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Covid-19

Ley de Protección al Empleo

Con fecha 01 de abril de 2020, se promulgó la Ley de Protección al Empleo, que dice relación con los efectos laborales derivados de la propagación de COVID-19. Esencialmente, establece una serie de condiciones y requisitos para que, frente a un acto de autoridad que implique la paralización de actividades, e impida o prohíba totalmente la ejecución de labores o de determinados servicios, los trabajadores afiliados al Seguro de Desempleo de la Ley N°19.728 puedan recibir las prestaciones que establecen los artículos 15 y 25 de dicha Ley. 

Lo anterior implica que, en consideración de que el acto de autoridad supone la suspensión temporal de la relación laboral por el período que se determine, las remuneraciones de los trabajadores se girarán con cargo a los recursos de la cuenta individual por cesantía, y, cuando sean insuficientes, se financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. 

Adicionalmente, esta ley dispone la posibilidad de que empleadores y trabajadores pacten la reducción temporal de hasta el 50% de la jornada de trabajo, en la medida que los primeros se encuentren en alguno de los escenarios que se detallan. En caso de suscribir estos pactos, el trabajador tendrá derecho a una remuneración de cargo del empleador, equivalente a la jornada reducida y a un complemento de cargo a su cuenta individual por cesantía y, una vez agotado el saldo, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. 

En esta misma línea, se establece la imposibilidad de poner término a los contratos de trabajo por la causal del numeral 6° del artículo 159 del Código del Trabajo (caso fortuito o fuerza mayor) invocando como motivo los efectos del brote de COVID-19. 

Por último, se contemplan sanciones penales al que, por medio de simulación o engaños, obtenga los beneficios de la ley. Los empleadores responderán penalmente por la comisión de este delito, en su interés o provecho, por incumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión. 

La ley entrará en vigencia una vez publicada, sin perjuicio del efecto retroactivo de sus disposiciones respecto de los casos de paralización o prohibición que se han verificado desde la declaración de Estado de Catástrofe, por calamidad pública.