiento válido, las bases de legitimación o licitud del tratamiento de datos y la aplicación de multas.

Respecto a este último punto, el proyecto de ley prevé hasta el momento, la clasificación de infracciones en leves, graves y gravísimas. Las leves serían sancionables con amonestación escrita o multa de 1 a 100 UTM, las graves con multa de 101 a 5.000 UTM y las gravísimas con multa de 5.001 a 10.000 UTM.

Cabe hacer presente que el proyecto de ley se encuentra siendo discutido actualmente en el Senado, en primer trámite Constitucional.

En caso que requiera información adicional sobre esta materia, puede contactar a Jorge Tisné (jtisne@jdf.cl)

Fraude bancario: Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Banco de Chile a pagar una multa e indemnización por infracción a la Ley del Consumidor en un caso de fraude informático a cliente

Con fecha 10 de diciembre de 2020, la Corte de Apelaciones de Santiago (rol 28-2019) revocó la sentencia recurrida que negó la denuncia y la demanda presentada, y condenó al Banco de Chile al pago de una multa infraccional de 20 UTM, y en cuanto a la demanda civil, al pago de una indemnización de perjuicios por la suma de 7.700.000 (siete millones setecientos mil pesos) en favor de una cliente que había sido victima de un fraude informático conocido como “phishing”.

La apelante explica que entró en una página que supuestamente era del Banco de Chile, en circunstancias que era un portal falso, donde ingresó sus datos secretos. Con estos datos, delincuentes giraron en la verdadera página del banco la cantidad de $7.700.000, en tres giros, quedando registrados los RUT y las cuentas de destino. Que una vez que dio aviso al banco, éste no  asumió responsabilidad alguna, ni le entregó los datos personales, ni las direcciones IP de quienes habían actuado en el fraude.

Que el artículo 23 de la Ley del Consumidor dispone en lo pertinente: “Comete infracción a las disposiciones de la presente ley el proveedor que, en la venta de un bien o en la prestación de un servicio, actuando con negligencia, causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o servicio.”

La Corte sostiene que “de la citada norma se desprende que el proveedor no puede asilarse para desligar su responsabilidad en que fue el titular de la cuenta quien cursó los giros, el proveedor mantiene su obligación de actuar con la debida diligencia y cuidado, de manera seria y responsable, tomando todas las medidas para evitar que sus clientes-consumidores sean víctimas de delincuentes que logren materializar sucesivas transacciones en un reducido lapso de tiempo, sin que se verifique la legitimidad de las mismas y más aún se niegue a proporcionar datos que permitan perseguir a los defraudadores” (considerando noveno).

Agregando, “Que, así las cosas, el Banco no ha cumplido con su deber de cuidar los intereses de su cliente, puesto que le es exigible tomar todas las medidas necesarias para evitar este tipo de operaciones, ya que es quien tiene los medios y recursos para velar por los intereses de quienes confiaron en su sistema operativo y que, en el evento de producirse una operación como la que nos ocupa, asuma la responsabilidad que le cabe como proveedor del servicio y sea coadyuvante con el cliente en la investigación” (considerando décimo).

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Drones. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz absolvió a acusados dado que la obtención de imágenes captadas por dron fue ilegal al no contar la policía con una autorización judicial previa.

Con fecha 15 de diciembre de 2020, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz (RIT 54-2020) absolvió a los acusados por el Ministerio Público de ser responsables, entre otros delitos, de tráfico ilícito de drogas.

En lo que interesa respecto al uso del dron, como tecnología para obtener pruebas que puedan lícitamente ser obtenidas y luego ser utilizadas en un procedimiento penal, el Tribunal sostuvo que “al operar la policía del modo indicado -uso del dron previo a obtener la autorización judicial-, ingresando con un dron en un recinto que era evidente que constituía un lugar privado, cerrado al público, al que ellos mismos no accedieron precisamente por saber que requerían autorización judicial, se vulneraron con aquella intromisión derechos fundamentales, a saber, los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19 números 4 y 5, que asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. Este último precepto constitucional agrega incluso que el hogar sólo puede allanarse y comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley” (considerando octavo).

Sobre esta tecnología, el Tribunal enfatiza que “lisa y llanamente aquí estamos frente a un caso, no regulado expresamente en nuestra legislación, del uso de un dispositivo tecnológico como es un dron con una cámara filmadora que ingresa a un lugar cerrado y obtiene imágenes que aportan información valiosa para obtener la entrada y registro propiamente tal de los agentes”, y agrega, “e tema es que, aún sin esa regulación expresa y casuística, los principios y valores que permiten resolver ese vacío legal están consagrados en la Ley Fundamental y en las citadas disposiciones generales de nuestro estatuto de procedimiento en materia penal, en un claro y preciso sentido, que debe llevar a concluir que esa actuación de la policía resultó ilegal, no pudiendo, en consecuencia, fundar la prueba así recabada una sentencia condenatoria, ya que, al hacerlo, amén de los derechos mencionados, se vulneraría el derecho de todo imputado a ser juzgado en un debido proceso, conforme lo dispuesto en el artículo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución”.

Para llegar a esta conclusión, se apoya en que “la Corte Suprema ya ha debido resolver casos relativos al uso de dron y globos con cámaras de vigilancia, con motivo de recursos de protección, estableciendo que esos dispositivos no vulneran en abstracto el derecho a la privacidad, siempre y cuando se sometan a ciertas restricciones, fundamentalmente que no pueden filmar o captar imágenes del espacio privado de las personas, es decir, sólo dirigiendo sus registros al espacio público”.

Por lo anterior, el Tribunal resolvió no valorar la prueba por haber sido obtenida ilícitamente, y absolver a los acusados, primando la presunción de inocencia, al no haber tenido la Fiscalía otras pruebas para sustentar la acusación.

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Medios: Corte de Apelaciones de Santiago confirmó multa a canal de televisión por no emitir oportunamente el aviso de término de horario de protección para menores a las 22 horas.

Con fecha 10 de diciembre de 2020, la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N° 455-2020) confirmó una multa de 20 UTA aplicada por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) al canal de televisión TV+ por no emitir a tiempo la señala gráfica y acústica de fin de horario de protección de menores a las 22 horas.

El representante del canal de televisión dedujo un recurso de apelación en virtud del artículo 34 de la ley N° 18.838 en contra de la resolución que impuso la multa por parte del CNTV, por la infracción a lo dispuesto en el artículo 2° de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión, que dispone:

“Se establece como horario de protección de los niños y niñas menores de 18 años, el que media entre las 06:00 y las 22:00 horas.- Los Servicios de televisión deberán comunicar diariamente, a través de una advertencia visual y acústica, el fin del horario de protección y el inicio en que puede exhibir programación destinada a público adulto”.

La Corte confirmó la multa pues, la señalización desplegada por la concesionaria ese día no coincidió con el término del horario de protección (22:00 horas), excediendo el margen de tolerancia de 5 minutos que el CNTV aplica a todos los canales de televisión en la medición del cumplimiento de esta normativa.

Asimismo, la Corte tampoco dio lugar a la “rebaja del quántum de la sanción a la medida de amonestación, por cuanto la infracción que se le imputó, es la tipificada en el artículo 12° letra l) de la Ley 18.838, que sólo está sancionada con la pena indicada en el artículo 33 N° 2 de ese cuerpo legal, esto es, con una multa, la que en este caso, se aplicó en su mínimo” (considerando octavo).

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Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad deducido en contra del CPLT que confirmó la denegación de acceso a información sobre interceptaciones telefónicas realizadas por Carabineros con fines de inteligencia.

Con fecha 24 de diciembre de 2020, la Corte de Apelaciones de Santiago (rol 668-2020), rechazó el referido reclamo de ilegalidad en contra del CPLT.  En este caso, el recurrente sostuvo que, ante la negativa de Carabineros a entregar información sobre intercepciones telefónicas, dedujo un recurso de amparo ante el CPLT, el cual fue rechazado en virtud del artículo 38 de la ley N° 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, al ser información secreta y de circulación restringida.

La Corte señala que “de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 letra b) de la Ley de Acceso a la Información Pública, el principio de libertad de información implica que toda persona goza del derecho de acceder a la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, con las solas excepciones o limitaciones establecidas por las leyes de quórum calificado” (considerando quinto).

En este sentido, la Corte concluye que “la primera exigencia que se ha de cumplir para que el deber de reserva de la información pueda ser invocado por los órganos del Estado, es que éste conste en una ley de quórum calificado, condición que cumplen las disposiciones legales que hayan sido dictadas con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.285 y que estaban vigentes a su promulgación. En consecuencia, el deber de reserva que establece el artículo 38 de la Ley N° 19.974, publicada en el Diario Oficial el 2 de octubre de 2004, cumple con el requisito de emanar de una ley de quórum calificado y, por ende, su aplicación resulta legal y constitucionalmente procedente” (considerando octavo).

En caso de que requiera información adicional sobre estas materias, puede contactar a Jorge Tisné (jtisne@jdf.cl).

Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad en contra de la decisión del CPLT que ordenó al Servicio de Impuestos Internos (SII) a entregar información tributaria de entidades religiosas entre los años 1999 y 2019.

Con fecha 09 de diciembre de 2020, la Corte de Apelaciones de Santiago (rol 405-2020), rechazó el referido reclamo de ilegalidad en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT). En este caso el SII sostuvo que accedió parcialmente a la información solicitada, y en lo que interesa, denegó la información específica sobre ingresos, desembolsos y otros antecedentes, al concurrir la causal de secreto o reserva contemplada en el N° 2 y N° 5°, del artículo 21, de la Ley N° 20.285, en relación con lo dispuesto en el Nº 7º, del artículo 8 bis, y el inciso segundo, del artículo 35, ambos del Código Tributario.

Frente a esta decisión, el solicitante dedujo un recurso de amparo por denegación de acceso a la información ante el CPLT, el cual fue acogido, disponiendo que se entregue al solicitante información relativa a los montos de los ingresos anuales consignados por entidades religiosas con personalidad jurídica de derecho público que han entregado la Declaración Jurada N° 1945 en los años 2018 y 2019, de manera anonimizada.

Es interesante notar que la Corte, para rechazar el reclamo de ilegalidad, analizó las causales de los numerales 2 (cuando la publicidad, comunicación o conocimiento afecte derechos de carácter comercial o económico) y 5 (reserva o secreto declarada mediante una ley de quórum calificado, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política de la República), ambas del artículo 21 de la Ley Nº 20.285, Ley de Transparencia.

La Corte enfatiza que “en relación al artículo 21 numeral 2 de la Ley N° 20.285, si bien puede calificarse la documentación solicitada de ‘carácter comercial o económico’, el acceder a ella no se está afectando a los contribuyentes, en tanto la forma en que ha sido ordenada su entrega por el Consejo para la Transparencia, impide un vínculo o un hilo conductor que pueda llevar a determinar de qué persona jurídica se trata al ser innominada. No se entiende cómo se podrían ver vulnerados los derechos económicos y la vida privada, de quienes han efectuado aportes a estas entidades”. Asimismo, “respecto del numeral 5 del artículo 21 de la misma ley anteriormente citada, el argumento de tratarse de ‘documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos´, se debe decir, que no se avizora afectada el cumplimiento de la función pública, ni los derechos de las personas o de la seguridad o el interés nacional” (considerando décimo quinto).

Finalmente, la Corte esboza a forma de principio para este caso que “es lícito recabar y entregar informaciones genéricas, marginales o tangenciales al fondo de la cuestión investigada, en cuanto con ello no afecte a los contribuyentes” (considerando décimo quinto).

En caso de que requiera información adicional sobre estas materias, puede contactar a Jorge Tisné (jtisne@jdf.cl).

Ministerio de Ciencia somete a consulta pública la primera Política de Igualdad de Género de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

Con fecha 17 de diciembre de 2020, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, sometió a consulta pública para una Política de Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI).

La consulta tiene por objeto obtener ideas y comentarios de la ciudadanía respecto de los lineamientos propuestos de la Política de Igualdad de Género en CTCI. Una vez concluida la consulta, el Ministerio de Ciencias elaborará el documento final de la política y un Plan de Acción que entregue mecanismos concretos para avanzar en cerrar la brecha de género.

Esta política busca avanzar en cerrar las brechas de las mujeres en materia de CTCI. Para esto se basa en los principios de justicia, proactividad y acciones afirmativas, calidad e impacto de la CTCI, y sostenibilidad y productividad.

A su vez, los ejes que guían la política son:

i) Asegurar el acceso, desarrollo y liderazgo de las mujeres en el sistema CTCI, construyendo un ambiente con conciencia de género que elimine la discriminación, la violencia y los sesgos de género, asegurando igualdad de oportunidades.

ii) Construir un sistema de investigación y desarrollo sensible al género, que integre la dimensión de género en el contenido de la investigación, desarrollo e innovación de manera transversal.

iii) Fortalecer la institucionalidad del sistema de CTCI en igualdad de género (Estado, organizaciones públicas y privadas que la conforman) para asegurar el correcto diseño de los instrumentos de política pública y monitorear el avance e impacto de estas políticas.

Se puede participar de la consulta hasta el día 17 de enero de 2021.

El borrador de la política se puede revisar en https://drive.google.com/file/d/162ElE_vRF81s0GS94j7RwVm4PoylVVEN/view

Se puede participar de la consulta llenando el formulario disponible en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq5ZJsfaNTK0b1Sc_vLYDvYbZnMkpibzd_sr8jZxu2c1vG8A/viewform.

En caso de que requiera información adicional sobre estas materias, puede contactar a Jorge Tisné (jtisne@jdf.cl).

Senadores presentan proyecto de ley que garantiza el derecho a retracto a los consumidores de comercio electrónico

El proyecto de ley (boletín 13.931-03) fue ingresado con fecha 02 de diciembre de 2020, patrocinada por los senadores Guido Girardi, Álvaro Elizalde y la senadora Ximena Rincón, y se encuentra bajo análisis de la Comisión de Economía del Senado (primer trámite constitucional).

En lo medular, tiene por objeto modificar la Ley N° 19.496 sobre la Protección de los Derechos de los Consumidores y la Ley N°20.009 que establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude, con la finalidad de garantizar un ejercicio efectivo al derecho a retracto de consumidores de comercio electrónico.

El proyecto sostiene que a propósito del aumento del uso de internet, cada vez es más frecuente que consumidores contraten servicios en línea, en especial aquellos que suponen el pago mensual, trimestral, semestral o anual del producto o servicio. Para dichos efectos, los consumidores asocian el pago del servicio a un determinado medio de pago, cuenta a la cual se cargará la suscripción en los correspondientes períodos de pago.

El problema que presenta lo anterior, es que con frecuencia los proveedores de dichos servicios se encuentran domiciliados o son residentes en el extranjero, lo que complejiza o hace imposible el ejercicio de los derechos que la legislación nacional reconoce a los consumidores, imposibilitándolos de reclamar ante el órgano de fiscalización administrativo nacional (SERNAC), los órganos jurisdiccionales nacionales e incluso, ante el propio proveedor cuando éste no dispone de mecanismos de contacto para tales efectos.

Resulta particularmente problemático al contratar servicios por períodos de prueba, que queda condicionado a la previa entrega de datos de tarjetas de crédito o débito y que luego de dicho periodo se usan para efectuar cargos constantes, sin posibilidades del consumidor de cancelar la suscripción o, al menos, con procedimientos engorrosos que dificultan dicha cancelación (conocido como “subscription trap”).

Para dar solución al problema planteado, el proyecto propone incorporar el siguiente inciso tercero al artículo 17 I de la ley N°19.496 del tenor que sigue:

“Será aplicable lo dispuesto en los incisos anteriores a las aplicaciones, suscripciones y otros productos o servicios digitales análogos, contratadas a través de sistemas operativos móviles o por cualquier otro medio digital, y cuyos pagos se efectúan con cargo a medios de pago en los términos de la ley N°20.009”.

Asimismo, propone agregar el siguiente inciso final al artículo 3 de la ley N°20.009 del tenor que sigue:

“Asimismo, el emisor será responsable cuando no diere cumplimiento a la orden de cese de pago solicitada por el respectivo titular en ejercicio de su derecho de retracto”.

De esta manera establece el derecho a poner término anticipado a las suscripciones contratadas a través de los sistemas operativos móviles o libremente a través de internet (apps, suscripciones electrónicas, etc.) y cuyos pagos se efectúan con cargo a productos o servicios financieros. Por otro lado, busca establecer la responsabilidad de los emisores de medios de pagos para que el consumidor pueda poner un término efectivo a la contratación en cuestión, pudiendo dirigirse al emisor del medio de pago a fin de que deje de cursar el pago, siendo responsable frente al incumplimiento de la orden del usuario o consumidor.

En caso de que requiera información adicional sobre estas materias, puede contactar a Jorge Tisné (jtisne@jdf.cl).

Ministerio de Ciencias somete a consulta pública la primera Política Nacional de Inteligencia Artificial

Con fecha 15 de diciembre de 2020, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, abrió la consulta pública respecto al borrador de la Política de Inteligencia Artificial.

La consulta tiene por objeto recibir comentarios tanto de investigadores y desarrolladores de inteligencia artificial, como de la ciudadanía que está expuesta en su día a día a esta tecnología. Luego de este paso, se publicará la primera Política de Inteligencia Artificial chilena, que delineará una hoja de ruta para el desarrollo y adopción responsable de esta tecnología en el país.

Destaca del borrador, la descripción de la inteligencia artificial y su implicancia para Chile, el proceso de creación de la política, los principios rectores de la misma y los ejes sobre los cuales se construye. Respecto de este último punto, los ejes propuestos son los factores habilitantes (infraestructura tecnológica, desarrollo de talento y datos), desarrollo y adopción, así como ética, aspectos legales, regulatorios e impactos socioeconómicos.

Se podrá participar de la consulta hasta el día 6 de enero de 2021 a las 23:59 horas.

El borrador se puede revisar en https://drive.google.com/file/d/1oJBEV4Y7mIAEtjTu2nqamnHdQNgEq-si/view

Se puede participar de la consulta llenando el formulario disponible en bit.ly/FormularioIArtificial

En caso de requerir información adicional sobre esta materia, puede contactar a: Jorge Tisné (jtisne@jdf.cl).

Corte de Apelaciones de Santiago resuelve que multa fue correctamente impuesta por Superintendencia de Educación a la sostenedora de un colegio particular por no investigar un caso de ciberbulling.

Con fecha 24 de noviembre de 2020, la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N° 41-2020) desestima un recurso de reclamación y confirmó la multa de 51 UTM impuesta por la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana a la sostenedora de un colegio particular por no investigar caso de ciberbullying.

La multa fue impuesta por la no aplicación correcta del reglamento interno del colegio a propósito de mensajes ofensivos recibido por una alumna a través de la red social Instagram, y que una vez denunciados por la apoderada, los hechos no fueron investigados, los alumnos señalados como autores no fueron investigados y no se citó a la apoderada para informarle sobre la resolución del caso.

La Corte destaca que “ante cualquier amenaza contra un miembro de la comunidad escolar, el sostenedor tiene la obligación de emplear todos los medios legales para investigar los hechos denunciados y, de allí que los establecimientos deben contar con un reglamento y protocolo que aborden situaciones que afecten la convivencia escolar, garantizando de tal forma la existencia de un justo y debido proceso, resguardando la integridad física y psíquica de los alumnos involucrados, conforme lo establece el Art. 10 letra a) del DFL N 2 del Ministerio de Educación” (considerando 9°).

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Corte de Apelaciones de Santiago rechaza recurso de queja en contra de sentencia arbitral que acogió una demanda de revocación tardía respecto de un nombre de dominio en internet

Con fecha 10 de noviembre de 2020, la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N° 4.129-2020) rechazó el recurso de queja interpuesto contra de la sentencia arbitral que acogió demanda de revocación tardía de dominio de internet Patagonia.cl.

Que el recurso buscaba que se dejará sin efecto la resolución de la jueza árbitro, dado que se habrían cometido faltas o abusos graves en la dictación de la sentencia, toda vez que el nombre de dominio Patagonia.cl constaba con registro desde el año 2005.

Para rechazar el recurso, la Corte recuerda de que el árbitro arbitrador o amigable componedor es “aquel juzgador que dirime el conflicto con templanza, cautela y moderación, o bien con sensatez o buen juicio, según la justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva” (considerando 4°).

Agrega que “la sentencia razona en el sentido que se cumple con lo establecido en la letra a) del artículo 20 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL para que una inscripción sea considerada abusiva, es decir, que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos. Y ello porque el dominio disputado se encuentra registrado como marca por el revocante desde la década de los ochenta, vale decir, de forma previa a la inscripción originaria del dominio por parte del demandado, la que data del año 2005” (considerando 5°).

Finalmente, respecto al rol de la juez árbitro, la Corte sostiene que “de la atenta lectura de la sentencia, ha de concluirse que la Sra. Juez, en el establecimiento de los hechos, apreció y valoró la prueba en su totalidad, sin parcialidad, tampoco se cometieron errores u omisiones graves, que configuren una violación de deberes susceptibles de ser enmendadas por esta vía de naturaleza disciplinaria y excepcional. De esta forma, la convicción del juzgador, puede ser equivocada o no según quien sea que opine, pero es razonada y razonable a la luz de lo obrado en el proceso, condición que por cierto descarta, a juicio de esta Corte, toda idea de abusividad, precipitación, ignorancia, arbitrariedad o error inexcusable” (considerando 7°).

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Corte de Apelaciones de Santiago confirmó multa impuesta por Consejo Nacional de Televisión (CNTV) a canal de televisión por difundir contenido inadecuado en horario de menores

Con fecha 3 de noviembre de 2020, la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N° 673-2020) confirmó la multa por 150 UTM que fue aplicada por el Consejo Nacional de Televisión a la señal pública TVN, por la exhibición en horario de protección de niños y niñas menores de edad, de contenidos inapropiados de excesiva violencia o truculencia.

Que el apelante, si bien no impugnaba el hecho de que exhibió dentro del horario de protección, el capítulo de una telenovela con contenidos audiovisuales inadecuados para una audiencia en formación en contravención a los artículos 1° y 12° de Ley N° 18.838, aparentemente cuestionaba el monto de la multa.

En cuanto a la determinación de la multa, la Corte sostuvo que “la concesionaria fue sancionada previamente con multa ascendente a 100 UTM, por la emisión de la misma telenovela, y precisamente en virtud de la misma causal de afectación a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, por lo que no es la primera vez que se efectúa un cuestionamiento a escenas de la referida teleserie. De esta forma, la sanción impuesta se ajusta la gravedad y circunstancias del hecho que se le imputa, siendo proporcional y apegada a derecho, de acuerdo a lo previsto en el artículo 33 de la citada normativa (considerando 5° y 7°)”.

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Consejo para la Transparencia aprueba texto actualizado y refundido de sus recomendaciones sobre protección de datos personales dirigida a los órganos de la Administración del Estado

Con fecha 07 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial la resolución N° 304 mediante la cual el Consejo para la Transparencia aprueba el “Texto actualizado y refundido de las recomendaciones del Consejo para la Transparencia sobre protección de datos personales por parte de los órganos de la Administración del Estado y sustituye texto que indica” (las Recomendaciones).

Las Recomendaciones tienen por objeto orientar la aplicación concreta del nuevo derecho fundamental a la protección de datos personales, además de entregar criterios jurídicos a los órganos de la Administración del Estado en el tratamiento de datos personales que realicen dentro del ámbito de sus competencias, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones legales que éstos tienen como responsables de tratamiento, conforme a lo dispuesto en la ley N°19.628 y en las demás normas pertinentes.

A modo introductorio, las Recomendaciones desarrollan definiciones (datos personales, datos sensibles, registro o banco de datos, responsable del registro o banco de datos, tratamiento de datos, encargado de tratamiento, fuentes accesibles al público, dato caduco, dato estadístico y disociación de datos); describen los principios orientadores del tratamiento de datos (licitud, calidad, deber de información, seguridad, confidencialidad y especial protección de datos personales sensibles); y enuncian los derechos de los titulares de datos personales (acceso a sus propios datos, rectificación o modificación, cancelación o eliminación y bloqueo de datos).

Luego, las Recomendaciones entregan orientación respecto de diversas materias que involucran a los órganos de la Administración del Estado respecto de los datos personales de sus titulares. En este sentido, se abordan de manera individual:

i) Procedimiento y formulario para el ejercicio de los derechos, así como las limitaciones a su ejercicio;
ii) Obligaciones específicas al tratar los datos;
iii) Reglas especiales para el tratamiento de datos personales sensibles;
iv) Tratamiento de datos personales relativos a delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias;
v) Obligación de inscripción de las bases de datos en el Registro de Bancos de Datos Personales a cargo de Organismos Públicos;
vi) Comunicación o transmisión de datos personales;
vii) Tratamiento de datos a través de un encargado;
viii) Medidas de seguridad de los bancos o registros de datos;
ix) Obligaciones en caso de tratamiento de datos para encuestas, estudios de mercado y sondeos de opinión;
x) Responsabilidad por las infracciones y derecho a indemnización;
xi) Delegado de protección de datos; y
xii) Recomendaciones sobre protección de datos personales por diseño.

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Jurisprudencia de interés

El Juzgado de Letras del Trabajo Concepción, con fecha 05 de octubre de 2020 (RIT m-724-2020), dictó una sentencia inédita en Chile respecto de la existencia de relación laboral entre una plataforma de delivery y una persona que la utilizó para trabajar en calidad de repartidor o raider.

En lo medular, la jueza resolvió que “el demandante prestó servicios para la demandada como repartidor y, con las precisiones ya señaladas, se ha logrado establecer la subordinación y dependencia […], estos es que los turnos en que el actor podía prestar sus servicios como repartidor fueron fijados por la demandada; que el servicio de repartidor era ofrecido por la demandada siendo el actor solo un ejecutor del servicio ofrecido por esta y sin tener responsabilidad en esta gestión, ni incidir en el cobro de este servicio. En consecuencia, y tal como ya se señaló en considerandos previos, la demandada ejercía una supervisión que no consistía netamente en ser intermediario frente a los consumidores, si no que la demandada era quien otorgaba las pautas y los pasos de actuación del actor, calificando estos con posterioridad, la demandada determinaba el lugar donde prestarían sus servicios, el horario en que lo realizarían asignándole al actor el turno en que lo desarrollaría, la remuneración asociada a esta prestación” (considerando Undécimo).

Asimismo, declaró que “el demandante prestó servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia de la demandada, al estar sujeto a órdenes e instrucciones, ser supervigilado en sus labores, percibiendo las sumas de rigor por sus servicios, finalmente, con una frecuencia semanal previa liquidación efectuada por la recaudadora. El actor finalmente debía someterse a la modalidad de trabajo impuesta por la empresa demandada en forma continua y permanente, como son los insumos que utiliza, la forma de desempeñar sus funciones, las zonas y turnos asignados por la demandada” (considerando décimo Tercero).

Con fecha 27 de octubre de 2020, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N° 16.010-2020), conoció un Recurso de Protección interpuesto en contra de los motores de búsqueda Google, Bing, Yahoo y la web enciclopédica Wikipedia, en el cual el recurrente sostenía que la información publicada constituía un actuar arbitrario e ilegal pues vulneraba sus derechos a la integridad psíquica y vida privada. Fundó su pretensión en la protección del “derecho al olvido”, vinculándolo con el derecho de cancelación de los datos personales conforme a la ley N° 19.628 de 1999 sobre Protección de la Vida Privada.

La Corte describió el “derecho al olvido” como la aspiración de una persona a la eliminación de una información que le provoca perjuicios y que se encuentra contenida en sistemas informáticos conectados a la red mundial de información y descartó la vulneración de garantías fundamentales debido a que la información indexada era verídica y actual.

Revisa nuestra alerta legal en https://www.jdf.cl/ley-al-dia/corte-de-apelaciones-de-santiago-se-pronuncia-sobre-el-derecho-al-olvido/.

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Instructivo de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputadas y Diputados que establece criterios para declaraciones en medios de comunicación y redes sociales de forma respetuosa con los deberes éticos parlamentarios

Con fecha 28 de octubre de 2020, la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputadas y Diputados estableció un instructivo que establece criterios para declaraciones en medios de comunicación y redes sociales a propósito de los numerosos casos que ha debido conocer relacionados con la materia.

En este sentido, la Comisión llamó a hacer un uso responsable de los medios de comunicación y las redes sociales, incluyendo las cuentas individuales de cada diputado/a, como las cuentas oficiales de sus equipos parlamentarios y/o de las respectivas bancadas, propiciando un sano ejercicio de la libertad de expresión y un correcto y responsable ejercicio de la investidura de parlamentario.

En lo medular el instructivo previene que las declaraciones a través de estos medios deben: a) Respetar los límites que se reconocen al derecho de libertad de expresión bajo los estándares de derechos humanos, incluyendo el respeto de los derechos de los demás; la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública; y la prohibición de mensajes que sirvan como propaganda en favor de la guerra y mensajes de apología o incitación al odio nacional, racial, religioso u otro. b) Evitar aquellas declaraciones o comentarios que no contribuyen al diálogo o al sano debate de ideas sobre determinadas materias, como es el caso tratándose de mensajes que se limitan al uso de burlas, sarcasmos o ironías; c) Tener especial cuidado con mensajes que puedan resultar confusos o que den pie a malos entendidos en la ciudadanía o la opinión pública, más aún cuando se utilicen redes sociales que limitan la extensión de estos mensajes; y d) Chequear previamente las fuentes fidedignas de las noticias que se difundan, con el objeto de evitar la propagación de noticias falsas o fake news.

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Mes de la ciberseguridad

La ley N°21.113 de 1998 declaró el mes de octubre como el Mes Nacional de la Ciberseguridad. Conforme al proyecto de ley (Boletín N°11.729-02) su establecimiento se debió a que las principales potencias del mundo han desarrollado la conciencia de sus ciudadanos, de las instituciones públicas y del sector privado respecto a la ciberseguridad mediante la promoción de actividades, durante un mes. Específicamente en los casos de Estados Unidos y la Unión Europea, dicha promoción se realiza durante el mes de octubre.

El objetivo del proyecto fue tener un periodo de tiempo adecuado para poder entrenar a los diferentes actores nacionales, tanto públicos como privados, involucrados en la ejecución de ejercicios nacionales de ciberseguridad. Asimismo, se buscó mantener la periodicidad en el tiempo para poder enfrentar de forma coordinada y actualizada las múltiples y variadas amenazas existentes en el ciberespacio, que requieren de a lo menos una práctica anual para comprobar la efectividad de las capacidades y conocimientos logrados en el país. Finalmente tuvo por objeto cumplir con los objetivos la Política Nacional de Ciberseguridad, que contempla un conjunto de medidas de política pública, entre ellas instaurar el mes de la ciberseguridad, promoviendo y consolidando actividades de sensibilización en todos los niveles.

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Corte Suprema deja sin efecto exigencia de restitución de fondos otorgados a becario de Programa de Doctorado Nacional

En una interesante resolución, con fecha 03 de noviembre de 2020, la Corte Suprema (Rol N° 92.008-2020), confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia y acogió el Recurso de Protección interpuesto por un becario del Programa de Doctorado Nacional en contra la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (“ANID”).

Los hechos que motivaron la acción fueron que en el año 2008, CONICYT, actualmente ANID, otorgó al recurrente una beca para cursar el programa de Doctorado en Antropología en la Universidad Católica del Norte. Sin embargo, a juicio de ANID, el recurrente obtuvo el grado de Doctor con posterioridad a la fecha establecida por las bases y la normativa aplicable (2018), por lo que al encontrarse en mora, resolvió solicitar la restitución de los fondos otorgados para tal efecto.

La Corte Suprema, en atención a la finalidad de la beca otorgada y conforme al artículo 2 de la ley N° 20.905 (modificado por la ley N° 21.006), declaró que el recurrente había obtenido el grado de Doctor con menos de un mes de retraso respecto a lo prescrito por la normativa aplicable.

En este sentido, la Corte sostuvo que “sin duda alguna, el recurrente dio cabal cumplimiento a la obligación que el órgano recurrido le impuso al decidir financiar sus estudios en la Universidad Católica del Norte, pues, como surge de lo referido en las Bases respectivas, el concurso en comento tenía por objetivo costear los ‘estudios conducentes a la obtención del grado académico de Doctor en Universidades chilenas’, que es, precisamente, lo que el recurrente hizo” (Considerando Séptimo).

En consecuencia, la exigencia de restitución de la totalidad de los dineros resultó arbitraria, y por lo tanto, vulneró las garantías fundamentales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad del recurrente.

La sentencia se acordó con dos votos disidentes, quienes estuvieron por revocar la sentencia en alzada y desestimar el Recurso de Protección intentado. Lo anterior en base a que los hechos objeto de la acción no eran indubitados y porque resultó ajustado a derecho el acto impugnado (restitución de las sumas pagadas) pues el grado fue obtenido con posterioridad a la fecha prevista por la normativa aplicable.

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Corte de Apelaciones de Santiago se pronuncia sobre el “Derecho al Olvido”

Con fecha 27 de octubre de 2020, la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N° 16.010-2020), rechazó el Recurso de Protección interpuesto en contra de los motores de búsqueda Google, Bing, Yahoo y la web enciclopédica Wikipedia (los recurridos).

Los hechos que motivaron el recurso fueron que el recurrente había sido denunciado en un reportaje periodístico como presunto autor de conductas ilícitas de índole sexual, en virtud del cual el Ministerio Público inició una investigación, concluyendo con el sobreseimiento definitivo del recurrente.

A propósito de lo anterior, el recurrente señaló que la información publicada por los recurridos, en relación con la investigación, constituían un actuar arbitrario e ilegal pues vulneraba sus derechos a la integridad psíquica y vida privada. Fundó su pretensión en la protección del “derecho al olvido”, vinculándolo con el derecho de cancelación de los datos personales conforme a la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada.

La Corte de Apelaciones de Santiago describió el “derecho al olvido” como la aspiración de una persona a la eliminación de una información que le provoca perjuicios y que se encuentra contenida en sistemas informáticos conectados a la red mundial de información.

Asimismo, la Corte indicó que tal derecho no se encuentra establecido en la legislación chilena y que los motores de búsqueda no son responsables de los datos que crean los usuarios, sino que su función se limita a indexar la información, la que es creada por terceros al amparo de la libertad de emitir opinión y de información.

Finalmente, descartó la vulneración de garantías fundamentales debido a que la información indexada era verídica y actual (no desactualizada).

Cabe mencionar que la causa no se encuentra firme y ejecutoriada, pudiendo el recurrente deducir un recurso de apelación ante la Corte Suprema.

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Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación aprueba “Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación”

Con fecha 27 de octubre de 2020, se publicó en el diario oficial el Decreto N° 4 del ministerio de la materia respecto a la “Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación” (en adelante la “Política”).

La Política asume a la Ciencia, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación como agentes transformadores clave para alcanzar un desarrollo sostenible e integral, que contribuya a trazar un camino propio para mejorar la calidad de vida de las personas y desarrollar los territorios.

La política se define sobre la base de los siguientes principios orientadores: (i) Excelencia y capacidad de adaptación; (ii) Asociatividad; (iii) Apertura y transparencia para promover un ecosistema de información accesible y global; (iv) Diversidad; (v) Compromiso ético.

A su vez, la Política define cuatro ejes de acción cuyos objetivos son la vinculación con la sociedad, la acción de futuro, el fortalecimiento del ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, y finalmente, las capacidades institucionales.

El Decreto completo se puede consultar enhttps://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/10/27/42790/01/1835789.pdf

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Ministerio de Economía somete a consulta ciudadana “Reglamento de Comercio Electrónico”

La ley N° 19.496, que establece Normas sobre Protección de los Derecho de los Consumidores, dispone en su artículo 30 que cuando productos o servicios sean ofrecidos en sitios de internet (comercio electrónico), los proveedores deberán ofrecer sus características y prestaciones esenciales, y deberán cumplir con las condiciones que determine un Reglamento, el cual hasta el día de hoy continua pendiente.

Con el objeto de asegurar la toma de decisiones debidamente informada de los consumidores, robusteciendo el derecho de libre elección de éstos, el Ministerio de Economía ha puesto a disposición de la ciudadanía el proyecto de “Reglamento de Comercio Electrónico”. De esta forma se busca recibir comentarios y opiniones para mejorar el texto preliminar del proyecto.

El proyecto establece deberes mínimos de información por parte de los distintos actores del comercio electrónico, ya sean vendedores o intermediarios (marketplace), para efectos de garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores.

La consulta comenzó con fecha 5 de octubre 2020 y finalizará el próximo 27 de octubre.

La minuta de consulta y la propuesta de Reglamento se encuentran disponibles enhttps://www.economia.gob.cl/2020/10/05/consulta-ciudadana-reglamento-de-comercio-electronico.htm

En caso de que requiera información adicional sobre esta materia, puede contactar a: Jorge Tisné (jtisne@jdf.cl)