Publicaciones

Covid-19

LEY ESTABLECE RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN PARA PROCESOS JUDICIALES

Con fecha 02 de abril de 2020, se publicó la Ley N°21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto del brote de COVID-19 en Chile. Las principales disposiciones de la ley son las siguientes: 

  1. Suspensión de audiencias. Durante la vigencia del estado de excepción constitucional, la Corte Suprema deberá ordenar que se suspendan las audiencias cuando sea un hecho público y notorio que, a consecuencia de las restricciones impuestas por la autoridad, las audiencias no podrán realizarse. La Corte Suprema deberá cumplir fundadamente esta obligación, y deberá señalar, en forma expresa y circunstanciada, las condiciones y los términos en que operará específicamente cada suspensión que decrete. 

    En estos términos, podrá decretar la suspensión de las audiencias que corresponda realizar ante los Juzgados de Letras, los Juzgados con Competencia en Materias de Familia, los Juzgados de Letras del Trabajo, Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, Tribunales unipersonales de excepción, Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. También podrá decretar la suspensión de las audiencias y vistas de causas que corresponda realizar ante los tribunales superiores de justicia.Los tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial y los tribunales arbitrales, podrán suspender cualquier audiencia que corresponda realizar en el marco de los procedimientos de que conocen, con excepción de aquellas que requieran la intervención urgente del tribunal.

    Con todo, respecto de las materias que se indican en la ley, no se podrán suspender las audiencias y vistas de la causa.

  1. Suspensión de término probatorio. Los términos probatorios que, a la entrada en vigencia de esta ley, hubiesen empezado a correr o que se inicien durante la vigencia del estado de excepción, en todo procedimiento judicial en trámite ante los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales del país, se suspenderán hasta el vencimiento de los 10 días hábiles posteriores al cese de dicho estado, o de su prórroga, de ser el caso. 

    En materia penal, solo se suspenderán los plazos establecidos en los artículos 248, 281, 392, 393 y 402 del Código Procesal Penal, y en los artículos 424 al 549, ambos inclusive, del Código de Procedimiento Penal.

  1. Prescripción. Durante la vigencia del estado de excepción constitucional y su prorrogado, si es el caso, se entenderá interrumpida la prescripción de las acciones por la sola presentación de la demanda, bajo condición de que esta no sea declarada inadmisible y que sea válidamente notificada dentro de los 50 días hábiles siguientes a la fecha del cese del referido estado de excepción, y el tiempo en que este sea prorrogado; o dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que la demanda fuere proveída, lo que suceda último. 

    Esto no será aplicable tratándose del ejercicio de acciones penales, ni tampoco respecto del ejercicio de las acciones laborales y de competencia de los juzgados de policía local, en cuyo caso se entenderán prorrogados los plazos de prescripción y de caducidad respectivos, hasta 50 días hábiles, contados desde la fecha de cese del estado de excepción.