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LEY 21.249 QUE DISPONE, DE MANERA EXCEPCIONAL, LAS MEDIDAS QUE INDICA EN FAVOR DE USUARIOS FINALES DE SERVICIOS SANITARIOS, ELECTRICIDAD Y GAS DE RED

Con fecha 8 de agosto de 2020, se publica la ley 21.249. La presente ley dispone, en favor de los usuarios finales de Servicios Sanitarios, Electricidad y Gas de Red, la prohibición de corte de suministro de servicios por mora en el pago. Este beneficio alcanzará a las personas, usuarios y establecimientos, que se señalan a continuación:

  1. Usuarios residenciales o domiciliarios.
  2. Hospitales y centros de salud.
  3. Cárceles y recintos penitenciarios.
  4. Hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual.
  5. Hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores.
  6. Bomberos.
  7. Organizaciones sin fines de lucro.
  8. Microempresas, de acuerdo a lo establecido en la ley N°20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño.

El plazo de prohibición es de 90 días, a contar de la fecha de publicación de esta ley.

Se excluye de la aplicación de la presente ley a las empresas sanitarias con menos de 12.000 clientes que constituyan una sola unidad económica, y no sean filial de otra empresa sanitaria, y a las cooperativas y comités de agua potable rural, sin perjuicio de los convenios, descuentos o facilidades de pago que otorguen a sus clientes.

Las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red, que se generen entre el 18 de marzo de 2020 y hasta los noventa días posteriores a la publicación de esta ley, se prorratearán en el número de cuotas mensuales guales y sucesivas que determine el usuario final a su elección. Estas no podrán exceder de 12 cuotas, a partir de la facturación siguiente del término del último plazo señalado, y no podrán incorporar multas, intereses ni gastos asociados.

A elección del usuario, las cuotas señaladas podrán incluir deudas generadas anteriores a las contraídas en el periodo señalado en el párrafo anterior. Este beneficio tiene tope de 10 UF para empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad, y de 5 UF para empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red.

A los beneficios señalados en los dos párrafos anteriores, solo podrán acogerse los clientes finales que cumplan con alguno de los siguientes requisitos, salvo que sean aquellos sujetos señalados en el artículo 1 de esta ley:

– Se encuentren en el 60% más vulnerable del país, conforme el Registro Social de Hogares.

– Tengan la calidad de Adulto Mayor conforme la ley 19.728

– Esté acogido a alguna de las causales de la ley 21.227 que faculta al acceso a prestaciones de seguro de desempleo de la ley 19.728.

– Sea trabajador independiente o informal no comprendido en las anteriores categorías, y que exprese, mediante declaración jurada simple, que está siendo afectado por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a beneficios. Esto bajo apercibimiento del artículo 210 del Código Penal.

Asimismo, aquellos usuarios finales no comprendidos en el párrafo anterior, imposibilitados de dar cumplimiento al pago de sus obligaciones con la respectiva empresa, podrán solicitar acogerse a postergación y prorrateo de los pagos, otorgando una declaración jurada simple de su imposibilidad, bajo apercibimiento del artículo 210 del Código Penal.

Dentro de los 5 días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas y cooperativas de servicios señaladas en esta ley deberán establecer plataformas de atención al cliente, por internet y telefonía, que permitan formular solicitudes para acceder a los beneficios de esta ley. En ella se deberán resolver las solicitudes de los interesados, dentro de los 5 días siguientes a su formulación, debiendo comunicarse su respuesta vía correo dentro del plazo, justificando aquellas respuestas negativas. Asimismo, las empresas deberán informar de sus resoluciones a la entidad fiscalizadora respectiva, debiendo publicar además quincenalmente el número y porcentaje de solicitudes junto con sus resultados.

La negativa de la empresa a dar aquellos beneficios solicitados podrá ser reclamada ante el organismo fiscalizador respectivo, sujetándose a las reglas y sanciones de la normativa sectorial respectiva.

Respecto de los usuarios que reúnan cualquiera de las condiciones indicadas en el inciso primero del artículo 3, no procederá rechazo alguno, y el beneficio será aplicado, de pleno derecho, por parte de las empresas proveedoras y cooperativas.

Si los beneficiarios de esta ley hubiesen sido objeto de cortes o suspensiones de suministro o servicio, por mora en el pago de cualquiera de los servicios señalados en el artículo 1, la respectiva empresa proveedora o cooperativa deberá proceder a la reposición inmediata del servicio, sin costo alguno para el usuario, una vez publicada la presente ley.