Este lunes 30 de diciembre se publicó en el Diario Oficial el llamado a consulta pública para la fijación de las Áreas Típicas para el cálculo de las componentes del Valor Agregado de Distribución (“VAD”), cuadrienio noviembre 2020-noviembre 2024, establecidas en el informe contenido en la resolución exenta Nº805, de 23 de diciembre de 2019, de la Comisión Nacional de Energía (“CNE”).

Cabe indicar que en este proceso serán de aplicación las nuevas disposiciones contenidas en la Ley N°21.194/2019, que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica (“Ley Corta”).

El plazo de la referida consulta pública se extenderá por 15 días hábiles, contados desde esta fecha, período durante el cual el referido informe y el formato para efectuar observaciones se encontrarán disponibles en el sitio de dominio electrónico de la CNE, en el siguiente enlace:

https://www.cne.cl/tarificacion/electrica/valor-agregado-de-distribucion/

El 26 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Resolución exenta N° 786, de 2019, de la Comisión Nacional de Energía, que Aprueba norma técnica de servicios complementarios; aprueba modificaciones a la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, y anexos técnicos que indica, aprobada mediante resolución Nº 299 exenta, de 2018, y aprueba texto refundido y sistematizado de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, y sus anexos técnicos.

Dicha norma se ha dictado considerando la entrada en vigencia del nuevo régimen de Servicios Complementarios que ocurrirá con fecha 1 de enero de 2020.

El pasado sábado 21 de diciembre se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.194, que Rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, denominada “Ley Corta”, que introduce importantes mejoras en términos de participación en el proceso de tarificación de la distribución eléctrica, introduce precisiones para la determinación de las denominadas “áreas típicas” incrementando su representatividad, reduce la rentabilidad de las empresas distribuidoras introduciendo instrumentos que permiten reflejar el riesgo del negocio, dar señales de largo plazo de inversión eficiente, retribuir adecuadamente la infraestructura y evitar sobre rentas, y somete a dichas empresas, sean sociedades anónimas abiertas o cerradas, a las reglas de la Ley de Sociedades Anónimas en materia de operaciones entre partes relacionadas, entre otras materias.

Con fecha 17 de diciembre de 2019, el Tribunal Constitucional (“TC”), en causa Rol N° 7896-19, acordó acoger parcialmente el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por 41 Diputados y Diputadas de la República, en relación con las modificaciones introducidas por el Senado al capítulo 06, programa 01, subtítulo 33, ítem 02, asignación 005, de la partida 13 ”Ministerio de Agricultura”, la cual incorpora una nueva glosa a la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2020, contemplando que la Comisión Nacional de Riego puede permitir la postulación a concursos de la ley N°18.450 de embalses de volumen superior a 50.000 metros cúbicos e inferiores a 300.000 metros cúbicos, sin importar la altura de su muro, sin que estos deban ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental.

Específicamente el TC declaró que, de la glosa descrita, es inconstitucional la:

– Expresión: “sin que éstos deban ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental establecido en la ley N° 19.300, que aprueba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y sus reglamentos”; y

– Frase: “Los proyectos que no postulen a los concursos de CNR, pero que sean de la misma naturaleza que los antes mencionados, tendrán las mismas exenciones”.

Hoy, 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial el DS N°125, de 19 de diciembre de 2017, del Ministerio de Energía, por el que se aprueba el Reglamento de la Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional.

El referido reglamento  tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables a la coordinación y operación del Sistema Eléctrico Nacional (“SEN”), así como las demás materias necesarias para el adecuado ejercicio de las funciones del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional (“CEN”), y los derechos y deberes de los entes sujetos a dicha coordinación. Adicionalmente, contiene las disposiciones aplicables a la programación de la operación que deba efectuar el CEN de los Sistemas Medianos en que exista más de una empresa generadora en conformidad a la LGSE.

Asimismo, es importante destacar que el Reglamento introduce modificaciones al DS N°244/2005, sobre PMGD’s, en cuanto a los requisitos para su declaración en construcción, retiro, modificación y desconexión, si bien cabe recordar que actualmente se encuentra en trámite de toma de razón un nuevo reglamento de PMGD’s que derogará el citado DS N°244.

Hoy, 19 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Resolución exenta N° 769, de 2019, de la Comisión Nacional de Energía (“CNE”), que aprobó el Informe Consolidado de Respuestas correspondiente al procedimiento normativo de elaboración de la Norma Técnica de Servicios Complementarios (“NTSSCC”), que corresponde al Plan Normativo Anual para la elaboración y desarrollo de la normativa técnica correspondiente al año 2018 (de acuerdo al artículo 72°-7 de la Ley General de Servicios Eléctricos). Este informe, corresponde a la etapa final de elaboración de las Normas Técnicas (según D.S. N° 11/2017 del Ministerio de Energía), antes de la dictación del texto definitivo, proceso que se inició mediante Resolución Exenta CNE N°782 (4.12.2018); designando posteriormente el Comité Consultivo Especial por Resolución Exenta CNE N°19 (16.01.2019); e iniciando la Consulta Pública mediante avisos en el Diario Oficial (17.08.2019 y 5.09.2019), la que culminó con fecha 17.09.2019.

Con fecha 17 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial el Plan de Prevención y de Descontaminación atmosférica para las comunas de Concepción Metropolitano (“PPDA”), comprendiendo las comunas de Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Hualqui, Chiguayante, Concepción, Hualpén, Talcahuano, Penco y Tomé.

Los antecedentes de dicho plan lo conforman los DS N°41/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (“SEGPRES”), que declara zona latente por material particulado MP10 en dichas comunas; y el DS N°15/2015 del Ministerio del Medio Ambiente (“MMA”) que declara zona saturada por material particulado MP2,5 en las mismas comunas.

Por lo tanto, la dictación y posterior publicación del Decreto N°6/2018 del MMA, el que contiene el mencionado PPDA, corresponde a una respuesta a una obligación que el propio legislador le impuso a la autoridad, específicamente en sus artículos 43 y siguientes de la Ley N°19.300.

La fiscalización de su cumplimiento estará en manos de la Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”) en coordinación con organismos sectoriales con atribuciones en su implementación. Por lo que su incumplimiento puede generar las respectivas responsabilidades: infraccional (art. 35, letra c) de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente), ambiental (artículo 52 de la Ley N°19.300) y civil.

El pasado sábado 14 de diciembre se publicó en el Diario Oficial la Resolución exenta N° 763, de 2019, de la Comisión Nacional de Energía (“CNE”), que aprobó el texto refundido y sistematizado de la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución (“NTD”), que fue objeto de modificaciones con ocasión de los trabajos efectuados por la CNE como parte de su Plan Anual Normativo 2019. Dicho proceso contó con la participación del Comité Consultivo conformado al efecto, así como con una instancia de consulta pública, respecto de la cual la CNE emitió un informe consolidado de respuestas a las consultas formuladas.

El texto refundido de la NTD puede encontrarse en el siguiente link

Con fecha 12 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº21.193 que modifica la Ley Nº21.131 que establece el pago a 30 días.

La Ley introduce cambios en la entrada en vigencia efectiva de la norma que establece la obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura en el plazo de 30 días.

En virtud de la modificación de esta ley, se reduce el plazo de vigencia de la forma que se indica a continuación:

(i)            Se establece que el plazo máximo de pago será de 60 días corridos, contado desde la recepción de la factura, por el tiempo que medieentre la publicación de esta ley, hasta el último día del tercer mes siguiente a la publicación.

(ii)          Transcurridos los tres meses, comenzará a regir la obligación de pago en un plazo de 30 días.

Con fecha 02 de diciembre de 2019 se publicó la Resolución Exenta DGA N°1.853, de 19 de noviembre de 2019, por medio de la cual, la Dirección General de Aguas (“DGA”) de la Región Metropolitana ordenó instalar y mantener sistemas de medición y de transmisión de extracciones efectivas a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, con puntos de captación dentro del sector hidrológico de aprovechamiento común Laguna de Aculeo.

Los antecedentes, dentro de otros, a esta orden, son la Resolución DGA N°12, de 22 de junio de 2018, que modifica la Resolución DGA N°277, de 24 de septiembre de 2008, declarando área de restricción los sectores hidrogeológicos de El Monte Nuevo y Laguna de Aculeo, y la Resolución DGA N°1.238, de 21 de junio de 2019, que determinó las condiciones técnicas y plazos a nivel nacional para cumplir con la obligación de instalar y mantener sistemas de medición y transmisión de extracciones efectivas en las obras de captación de aguas subterráneas.

El incumplimiento de lo ordenado por la Resolución N°1.853/2019 dará lugar a la instrucción del correspondiente procedimiento de sanción y a lasmultas respectivas según las normas del Código de Aguas.

Con fecha 29 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Resolución Exenta N°732, de 2019, de la Comisión Nacional de Energía (“CNE”), que aprobó el informe consolidado de respuestas a que se refiere el art.34º del D.S. Nº11, de 2017, de Energía, que aprueba reglamento para la dictación de normas técnicas que rijan los aspectos técnicos, de seguridad, coordinación, calidad, información y económicos del funcionamiento del sector eléctrico, correspondiente al procedimiento de modificación de la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución.

El texto íntegro del informe consolidado de respuestas puede consultarse en el sitio web institucional de la CNE (www.cne.cl).

Con fecha 26 de noviembre de 2019 se aprobó la Ley de Presupuestos para el año 2020 (“LP 2020”), contemplando en el presupuesto de la Comisión Nacional de Riego una glosa según la cual, considerando la situación excepcional de escasez hídrica, dicha Comisión puede permitir la postulación a concursos de la ley N°18.450 de embalses de volumen superior a 50.000 metros cúbicos e inferiores a 300.000 metros cúbicos, sin importar la altura de su muro, sin que estos deban ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental.

Si bien una glosa similar a la expuesta ya se contenía en la ley de presupuestos de 2019, en la LP 2020 la glosa respectiva añade que “(…) los proyectos que no postulen a los concursos de la Comisión Nacional de Riego, pero que sean de la misma naturaleza que los antes mencionados, tendrán las mismas exenciones…”. De esta forma, por medio de la referida glosa se extiende la exención de evaluación ambiental a todo tipo de proyectos de embalse de entre 50.000 y 300.000 mts. cúbicos, sea que participen o no en los concursos de la ley N°18.450.

Sin embargo, a diferencia de la ley de presupuestos de 2019, que también excluía la necesidad de contar con la aprobación del embalse por la DGA (ex art.294 Código de Aguas -“CdA”-), la glosa de la LP 2020 no contiene tal exención, por lo que los aludidos embalses sí requieren contar con la aprobación y autorización de la DGA, la que se emite sólo si se ha comprobado que la obra no afectará la seguridad de terceros ni producirá contaminación de las aguas (art.295 CdA).

Con fecha 15 de noviembre de 2019 la Corte Suprema dictó sentencia en el recurso de casación en el fondo interpuesto en la causa “Moraga con Ministerio de Obras Públicas-Dirección General de Aguas” (Rol N°26.650/2018). En su fallo la Corte dejó sin efecto la Resolución Exenta DGA N°712, de 23 de Noviembre de 2017, y decretando como de medida de operación transitoria la suspensión de la utilización de la tubería de aducción de la Central Hidroeléctrica.

Para ello, a partir de un análisis “…desde una perspectiva integradora del ordenamiento jurídico administrativo…”, la Corte estimó que pese a no existir atribución expresa de una facultad de suspender la operación de una central (o de alguno de sus elementos), de una revisión global de las normas aplicables al caso (esto es, arts.294, 295, 296 y 307 del Código de Aguas y DS 50/2015, reglamento de obras mayores -art.57-) así como a partir del principio de coordinación de los órganos de la Administración del Estado (art.3 LBGAE), es claro que la DGA posee atribuciones para ordenar la suspensión de la operación de una central hidroeléctrica que no cuenta con certificado de recepción de obras.

Con fecha 23 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Resolución Exenta N°1.574, de 12 de noviembre de 2019, de la Superintendencia de Medio Ambiente (“SMA”), por medio de la cual se aprobó el documento denominado “Instrucción General para la Conexión en Línea de los Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones – CEMS”.

La instrucción tiene por objeto que los titulares de Unidades Fiscalizables que cuentan con CEMS, procedan a conectarlos en línea con la SMA y a reportar en tiempo real los valores de los parámetros medidos por los mismos. Ello, con el fin de tener una correcta administración de la información; adelantar y hacer un mejor análisis de los reportes que se envíen posteriormente según lo ordena cada instrumento de carácter ambiental; generar una aplicación útil de tales antecedentes para la detección temprana de posibles desviaciones o irregularidades; la consecuente adopción oportuna de las medidas o acciones que se determinen adoptar; así como para la priorización de futuras fiscalizaciones y resolución de procedimientos de competencia de la SMA.

En abril de 2018, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un Estudio de Mercado sobre Medicamentos, con la finalidad de analizar toda la cadena de producción, distribución, dispensación y comercialización de la industria farmacéutica, incluyendo a los agentes relevantes que participan en la oferta y demanda de medicamentos. Como resultado de este Estudio, con fecha 20 de noviembre de 2019, la FNE publicó en su sitio web el Informe Preliminar, en virtud del cual, en términos amplios, recomienda una reforma estructural del área que genere un mayor nivel de competencia, con el objeto de disminuir los precios de medicamentos y facilitar con ello su acceso a la población.

En particular, a la luz de este Informe se identifican tres grandes áreas, respecto de las cuales la FNE realiza las siguientes recomendaciones para aumentar la competencia del mercado y, especialmente, de los precios:

En virtud de la ley N° 20.899 de 2016, sobre simplificación de la Reforma Tributaria, las personas jurídicas que puedan optar por un régimen tributario (Régimen de Renta Atribuida, Régimen de Imputación Parcial o bien al sistema de tributación simplificada), deben hacerlo antes del 31 de diciembre del 2016. Sin embargo, algunos contribuyentes organizados bajo una determinada entidad y/o con personas jurídicas en la propiedad, se les impone obligatoriamente el Régimen de Imputación Parcial.

En virtud de la ley N° 20.748 de 2014 que modificó la Constitución Política de Chile, se consagró el derecho a sufragio para los ciudadanos chilenos que se encuentren fuera del país.

Para regular este derecho, la ley N° 20.960 de 18 de octubre de 2016, que Regula el Derecho a Sufragio en el Extranjero, modificó la ley N° 18.556 de 1986, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.

Conforme a la ley N° 19.983 de 2004 (artículo 5), existen una serie de exigencias legales para las facturas y guías de despacho tengan fuerza ejecutiva en caso que el deudor no cumpla su obligación de pago.

La copia de la factura tendrá mérito ejecutivo (es decir, servirá de fundamento para una acción judicial más rápida y eficiente) cuando:

(i) No haya sido reclamada, esto es, devuelta al momento de su entrega, o que su contenido no haya sido reclamado al emisor, con la devolución de la factura o solicitando la emisión de la respectiva nota de crédito, mediante carta certificada u otro medio fehaciente dentro del plazo convencional (no podrá exceder 30 días corridos contados desde su recepción) o legal (dentro de los 8 días corridos desde su recepción);

(ii) Que su pago sea actualmente exigible y la acción para su cobro no esté prescrita (1 año desde el vencimiento de la factura; en caso de vencimientos parciales, el plazo de prescripción se contará desde cada vencimiento);

(iii) Que en la factura conste el recibo de las mercaderías entregadas o del servicio prestado, identificando el recinto y fecha de la entrega o prestación, así como de la persona que firma su recepción. Si en la copia de la factura no consta el recibo de las mercaderías, igualmente tendrá mérito ejecutivo cuando se acompañe copia de la guía o guías de despacho en la que conste el respectivo recibo;

(iv) Se notifique judicialmente sin que se alegue la falsificación material de la factura o guía de despacho respectiva, la falsificación de su recibo, la falta de entrega o de la prestación del servicio, o bien, si se alegan, que sean rechazadas por resolución judicial.

Con fecha 27 de septiembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial y entró a regir la Resolución Exenta N° 885/2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que contiene Norma de carácter general sobre deberes de reporte a la superintendencia del medio ambiente  de avisos, contingencias e incidentes a través del sistema de seguimiento ambiental.

Con fecha 8 de septiembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial la ley N° 20.940 “Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales”. Esta ley, que modifica el Código del Trabajo principalmente en materia de negociación colectiva, entrará en vigencia a contar del 1° de abril de 2017. Entre sus diversas disposiciones, cabe destacar las siguientes:

El 1º de junio se publicó en el Diario Oficial, la Ley 20.920, que establece el Marco para la Gestión de Residuos, Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje.

A través de este cuerpo legal, se introduce un nuevo instrumento de gestión ambiental denominado Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

Con fecha 31 de mayo de 2016 fue aprobado por el Congreso Nacional y enviado al Ejecutivo para su promulgación, el proyecto de ley que establece el Derecho Real de Conservación (Boletín N° 5.823-07).

A través de este cuerpo legal, se establece un nuevo derecho real en nuestro ordenamiento jurídico, por medio del cual se podrá conservar el patrimonio ambiental de un predio o ciertos atributos o funciones del mismo.

El 30 de agosto de 2016 se publicó en el Diario Oficial la ley N° 20.945, que perfecciona el sistema de la libre competencia previsto en el DL 211. Salvo algunas excepciones, esta ley entra en vigencia a contar de su fecha de publicación.

De esta nueva normativa, destacamos:

Se define lobby como aquella gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos conforme a la ley respecto de los actos y decisiones reguladas en la misma.

Por su parte, gestión de interés particular corresponde a aquella gestión o actividad ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, no remunerada, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos.

Son sujetos activos quienes realizan gestiones de lobby o gestión de interés particular y sujetos pasivos las autoridades y funcionarios frente a los cuales se realiza lobby o gestión de intereses, señalados en la ley o en una resolución administrativa especial que dicte el jefe de servicio.

La diferencia en términos jurídicos entre lobbistas y gestores de intereses particulares, dice relación con el hecho de ser remunerado por la gestión específica que desarrollan ante la autoridad o funcionario. Es considerado lobbista la empresa o persona natural que es remunerada por un tercero para representar sus intereses, mientras quien realiza una gestión o actividad con el objetivo promover, defender o representar su interés o de su empresa, es gestor de intereses particulares.

Audiencia o reunión, consiste en el acto de oír, en el cual el sujeto pasivo de lobby recibe a un lobbista o gestor de intereses particulares, en forma presencial o virtual por medio de videoconferencia audiovisual, para tratar alguna de las materias reguladas en la ley, en la oportunidad y modo que disponga el sujeto pasivo. No se consideran los llamados telefónicos y correos electrónicos.

El objetivo de la nueva norma es garantizar acceso a medicamentos en forma oportuna, con calidad comprobada en términos de eficacia y seguridad a todos los chilenos.

Aspectos destacados:

– El médico debe indicar el principio activo del medicamento, para así permitir el intercambio, a solicitud del paciente, del medicamento recetado por otro bioequivalente.

– Los laboratorios farmacéuticos deben publicar la lista de precios y en las farmacias cada producto deberá contener el precio en su envase.

– Se prohíbe entregar incentivos económicos con un criterio finalista que induzca a privilegiar el uso de determinado producto sobre otro.

– Se permite el fraccionamiento o la entrega de dosis unitarias conforme a receta médica, cuyo objetivo es que los pacientes no paguen de más por medicamentos que no necesitan

– Establece la obligación de que los medicamentos de venta directa estén disponibles en góndolas, materias que la Ley se supedita a la dictación de reglamentos.

Con fecha 7 de enero de 2014, se publicó la Ley N° 20.712 sobre la “Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales”, también conocida como “Ley Única de Fondos” (LUF), que reúne en un solo cuerpo normativo todos los fondos existentes en la legislación chilena, a saber: fondos de inversión públicos y privados, fondos mutuos, fondos para la vivienda y fondos de capital extranjero.

En este documento nos enfocamos en el análisis de los Fondos de Inversión Privados (FIP), puesto que ellos constituyen un importante vehículo de inversión para la realización de negocios en Chile.

Con la dictación de la Ley N° 20.720, se sustituye el régimen concursal vigente (Ley de Quiebras), y se perfecciona además el rol de la Superintendencia del ramo.

La nueva Ley distingue entre empresa deudora y persona deudora:

Empresa deudora: Será aquella persona jurídica privada, con o sin fines de lucro, y toda persona natural contribuyente de primera categoría o trabajador independiente (aquellas que emiten facturas o boletas).

Persona deudora: Es aquella persona natural no comprendida en la definición de empresa deudora como los trabajadores dependientes y a aquellos que no siéndolo, igualmente son sujeto de crédito, como las dueñas de casa, los jubilados y los estudiantes, entre otras.

Asimismo, establece una serie de procedimientos ya sea de reorganización o de liquidación concursal, cuya aplicación en uno u otro caso dependerá de la calidad de deudor de que se trate, los que analizaremos a continuación.

Las horas ordinarias trabajadas en día domingo tendrán un recargo de, a lo menos, un 30%, calculado sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria, que debe liquidarse y pagarse conjuntamente con las remuneraciones del respectivo período.

El valor de la hora ordinaria y el recargo señalado serán la base de cálculo a efectos de determinar, en su caso, el valor de la hora extraordinaria trabajada en dichos días domingos.

Tendrán derecho a este recargo todos los trabajadores del comercio y de servicios que atiendan directamente al público, cualquiera sea la jornada en que se encuentren contratados.

A partir del 1° de enero de 2017, la Reforma Tributaria cambiará el sistema de tributación de las empresas, creando dos regímenes de tributación paralelos, los que serán de libre elección de los dueños, socios, accionistas, comuneros o cooperados, en su caso:

Régimen de Renta Atribuida:  consiste en que los contribuyentes del Impuesto a la Renta de Primera Categoría deberán tributar al término del ejercicio, con un impuesto con tasa del 25% sobre todos los ingresos percibidos o devengados y las rentas que le hayan sido atribuidas desde las empresas, sociedades, comunidades o cooperativas en las que tengan directa o indirectamente participación.

La renta así determinada será atribuida a sus dueños, socios, accionistas, comuneros o cooperados, en la misma proporción en la que éstos participen en su empresa, sociedad, comunidad o cooperativa, quienes deberán para ese mismo ejercicio incorporarla en su declaración y pago del Impuesto Global Complementario o el Impuesto Adicional, según corresponda (Impuestos Finales), no obstante que dichas rentas no hayan ingresado a su patrimonio por no haber retirado las utilidades ni recibido el pago de dividendos alguno.

Los contribuyentes de los Impuestos Finales tendrán derecho a imputar totalmente el crédito por el impuesto de Primera Categoría pagado por esa empresa, sociedad, comunidad o cooperativa, para el mismo ejercicio.

El Régimen de Renta Atribuida obliga a los contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría que se acojan al mismo, a mantener hasta 8 registros, regulados todos por la Ley de la Renta, en los que deberán registrar las rentas atribuidas propias o de terceros, los créditos, los retiros de utilidades o distribución de dividendos efectivos, los ingresos no renta o exentos, etc.

Régimen Parcialmente Integrado: los contribuyentes de Primera Categoría podrá declarar sus rentas de conformidad al régimen “semi” o “parcialmente” integrado (Régimen de Imputación Parcial), cuya principal característica es que se declaran y pagan las rentas percibidas o devengadas por la empresa, sociedad, comunidad o cooperativa y sus dueños, accionistas, socios, comuneros o cooperados, tributarán sólo por aquellas utilidades o dividendos efectivamente retiradas o distribuidos, respectivamente.

La tasa del Impuesto de Primera Categoría aplicable será del 25,5% para el año 2017 y del 27% a partir del año 2018. Los contribuyentes de los Impuestos Finales tendrán derecho a la imputación parcial del Crédito, en contra del Impuesto Global Complementario o el Impuesto Adicional que les corresponda pagar en ese mismo ejercicio, por las utilidades o dividendos efectivamente retiradas o distribuidos.

La imputación parcial se traduce que en contra de los Impuestos Finales podrán los contribuyentes imputar el 100% del Crédito, pero inmediatamente, deberán restituir al Fisco el 35% de ese crédito, lo que se traduce, en definitiva, que sólo podrán aprovechar un 65% de Crédito. La única excepción a esta regla, aplica para los contribuyentes del Impuesto Adicional, en cuanto tengan domicilio o residencia en alguno de los países con los que Chile haya suscrito un convenio para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal, puesto que la Ley de la Renta les permitirá utilizar el 100% del Crédito.

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Principales diferencias entre uno y otro régimen

1. La tasa del impuesto de Primera Categoría en el Régimen Parcialmente Integrado (27%) será de 2 puntos porcentuales superior a la del Régimen de Renta Atribuida (25%)
2. En el Régimen de Renta Atribuida los contribuyentes de los Impuestos Finales tributarán por todas las rentas que las empresas, sociedades, comunidades o cooperativas en las que participen directa o indirectamente perciban o devenguen o se les hayan atribuido, en la proporción correspondiente. En el Régimen Parcialmente Integrado, declaran y pagan impuestos por aquellas rentas efectivas, es decir, por las utilidades retiradas y/o por los dividendos que les hayan distribuido
3. El Crédito podrá imputarse a los Impuestos Finales, totalmente en el Régimen de Renta Atribuida y parcialmente (y hasta en un 65%) en el Régimen Parcialmente Integrado