Con fecha 06 de octubre de 2020, se publicó en el Diario Oficial extracto de la Resolución Exenta N°3853/2020, del Instituto de Salud Pública (ISP), mediante la cual se establecen requisitos para las actividades de notificación y ejecución de retiro de mercado para los titulares de registros sanitarios y participantes de la cadena de distribución de productos farmacéuticos, sea que se trate de retiros voluntarios o de retiros instruidos por el ISP.

Para estos efectos, las actividades de retiro de mercado se clasifican como Clase 1, Clase 2 y Clase 3, según el riesgo potencial a la salud que puede representar el producto involucrado.

Teniendo presente lo anterior, las actividades de retiro de productos farmacéuticos se regirán por las siguientes reglas:

A. El inicio del retiro deberá ser notificado por medios electrónicos, en las siguientes oportunidades:

1. Una vez que se tome conocimiento de la sospecha o comprobación de falla o desvío de la calidad, o desde la cancelación de los registros sanitarios, en el plazo máximo de 24 horas.

2. En un plazo no superior a 48 horas, acompañando los registros escritos de la notificación a cada uno de los establecimientos de la cadena de distribución.

 B. En el caso de los retiros de Clase 1, el titular de los registros tendrá la obligación de enviar un mensaje de advertencia a los consumidores informando los peligros o nocividad de los lotes del producto objeto de retiro.

C. Se establecen obligaciones para el establecimiento que haya recibido uno o más lotes afectos a retiro deberá, estableciendo normas según si ha realizado distribución previa o no.

D. El titular del registro sanitario deberá presentar al ISP los informes de seguimiento del retiro del mercado y, una vez finalizado el retiro, deberá presentar informe concluyente.

E. La destrucción de los medicamentos será responsabilidad del titular del registro sanitario, conforme a la normativa vigente.

Con fecha 19 de octubre de 2020, se emitió el Dictamen Nº2760/025 de la Dirección del Trabajo, relativo al plebiscito del 25 de octubre, en el que se pronuncia sobre los permisos que se deben otorgar a los trabajadores para concurrir a votar. En lo medular, este dictamen contempla lo siguiente:

1. El domingo 25 de octubre de 2020 constituye feriado obligatorio para los trabajadores que prestan servicios en centros o complejos comerciales administrados por una misma razón social o personalidad jurídica, en consecuencia, dichos dependientes se encuentran liberados de prestar servicios durante esa jornada.

2. Por su parte, los trabajadores que no están comprendidos en la situación anterior y que se encuentren legalmente exceptuados del descanso dominical y festivos, debiendo, por tanto, tener que prestar servicios el próximo domingo 25 de octubre, tienen derecho a ausentarse de sus labores durante un lapso de 2 horas para concurrir a sufragar, sin que esto implique un menoscabo en sus remuneraciones. Asimismo, tienen derecho a que se les concedan los permisos necesarios para cumplir las funciones de vocal de mesa, miembro del Colegio Escrutador o delegado de Junta Electoral.

Con fecha 5 de octubre de 2020, la Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema, por unanimidad, rechazó el recurso de protección interpuesto por Inversiones Panguipulli SpA en contra de la Contraloría Regional de los Ríos (fallo Rol N° 62.948/ 2020), por la emisión del Dictamen N°203 de fecha 15 de enero de 2020, cuyo contenido declaró irregulares trece permisos de edificación otorgados por la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Panguipulli (“DOM”) a la recurrente para construir viviendas en parte de los 228 lotes resultantes de la subdivisión del inmueble rural ubicado en Bahía Panguipulli. A juicio del órgano Contralor al no presentarse los informes favorables del Servicio Agrícola y Ganadero (“SAG”) y de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos (“SEREMI”) para el respectivo cambio de uso de suelo en atención al desarrollo del proyecto habitacional “Bahía Panguipulli”, se contravenía lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (“LGUC”), además de infringir los términos del D.L. N° 3.516, por cuanto esta norma prohíbe la destinación de los predios subdivididos a fines urbanos o habitacionales.

Si bien Inversiones Panguipulli SpA sostuvo que su intención era  acondicionar y vender los citados predios manteniendo su condición de rústicos, y por tanto era innecesario solicitar el cambio de uso de suelo, bastando sólo para estos efectos el permiso de edificación otorgado por la DOM, a juicio de los sentenciadores aunque la controversia excedía la naturaleza cautelar del recurso, no obstaba el hecho de que Inversiones Panguipulli SpA no contaba con el informe favorable para cambio de uso de suelo, el cual dado los antecedentes, debió haber sido expedido en orden a cumplir con lo dispuesto en el artículo 55 de la LGUC.

Con fecha 15 de octubre de 2020, se publicó el Decreto Supremo N°53 (“D.S. N°53/2020), de fecha 3 de abril de 2020, del Ministerio de Obras Públicas (“MOP”), el que viene a regular algunas de las modificaciones introducidas por la Ley N°21.064, publicada el 27 de enero de 2018, esto es, explicitar los plazos, criterios y condiciones técnicas necesarias para aplicar las resoluciones fundadas que dicte la Dirección General de Aguas para dar cumplimiento a la obligación de instalar y mantener un Sistema de Medición y Transmisión que permita controlar, aforar e informar el agua que extraen las organizaciones de usuarios o el propietario exclusivo de un acueducto que extraiga aguas desde una corriente natural, incluidas las aguas extraídas desde obras de acumulación ubicadas sobre el cauce natural. Asimismo, las organizaciones de usuarios o el propietario exclusivo de un acueducto que extraiga aguas desde una corriente natural, y sean usuarios de derechos de aguas superficiales no consuntivos, deberán instalar un sistema de medición en el punto de restitución (artículo 38 y 307 bis del Código de Aguas).

Con fecha 30 de septiembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.271, que modificó el Código del Trabajo, adecuándolo en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes en el mundo del trabajo. En lo particular, esta modificación legal contempla lo siguiente:

1. Se modifica el Código del Trabajo, en aquella parte en que se contemplaba la distinción entre mayor de edad y menor de dieciocho, pero mayores de quince. En virtud de esta ley, se establecen categorías de adolescentes, con y sin edad para trabajar respectivamente. Además, se establece una categoría adicional, cual es la de niños y niñas, quienes en principio están impedidos de poder ser contratados, salvo que se dé cumplimiento a ciertas formalidades establecidas en dicha ley.

2. Esta modificación legal define lo que se entiende por “trabajo adolescente protegido” y “trabajo peligroso”.

3. Se establece que, en casos calificados, los niños, niñas y adolescentes que no tengan edad suficiente para trabajar, podrán celebrar contratos para participar en ciertos espectáculos, debiendo adoptar el empleador medidas de protección eficaces y acordar su jornada de trabajo siempre procurando el interés superior del niño, niña o adolescente. Se añade también que el empleador deberá costear el traslado y alimentación en condiciones adecuadas.

4. Se amplía a 13 horas el periodo durante el cual el adolescente no puede trabajar de noche, rigiendo esta limitación entre las 21:00 y las 8:00 horas.

5. Se incorporan una serie de sanciones especiales a los empleadores que incumplieren alguna de estas limitaciones.

6. La entrada en vigencia de la presente ley será el primer día del mes siguiente al de la publicación del reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que determina las actividades consideradas como trabajo peligroso y establece directrices destinadas a evitar este tipo de trabajo.

La ley N° 19.496, que establece Normas sobre Protección de los Derecho de los Consumidores, dispone en su artículo 30 que cuando productos o servicios sean ofrecidos en sitios de internet (comercio electrónico), los proveedores deberán ofrecer sus características y prestaciones esenciales, y deberán cumplir con las condiciones que determine un Reglamento, el cual hasta el día de hoy continua pendiente.

Con el objeto de asegurar la toma de decisiones debidamente informada de los consumidores, robusteciendo el derecho de libre elección de éstos, el Ministerio de Economía ha puesto a disposición de la ciudadanía el proyecto de “Reglamento de Comercio Electrónico”. De esta forma se busca recibir comentarios y opiniones para mejorar el texto preliminar del proyecto.

El proyecto establece deberes mínimos de información por parte de los distintos actores del comercio electrónico, ya sean vendedores o intermediarios (marketplace), para efectos de garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores.

La consulta comenzó con fecha 5 de octubre 2020 y finalizará el próximo 27 de octubre.

La minuta de consulta y la propuesta de Reglamento se encuentran disponibles enhttps://www.economia.gob.cl/2020/10/05/consulta-ciudadana-reglamento-de-comercio-electronico.htm

Con fecha 30 de septiembre de 2020, se publicó la Resolución Exenta N°3422, del 25 de agosto de 2020, del Instituto de Salud Pública (“ISP”), la que instruye a titulares de registros sanitarios, y a los solicitantes de dichos registros, a declarar la especie vegetal del almidón utilizado como excipiente en los productos farmacéuticos que lo contienen en su formulación.

A contar de dicha fecha, las expresiones de fórmulas cualitativa y cuantitativa de todos los productos farmacéuticos que soliciten registro sanitario, que contengan almidón en su formulación, deberán señalar expresamente la especie vegetal de la que proviene el almidón, y, asimismo, señalar los derivados que provengan de almidón modificado. Todo ello, en la forma especial señalada por la resolución.

Asimismo, para el caso de los productos ya registrados, los titulares de dichos registros tendrán hasta el 30 de septiembre de 2021 para que cumplan con lo señalado, debiendo presentar al ISP la información de la especie vegetal de la que proviene el almidón, en la forma especial que señala la resolución, incluidos los derivados de almidón que se señalan.

Con fecha 5 de octubre de 2020, se publicó en el Diario Oficial el Decreto N°1.578 que extiende la vigencia de los beneficios de la Ley de Protección al Empleo y otorga derecho a giros adicionales con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. En lo particular, el Decreto contempla lo siguiente:

1. Se extiende, a partir del 6 de octubre de 2020 y hasta el 6 de enero de 2021, la vigencia de los beneficios y prestaciones de la Ley de Protección al Empleo.

2. Se otorga, a partir del 6 de octubre de 2020 y hasta el 6 de enero de 2021, hasta un décimo giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de la Ley N°19.728, para los beneficiarios que en dicho período tengan derecho a las prestaciones de la Ley de Protección al Empleo con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. A partir del sexto giro, se establece como porcentaje promedio de remuneración de estos giros un 45% de remuneración y se fija como valor superior a las prestaciones asociadas a los mencionados giros la suma de $419.757, y un valor inferior de $225.000.

3. Se extiende a partir del 31 de octubre de 2020 y hasta el 6 de enero de 2021, la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidos en la ley N°21.263, respecto de la ley N°19.728.

Con fecha 30 de septiembre de 2020, la Contraloría General de la República (“CGR”), emitió el Dictamen N°39766/2020, en el que dictamina que las Áreas de Preservación Ecológica, definidas en instrumentos de planificación territorial, deben ser consideradas como áreas colocadas bajo protección oficial para efectos de lo dispuesto en el artículo 10, letra p), de la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, por lo que los proyectos o actividades, susceptibles de causar impacto ambiental, que se emplacen en dichas áreas, deberán ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental.

En conjunto con ello, la CGR ordena al Servicio de Evaluación Ambiental adecuar el Oficio Instructivo N°130.844, de 2013, debiendo, dicho servicio, informar de ello a la CGR en un plazo de 30 días. El oficio señalado uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

 Sin perjuicio de ello, este Dictamen no aplicará a los proyectos ya aprobados.

Con fecha 22 de septiembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.267, que establece medidas para facilitar la adquisición de remedios en el contexto de una alerta sanitaria, sea por epidemia o pandemia. En particular, la Ley dispone las siguientes medidas, en caso de decretarse alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia: 

A. Los productos farmacéuticos podrán ser expendidos por cualquier establecimiento autorizado para ello, bastando que el consumidor muestre una copia de la receta médica que prescriba el medicamento, en formato físico o digital, en cualquiera de sus formas.

B. Aquellas recetas médicas que hayan sido extendidas 6 meses antes a la declaración de alerta sanitaria o durante su vigencia, tendrán validez hasta 6 meses posteriores al término de la alerta.

C. Se elimina el requisito consistente en que la receta electrónica deba ser suscrita por firma electrónica avanzada.

Las medidas señaladas no eximirán al establecimiento de su obligación de completar los registros correspondientes, según la naturaleza del medicamento y lo establecido en los respectivos reglamentos.

Por último, se establece que el uso malicioso de recetas presentadas en forma digital, será sancionado conforme al Libro X del Código Sanitario, al Código Penal y la Ley Nº20.000.

Con fecha 21 de septiembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Exento N°49/2019 del Ministerio de Salud, que modifica el Decreto Exento N°48/2019, de la misma cartera, que aprueba la Norma Técnica N°208 sobre almacenamiento y transporte de medicamentos refrigerados y congelados. Esta modificación tiene por objeto redefinir el alcance de la Norma, debido a que su formulación se basó en recomendaciones de la OMS para establecimientos de “Alta Producción y Distribución”, pero no para la Red Asistencial; y, además, excluir de su ámbito de aplicación a farmacias, botiquines y almacenes farmacéuticos, toda vez que sus disposiciones resultan novedosas, dada su posición en la cadena logística.

De esta forma, se elimina del inciso tercero del artículo 1 la referencia a farmacias, botiquines y recetarios magistrales, y se incorpora un inciso cuarto que declara expresamente que la Norma Técnica no será aplicable a los mencionados establecimientos.

Con fecha 25 de septiembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial el Decreto N°1.434 del Ministerio de Hacienda, que establece parámetros y mejora prestaciones del Seguro de Cesantía y de la Ley de Protección al Empleo. En lo pertinente, el decreto ordena lo siguiente:

Se aumenta, a contar del 1° de agosto de 2020 y hasta el 31 de octubre del mismo año, a un 55%, el porcentaje promedio de remuneración correspondiente al quinto giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de la ley Nº 19.728, aplicable tanto al Seguro de Cesantía, como para las prestaciones que se paguen conforme a la Ley de Protección al Empleo. Se fija el valor superior de dicho giro en la suma de $513.038.

Se extiende, a contar del 1° de agosto de 2020 y hasta el 31 de octubre del mismo año, un sexto y séptimo giros con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de la ley del Seguro de Cesantía, aplicable para las prestaciones que se paguen con cargo a dicho fondo en virtud de la Ley de Protección al Empleo.

Se aumenta, a contar del 1° de agosto de 2020 y hasta el 31 de octubre del mismo año, a un 45% el porcentaje del promedio de remuneración correspondiente al sexto y séptimo giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de la ley Nº 19.728, aplicable para las prestaciones que se paguen con cargo a dicho fondo de la ley que fija el Seguro de Cesantía y Ley de Protección al Empleo. Se fija el valor superior de dichas prestaciones en la suma de $419.757 y su valor inferior en la suma de $225.000.”

Con fecha 24 de septiembre de 2020, se publicó el Decreto Supremo N°57, de fecha 11 de julio de 2019, del Ministerio de Energía, el que aprueba el Reglamento de Generación Distribuida para Autoconsumo, el que tiene por objeto principalmente, desarrollar las modificaciones introducidas por la Ley N°21.118 a la Ley General de Servicios Eléctricos, específicamente los artículos 149 bis, ter, quáter y quinquies.

Principalmente, el reglamento regula claramente el ámbito de aplicación de esta regulación; presenta un catálogo de definiciones; regula las modalidades de operación de los equipamientos de generación; el procedimiento para llevar a cabo la conexión del equipamiento de generación; el contrato de conexión; el costo de las obras adicionales, adecuaciones y ajustes para la conexión; establece los límites a la conexión y a las inyecciones de los equipamientos de generación que no requieren de obras adicionales, adecuaciones o ajustes para la conexión; regula las mediciones y valorización de las inyecciones y los traspasos de excedentes de energías renovables no convencionales; regula el destino de remanentes no descontados o no pagados durante cinco años; entre otras disposiciones.

Con fecha 21 de agosto de 2020, se publicaron en el Diario Oficial los Decretos N°54 y N°65, del Ministerio de Salud, que introduce modificaciones al Decreto Nº3/2010, de la misma cartera, que aprueba Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano, en materia de registros sanitarios y equivalencia terapéutica, respectivamente.

En relación con el Decreto N°54, con el objeto de reducir los plazos de tramitación de registros sanitarios, principalmente, tratándose de medicamentos registrados en Agencias Reguladoras Internacionales, se determinan las siguientes modificaciones:

A. Durante la tramitación de un registro sanitario, si la evaluación que realice el Instituto de Salud Pública (ISP), es desfavorable, este podrá otorgar plazo para que el solicitante de registro subsane cuestiones accesorias o remita antecedentes suficientes. Si trascurre el plazo y no se han subsanado dichos reparos, el ISP procederá con la denegación de la solicitud de registro, sin ser necesario un pronunciamiento favorable del Ministerio de Salud.

Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá iniciar un nuevo procedimiento de registro dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de notificación de la denegación del registro, teniendo el ISP un plazo de 3 meses para verificar los antecedentes de la nueva solicitud.

B. El procedimiento abreviado de registro podrá iniciarse de oficio por el ISP o a solicitud del interesado, ya no se requerirá una resolución fundada del Ministerio de Salud.

 C. Se establece que el plazo total para resolver la solicitud de procedimiento simplificado de registro será de un máximo de 5 meses, contado desde el ingreso de la solicitud.

 D. Se crea el procedimiento acelerado de registro, al que podrán acceder aquellos medicamentos registrados en Agencias Reguladoras de Medicamentos de Alta Vigilancia, cuya tramitación no podrá exceder de más de 3 meses desde la recepción de la solicitud. Junto con el reconocimiento del registro del producto farmacéutico, se reconocerán también las autorizaciones y certificaciones que hayan otorgado las Agencias, como el de Buenas Prácticas de Manufactura.

 Se exceptúan del procedimiento abreviado los productos biológicos, salvo resolución fundada del Ministerio de Salud; y cuando existan razones de salud pública que lo impidan, lo que será calificado por resolución fundada del Ministerio de Salud.

E. Se incorpora una nueva causal para solicitar la modificación del registro de productos farmacéuticos, a saber, el cambio de fabricante, de principios activos y modificaciones del proceso productivo.

F. Se incorpora la posibilidad de solicitar la autorización de un nuevo fabricante de medicamento, manteniendo el ya autorizado. En este caso, se asignará un nuevo número de registro sanitario, manteniendo los demás aspectos autorizados.

Respecto al Decreto N°65, a fin de facilitar y flexibilizar el registro de medicamentos bioequivalentes, se incorpora un nuevo artículo 221 bis, disponiendo que la equivalencia terapéutica se entenderá demostrada respecto de aquellos productos farmacéuticos que hayan obtenido certificación de esta calidad ante alguna de las Agencias Reguladoras de Medicamentos de Alta Vigilancia; así como de aquellos que hayan sido precalificados por la OMS.

Con fecha 4 de septiembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial el proyecto de Ley N°21.263, que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la Ley N°19.728 y perfecciona los beneficios de la Ley Nº21.227. Los aspectos más relevantes de la presente ley son los siguientes:

A.   Flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la Ley N°19.728. 

1.    La Ley N°21.263 dispone que los trabajadores afiliados al seguro de desempleo que se encuentren cesantes podrán acceder hasta el 31 de octubre de 2020, a las prestaciones con cargo a la Cuenta Individual por Cesantía y a los giros con cargo al Fondo Solidario, si cumplen con cualquiera de los requisitos del inciso primero del artículo 2 de la ley N°21.227 de Protección al Empleo, respecto al número de cotizaciones.

Accederán también a las prestaciones en las condiciones que indica esta ley, los trabajadores cesantes que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 12 y en el inciso primero de artículo 24, de la ley 19.728, que establece el Seguro de Desempleo.

2.    Esta modificación legal, mejora las prestaciones que se paguen con cargo a los fondos de la Cuenta Individual por Cesantía, estableciendo que se calcularán sobre el promedio de las remuneraciones devengadas por el trabajador en los últimos 3 meses en que se registren cotizaciones, anteriores al término del contrato, conforme a lo siguiente: el primer mes un 70%, el segundo, tercer, cuarto y quinto mes un 55% y el sexto mes o superior un 50% del promedio de la remuneración. Cuando los recursos de la Cuenta Individual por Cesantía sean insuficientes, las prestaciones se financiarán con cargo al Fondo Solidario.

3. Por su parte, se establece que las prestaciones que se paguen con cargo al Fondo de Cesantía Solidario incluirán un máximo de 5 prestaciones en los porcentajes que a continuación se indican, los cuales se calcularán sobre el promedio de las remuneraciones devengadas en los últimos 3 meses en que se registren cotizaciones: el primer mes un 70%, el segundo, tercer y cuarto mes un 55% y el quinto mes un 45%. Además, estas prestaciones estarán afectas a valores superiores e inferiores para cada mes, conforme a lo siguiente: el primer mes un valor superior de $652.956 e inferior de $225.000, el segundo, tercer y cuarto mes un valor superior de $513.038 e inferior de 225.000 y el quinto mes un valor superior de $419.757 e inferior de $225.000.

Sin embargo, la ley determina que mediante decreto supremo dictado por el Ministerio de Hacienda, y suscrito además por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, se establecerán los parámetros que permitirán, durante la vigencia de la presente ley, aumentar el porcentaje del promedio de remuneración del quinto giro, pudiendo llegar hasta un porcentaje del promedio de remuneración del 55%, en cuyo caso también deberá fijar el valor superior del beneficio, el que se incrementará proporcionalmente hasta llegar al valor de $513.038, en caso de que se incremente el porcentaje promedio de remuneración al límite máximo de 55% de ésta. Los parámetros a considerar serán, entre otros, las condiciones sanitarias y del mercado laboral, y las realidades regionales asociadas al impacto de la enfermedad COVID-19.

Esta ley además establece que los beneficiarios que estén percibiendo el quinto giro con cargo al Fondo Solidario,tendrán derecho, durante la vigencia de esta ley, a un sexto y séptimo giro de prestación, equivalentes a un 30% de la remuneración promedio. Asimismo, el porcentaje del promedio de remuneración del sexto y séptimo giro señalados, puede llegar hasta un porcentaje del promedio de remuneración del 45%, si se cumplen los parámetros establecidos en el decreto Supremo antes mencionado, en cuyo caso también se deberá fijar el valor superior de la prestación, el que se incrementará proporcionalmente y no podrá ser superior el monto indicado para el quinto giro según la tabla del inciso segundo del artículo 4to de esta ley.  

4. Los trabajadores cesantes que se encuentren afiliados al seguro de desempleo, y que no cumplan con los requisitos de acceso del artículo 12 de la ley 19.728, podrán solicitar solo las prestaciones con cargo a su Cuenta Individual por Cesantía, hasta el número de meses y en los porcentajes respectivos que alcancen a financiarse.

5. Durante la vigencia de esta ley y hasta el 31 de octubre de 2020, el acceso a las prestaciones del Seguro de Cesantía, se regirán por los porcentajes y valores de esta ley.

B.   Se perfeccionan los beneficios de la Ley Nº21.227. 

6. Durante la vigencia de la presente ley y hasta el 31 de octubre de 2020, la suspensión de contrato regulada en el artículo 2 de la Ley de Protección al Empleo, se regirán por las reglas señaladas en los puntos anteriores.

7. A su vez, los parámetros señalados en el inciso tercero del artículo 4º de la ley N°21.263, permitirán aumentar, durante la vigencia de esta, el porcentaje del promedio de remuneración del quinto giro que les corresponda a los trabajadores afectos a la ley Nº21.227, pudiendo llegar hasta un porcentaje del promedio de remuneración del 55%, en cuyo caso también deberá fijar el valor superior de la prestación, el que se incrementará proporcionalmente y no podrá ser superior a $513.038.

8. En caso de que las condiciones sanitarias lo ameriten y se cumplan los parámetros establecidos en el decreto señalado en el inciso tercero del artículo 4º, el Ministro de Hacienda mediante la dictación de uno o más decretos supremos, los que serán suscritos, además, por el ministro del Trabajo y Previsión Social, podrá aumentar el porcentaje del promedio de remuneraciones del quinto giro.

9. Asimismo, los parámetros señalados en el inciso tercero del artículo 4º servirán para determinar la potencial extensión de los giros a realizar con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, otorgando un sexto y séptimo giro hasta el 31 de octubre de 2020. 

10. El decreto fijará el porcentaje del promedio de remuneración que se deberá considerar, el cual no podrá ser superior al 45%, y los valores superiores e inferiores del beneficio, los cuales no podrán superar los valores del quinto giro según la tabla del inciso segundo del artículo 4º, fijándose proporcionalmente.

11. En el caso de trabajadores a los que al mes de agosto del año 2020 les corresponda percibir el quinto giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, conforme a la ley Nº19.728 o al Título I de la ley Nº21.227, el porcentaje del promedio de remuneración sobre el cual se calculará dicho giro será el 55%, ajustándose los valores superiores e inferiores conforme a la tabla del inciso segundo del artículo 4º, sin necesidad de dictarse el decreto supremo al que se hace referencia en dicha norma y en el inciso tercero del artículo 7º de la presente ley.

12.  Se establece, además, que el pacto de reducción temporal de jornada de trabajo podrá suscribirse hasta el 31 de julio de 2021

13.  Dentro del plazo de tres meses contado desde la publicación de la presente ley, y antes del término de la vigencia de las normas que se señalan en los literales siguientes, el Ministerio de Hacienda, mediante uno o más decretos supremos, suscritos, además, por el ministro del Trabajo y Previsión Social, podrá:

– Extender, a partir del día de su vencimiento, la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidos en el Título I de la ley Nº 21.227, como, asimismo, otorgar derecho a giros adicionales con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de la ley Nº19.728 en el evento descrito en el inciso primero del artículo 1 de la ley Nº21.227, en los términos y condiciones establecidos en la presente ley por un período máximo de cinco meses;

– Extender, a partir del día de su vencimiento, la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidas en el Título II de la ley Nº 21.227, en los términos y condiciones establecidas en dicho cuerpo legal, por un período máximo de cinco meses, y

– Extender, a partir del día de su vencimiento, la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidas en la presente ley, respecto de la ley Nº 19.728, por un período máximo de cinco meses.

Los referidos decretos supremos deberán dictarse en consideración de circunstancias objetivas, entre otras, las condiciones sanitarias del país, condiciones del mercado laboral o las realidades regionales asociadas al impacto de la enfermedad COVID-19.

14.  Los trabajadores acogidos a las disposiciones de los Títulos I y II de la ley Nº 21.227, de protección del empleo, podrán celebrar nuevos contratos de trabajo de carácter transitorio con otros empleadores, sin que por ello pierdan el vínculo laboral ni el pago de las prestaciones provenientes del seguro de cesantía.

15.  Se establece que en el evento que cesen los efectos de la suspensión de la relación laboral conforme la Ley de Protección al Empleo, los empleadores al momento de reintegrar a los trabajadores y trabajadoras no podrán discriminar en el trato ni establecer diferencias arbitrarias entre quienes hubiesen sido suspendidos sus contratos de manera unilateral por acto de autoridad, de aquellos que suspendieron sus contratos de común acuerdo.

C.   Disposiciones generales. 

16.  La presente ley entrará en vigencia a la fecha de su publicación en el Diario Oficial y regirá hasta el 31 de octubre de 2020. Sin perjuicio de ello, para efectos del acceso, cálculo y pago de los beneficios, se entenderá que esta entró en vigencia el primero de agosto de 2020.