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Ley al Día

Primer Informe de la Corte Suprema referido al Proyecto de Ley que modifica normas en materia de licencias no voluntarias, durante una alerta sanitaria, epidemia o pandemia

31 Jul 2020

Con fecha 09 de junio de 2020, ingresó a tramitación el Proyecto de Ley que flexibiliza las normas sobre el acceso a las licencias no voluntarias respecto de patentes y modelos de utilidad, de medicamentos, vacunas y tecnologías médicas necesarias para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, y establece un procedimiento especial al efecto, en un contexto de alerta sanitaria, epidemia o pandemia.  Particularmente, el Proyecto propone, entre otras cosas, lo siguiente:

A. Reemplazar el actual procedimiento para la solicitud de licencia voluntaria, por uno de carácter breve y sumario.

B. Dentro del procedimiento, se determina que la notificación de la demanda se realizará por medio de la publicación, en un medio de circulación nacional y en el Diario Oficial, de un extracto de ella autorizado por el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

C. Los recursos que procedan contra la sentencia que se pronuncie sobre la procedencia de las licencias no voluntarias, así como de cualquier incidente, se otorgarán sólo en el efecto devolutivo.

D. Se fija un porcentaje respecto a las regalías a que den lugar las licencias no voluntarias, equivalente a un 5% del precio de venta al público del producto o procedimiento objeto de la licencia.

E. Se da expresa aplicación al Artículo 91 b) de la Ley de Propiedad Industrial, en el sentido de que no procederá la protección que indica sobre datos de prueba u otros no divulgados, permitiendo así el uso de aquellos ya presentados al Instituto de Salud Pública (ISP).

F. En el caso de que el solicitante de la licencia no voluntaria sea un servicio público u otra entidad de derecho público, éstos podrán realizar la importación, fabricación y distribución del objeto de la solicitud, a contar de la fecha en que se dicte el acto administrativo que lo disponga.

G. Se limita la responsabilidad de los solicitantes que, por desconocimiento de la existencia de una patente afectada o actuando de buena fe, incurran en una infracción a la Ley de Propiedad Industrial.

Actualmente, el Proyecto se encuentra en Primer Trámite Constitucional en la Cámara de Diputados, y fue puesto en conocimiento de la Corte Suprema para su análisis, quien, mediante Oficio N°137/2020, del 23 de julio de 2020, emitió el informe correspondiente, exponiendo los comentarios que, a continuación, se indican:

– Considera necesario precisar el contexto de alerta sanitaria, pandemia o epidemia, es decir, cuáles son los actos administrativos que pueden determinar tales estados; y fijar los parámetros que establezcan su duración.

– Estima que las reclamaciones en contra de la decisión administrativa de INAPI deben radicarse en el Tribunal de Propiedad Intelectual, dado su carácter técnico y especial. En este caso, a fin de que se mantenga la celeridad en su conocimiento, determina que se deben mantener ciertas características de la reclamación, pero con tiempos más acotados.

– Sin perjuicio de lo anterior, sostiene que es necesario conservar el control final vía recurso de casación de las resoluciones del referido Tribunal.

– Por otro lado, repara en las omisiones de elementos esenciales del procedimiento de la reclamación propuesto, planteando que debería asemejarse al reclamo de ilegalidad municipal de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, pero con plazos más reducidos.

– Finalmente, expresa que la naturaleza de la reclamación debe ser la de una acción de nulidad, y no de plena jurisdicción, con mención expresa en el Proyecto, para así determinar un procedimiento de subsanación de los vicios detectados.

Congreso Nacional aprueba proyecto de ley que establece beneficios para padres, madres y cuidadores de niños

29 Jul 2020

Con fecha 27 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.247, que establece beneficios para padres y madres que estén haciendo uso del permiso de postnatal parental, y para cuidadores de niños y niñas nacidos a contar del año 2013.

En lo particular, el proyecto contempla lo siguiente:

1. La ley establece que los trabajadores que se encuentren haciendo uso de su permiso postnatal parental y cuyo término ocurra durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, tendrán derecho a una licencia preventiva parental por causa de la enfermedad Covid-19.

Podrán acceder a esta licencia médica los trabajadores cuyo permiso haya terminado a contar del 18 de marzo de 2020 y antes de la entrada en vigencia de esta ley.

La licencia se extenderá por 30 días, la cual podrá renovarse por un máximo de 2 veces, por el mismo periodo. Si ambos padres hubieren gozado del permiso posnatal, cualquiera de ellos, a elección de la madre podrá gozar de esta licencia médica preventiva.

2. Los trabajadores que hagan uso de la licencia médica preventiva parental, tendrán derecho a una extensión del fuero a que se refiere el artículo 201 del Código del Trabajo. El período de extensión será equivalente al período efectivamente utilizado de la licencia médica preventiva parental, y regirá inmediatamente una vez terminado el período de fuero antes referido.

3. La ley contempla que mientras permanezca suspendido el funcionamiento de establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cunas, al cual asistiría el respectivo niño o niña, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley Nº19.728, que tengan el cuidado personal de uno o más niños nacidos a partir del año 2013, tendrán derecho a suspender los efectos del contrato de trabajo por motivos de cuidado, siempre que el trabajador cumpla con los requisitos para acceder a las prestaciones establecidas en el Título I de la ley Nº21.227.

4. Esta modificación también establece que mientras permanezca suspendido el funcionamiento de establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cunas, al que el niño asiste, el empleador no podrá invocar la causal de terminación del contrato de trabajo establecida en el número 3 del artículo 160 del Código del Trabajo, respecto de aquellos trabajadores cuyos contratos no se encuentren suspendidos temporalmente, siempre que la causa de su inasistencia se deba al cuidado del niño o niña nacidos a contar del año 2013, y que no cuenten con otra alternativa. Esta circunstancia deberá ser comunicada al empleador tan pronto como le surja el impedimento, y acreditada al mismo dentro de los dos días hábiles siguientes a la respectiva inasistencia.

5. La presente ley indica que las licencias médicas preventivas parentales a que se refiere el Título I de la presente ley expirarán por el solo ministerio de la ley por las siguientes causales, cualquiera sea la que ocurra primero: (i) Con el término del estado de excepción constitucional; (ii) Con el término de la vigencia de la presente ley; (iii) En caso de fallecimiento del niño o niña causante de la licencia médica preventiva.

Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago deja sin efecto escritura pública de adjudicación en remate suscrita con firma electrónica avanzada

17 Jul 2020

Con fecha 23 de junio de 2020, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago en fallo de causa Rol N°1276-2020, acordó dejar sin efecto la escritura pública de fecha 8 de abril de 2020, titulada “Compraventa en remate y protocolización Undécimo Juzgado Civil de Santiago por Toro Muñoz Tamara Ignacia a Arteaga y Compañía Limitada”, que fuera autorizada por la Notario Público de Santiago doña Valeria Ronchera Flores, al considerar que la forma en que el documento se emitió es contraria a las normas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.

En efecto, la Corte determinó que la escritura en cuestión, autorizada por la Notario Público doña Valeria Ronchera Flores, y que fue firmada electrónicamente por las partes, fue otorgada en contraposición con lo dispuesto en los artículos 405, 426 y 429 del Código Orgánico de Tribunales, ya que el otorgamiento de dicha escritura debió haberse efectuado en forma material.

Lo anterior, es consistente con lo señalado por el Presidente de la Asociación Nacional de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, don Mauricio Astudillo Pizarro, en informe evacuado a la Excma. Corte Suprema, en el sentido que el otorgamiento de una escritura pública es un acto necesariamente presencial, con firma manuscrita, usando tinta fija o pasta indeleble, por lo tanto, en formato papel. En consecuencia, un documento otorgado de otra manera, como lo sería aquél en que uno o más comparecientes hubieren firmado con firma electrónica avanzada, no constituye una escritura pública. Por su parte, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, don Luis Alberto Maldonado Croquevielle, en forma previa al pronunciamiento del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, se había negado a practicar las inscripciones requeridas en relación con la escritura antes señalada, por considerar que las solemnidades para el otorgamiento de una escritura pública exigen -entre otras- la comparecencia personal de los otorgantes ante el respectivo ministro de fe pública, quien sólo de esa manera puede otorgar el instrumento e incorporarlo en su protocolo, y que, ante el evento que el otorgante no pudiere comparecer, la ley permite que lo haga a través de un mandatario especialmente habilitado al efecto.

SII publica proyecto de circular con instrucciones sobre el nuevo régimen tributario denominado Cláusula Pro-Pyme contenido en la letra D) del Artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta

06 Jul 2020

Con fecha 6 de julio de 2020, el SII publicó el proyecto de circular que imparte instrucciones sobre el nuevo régimen tributario incorporado por la Ley N°21.210 denominado Régimen para las micro, pequeñas o medianas empresas (Pymes).

La Cláusula Pro-Pyme ofrece a los contribuyentes que se puedan acoger a ella, una variedad de ventajas y beneficios tributarios.

Ministerio del trabajo y Previsión Social aprueba el Reglamento del artículo 152 quáter M del Código del Trabajo, que establece las condiciones de seguridad y salud del trabajo a distancia o teletrabajo

06 Jul 2020

Con fecha 3 de julio de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley No. 21.220, se publicó en el Diario Oficial el Reglamento que establece las condiciones específicas de seguridad y salud en el trabajo a que deben sujetarse los trabajadores que prestan servicios a distancia o mediante el teletrabajo. El Reglamento dispone lo siguiente:

– El empleador estará obligado a tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Para ello, deberá gestionar los riesgos laborales presentes en el domicilio de trabajador o en el lugar que se hubiere acordado para la prestación de los servicios.

– En los lugares en que deba ejecutarse el trabajo a distancia, el trabajador no podrá manipular, procesar o almacenar sustancias peligrosas que impliquen la exposición del trabajador o de su familia a sustancias peligrosas.

– Cuando los servicios se presten desde el domicilio del trabajador u otro lugar predeterminado, el empleador deberá confeccionar una matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos laborales asociados al puesto de trabajo. Esta matriz deberá ser revisada al menos una vez al año.

– En aquellos casos en que los servicios fueran susceptibles de prestarse en distintos lugares, el empleador no deberá cumplir con la obligación de contar con esta matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, pero deberá comunicar al trabajador acerca de los riesgos inherentes a las tareas encomendadas, medidas de prevención y requisito mínimos de seguridad.

– El empleador deberá identificar y evaluar las condiciones ambientales y ergonómicas de trabajo de acuerdo con las características del puesto y del lugar en que este se emplaza. Para efecto de lo anterior, el organismo administrador deberá poner a disposición del empleador un instrumento de autoevaluación de riesgos que será entregado a los trabajadores una vez iniciada la modalidad de Teletrabajo.

– En base a la autoevaluación realizada por el trabajador, el empleador deberá confeccionar, en el plazo de 30 días desde la recepción del instrumento, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y desarrollar un programa que contenga las medidas preventivas y correctivas a implementar, plazo de ejecución y obligaciones del trabajador.

– Además de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, y en el plazo de 15 días desde su confección, el empleador deberá desarrollar su programa de trabajo que contenga las medidas preventivas y correctivas a implementar.

– El empleador deberá implementar las medidas preventivas y correctivas en el siguiente orden:

1. Eliminar los riesgos;
2. controlar los riesgos en su fuente;
3. reducir riesgos al mínimo; y
4. proveer elemento de protección personal adecuados mientras perdure el riesgo.

– El empleador deberá informar por escrito a los trabajadores acerca de los riesgos que presentan sus labores, medidas preventivas y los medios de trabajo correctos. La información mínima que deberá considerar:

1. Características mínimas que debe presentar el lugar de trabajo;
2. organización del tiempo de trabajo;
3. características de los productos que se manipularán, forma de almacenamiento y uso de equipos de protección;
4. riesgos y medidas preventivas; y
5. prestaciones del seguro de la Ley No. 16.744 y procedimientos para acceder a las mismas.

– El empleador deberá efectuar una capacitación al trabajador sobre las principales medidas de seguridad y salud que debe tener presente para desempeñar sus labores, con una periodicidad no superior a 2 años. Esta capacitación podrá ser presencial o a distancia y deberá tener una duración de 8 horas.

– Todos los años el empleador deberá realizar una evaluación del cumplimiento del programa preventivo. Deberá disponer medidas de control y de vigilancia de las medidas de seguridad y salud adoptadas. Si el organismo administrador constata que las condiciones en las cuales se pretende ejecutar el trabajo ponen en riesgo la salud del trabajador deberá prescribir al empleador la implementación de medidas preventivas y correctivas para subsanar las deficiencias.

– El empleador podrá requerir al organismo administrador del seguro de la Ley No. 16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que, previa autorización del trabajador, acceda al domicilio de este e informe de si el puesto de trabajo cumple con las condiciones acordadas.

– En cualquier tiempo la Dirección del Trabajo podrá fiscalizar el debido cumplimiento de la normativa laboral en el puesto de trabajo, previa autorización del trabajador.

– El reglamento y sus disposiciones entrarán en vigencia una vez transcurridos 90 días desde su publicación, esto es, el día 1 de octubre de 2020.

Entra en plena vigencia la Ley Nº 21.220 que regula el teletrabajo. A partir del día 1 de julio de 2020, resulta necesario formalizar el sistema de teletrabajo con todos aquellos trabajadores con quienes se acordó esta modalidad de trabajo con anterioridad a abril e 2020.

03 Jul 2020

Con fecha 1 de julio de 2020, se cumplió el plazo establecido para la plena aplicación de la Ley No. 21.220, lo que determina que desde esta fecha resulte necesario formalizar el sistema de teletrabajo con todos aquellos trabajadores con quienes se acordó esta modalidad de trabajo con anterioridad a abril de 2020.

SII dicta instrucciones sobre nuevo ISFUT establecido en la Ley de Modernización Tributaria

02 Jul 2020

Con fecha 24 de junio de 2020, el SII publicó la Circular N°43 que imparte instrucciones sobre la aplicación del régimen opcional de impuesto sustitutivo de los impuestos finales establecido en el artículo 25° Transitorio de la Ley N°21.210.

Los contribuyentes de la Primera Categoría que tributen sobre la base de un balance general según contabilidad completa, que, al término de los años comerciales 2019, 2020 y 2021, mantengan utilidades acumuladas generadas hasta el 31.12.2016, pendientes de tributación con impuestos finales, podrán optar por pagar el ISFUT con una tasa fija del 30%.

Servicio e Evaluación Ambiental – Mantiene medidas de suspensión de plazos

01 Jul 2020

Con fecha 26 de junio de 2020, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”) dictó la Resolución Exenta N°202099101455, la que prorroga la suspensión de los plazos, dispuestas en virtud de las Resoluciones Exentas Nº20209910194, Nº202099101137, Nº202099101326, N°202099101401, y N° 202099101430, de la misma dirección, hasta el día 31 de julio de 2020, inclusive, todos aquellos procedimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”) tramitados ante la Dirección Ejecutiva y Direcciones Regionales del Servicio de Evaluación Ambiental que contemplen Participación Ciudadana.

Específicamente se suspende:

– La tramitación de declaraciones y estudios de impacto ambiental (“DIA” y “EIA”) con participación ciudadana (“PAC”) en curso.

– La tramitación de DIAs con carga ambiental, en la que se decretó la realización de un proceso PAC (artículo 95 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por el D.S. N°40/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, “RSEIA”).

– La tramitación de DIAs y EIAs en las que se abra una nueva etapa de PAC (artículo 92 y 96 del RSEIA).

– La tramitación de EIAs que ingresan al SEIA durante el periodo de suspensión (20 al 31 de marzo de 2020). Se admitirán a trámite, pero se entenderán suspendidos desde esa fecha. Las copias de papel necesarias para los requerimientos de PAC (artículo 29 del RSEIA), deberán entregarse una vez se reactivan los plazos de evaluación.

– La tramitación de DIAs y EIAs en los que deban realizarse reuniones con grupos humanos pertenecientes a Pueblos Indígenas (artículo 86 del RSEIA).

Tener presente que, sin perjuicio de ello, según el inciso segundo del considerando N°13 de dicha resolución, el Director Ejecutivo o Director Regional, según corresponda, podrá alzar la medida respecto de un determinado proyecto, a fin de realizar actividades de participación ciudadana, mediante resolución fundada.

Además, prorrogó los plazos establecidos en las Resoluciones Exentas N°202099101160 y N° 202099101326, de fecha 3 y 30 de abril respectivamente, ambas de la Dirección Ejecutiva del SEA, para la presentación de las Adendas, Adendas Complementarias y Excepcional, según corresponda, respecto de los procesos de evaluación tramitados ante la Dirección Ejecutiva y ante las Direcciones Regionales.

Esta suspensión corresponde a:

– Proyectos con Adendas que debían presentarse entre el 30 de junio y el 30 de agosto de 2020 (ambas fechas inclusive), se prorroga el plazo de presentación hasta el día 31 de agosto del presente, sin perjuicio de la facultad que asiste al proponente para ingresar la Adenda cuando estime conveniente dentro de dicho período del año.

– Proyectos con Adendas que deban presentarse posterior al 31 de agosto de 2020, se mantiene el plazo de presentación que se haya establecido por cualquiera de estas circunstancias: (i) en el correspondiente ICSARA; (ii) en resolución de extensión de plazo de los artículos 38 (inciso 6°), 41 (inciso 3°), 50 (inciso 5°) o 53 (inciso 3°) del RSEIA; o (iii) en virtud de la Resolución Exenta N°202099101326, de fecha 30 de abril de 2020, de la Dirección Ejecutiva del SEA.

Dirección General de Aguas – Mantiene y dispone suspensión de plazos en procedimientos administrativos en localidad que indica

01 Jul 2020

Con fecha 24 de junio de 2020, la Dirección General de Aguas (“DGA”), dictó laResolución D.G.A. (Exenta) N° 1.141, que, nuevamente, como medida provisional prorroga la suspensión de plazos determinada por las Resoluciones D.G.A. (Exenta) N° 492, de fecha 27 de marzo; N° 957, de fecha 20 de mayo; N°1.014, de 3 de mayo, todas de 2020, de la siguiente manera:

 

Región Comuna PERÍODO PRÓRROGA / SUSPENSIÓN DE PLAZO
Inicio Vencimiento
Metropolitana de Santiago

Quilicura / Huechuraba / Conchalí / Renca/ Recoleta/ Independencia/ Cerro Navia / Pudahuel / Quinta Normal/ Lo Prado/ Santiago/ Providencia/ Vitacura / Lo Barnechea / Las Condes/ LasCondes/ Estación Central/ Cerrillos/ Maipú / Pedro Aguirre Cerda/ San Miguel/ San Joaquín/ Lo Espejo/ Ñuñoa / La Reina/ Macul / Peñalolén / La Florida / La Cisterna / San Ramón / El Bosque/ La Pintana / La Granja / Buin / Puente Alto/ San Bernardo/ Padre Hurtado/ Lampa/ Colina / San José de Maipo / Til Til / Curacaví / Peñaflor / Melipilla

16 de junio

30 de junio

Tarapacá Iquique / Alto Hospicio/ Pozo Almonte 16 de junio 30 de junio
Antofagasta

Calama

10 de junio

30 de junio

Antofagasta/ Mejillones/ Tocopilla

24 de junio

30 de junio

Valparaíso

Valparaíso / Viña del Mar

15 de junio

30 de junio

San Antonio

10 de junio

30 de junio

San Felipe/ Los Andes

22 de junio

30 de junio

Libertador Bernardo O’Higgins

Rancagua / Machalí

22 de junio

30 de junio

Del Maule

Curicó

22 de junio

30 de junio

Tener presente que hay que contabilizar las suspensiones de plazos de anteriores periodos (sobre todo las establecidas en la Resolución D.G.A. (Exenta) N° 492, de fecha 27 de marzo de 2020).

Servicio Nacional de Geología y Minería – Aprueba Condicionado General de Póliza de Seguro de Garantía POL120200104 – Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras (Ley Nº 20.551, modifica por Ley Nº 21.169)

25 Jun 2020

Con fecha 25 de junio de 2020, se publicó la Resolución Exenta N°1.042, de 23 de junio de 2020, del Servicio Nacional de Geología y Minería (“SERNAGEOMIN”), aprueba Condicionado General de Póliza de Seguro de Garantía POL120200104, para los efectos de ser considerado como instrumento financiero A.1), para asegurar al estado el cumplimiento de los planes de cierre, en conformidad al artículo 52 de la Ley N°20.551, sobre cierre de faenas e instalaciones mineras, modificada por la Ley N°21.169, modificación que entró en vigencia recientemente.

Esta resolución fue dictada, de acuerdo con la modificación al Reglamento de la Ley de Cierre e Instalaciones Mineras, publicada el pasado 23 de junio de 2020, la cual, dentro de las modificaciones realizadas (el acápite 8.- c), se encontraba la referida a las “Pólizas de Seguros de Garantía a Primer Requerimiento para Cierre de Faenas Mineras”, la que requería, por parte del Servicio, una Resolución Exenta que apruebe el Condicionado General que haya sido incorporado al Depósito de Pólizas, que para estos efectos mantiene la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”).

Sentencia del Tribunal Constitucional declara la inaplicabilidad de la primera parte del inciso primero del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construccione

24 Jun 2020

En sentencia de causa Rol número 8278-20-INA, de fecha 18 de junio de 2020, el Tribunal Constitucional (en adelante el “TC”) declaró la inaplicabilidad respecto de la primera parte del inciso primero del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (en adelante “LGUC”), que dispone: “Artículo 20. Toda infracción a las disposiciones de esta ley, a su ordenanza general y los instrumentos de planificación territorial que se apliquen en las respectivas comunas, será sancionada con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra, a que se refiere el artículo 126 de la presente ley”.

El requerimiento de inaplicabilidad fue presentado por Metlife Chile Seguros de Vida S.A., con motivo de la aplicación de una multa en su contra, en aplicación del artículo 20 de la LGUC, ascendente a la cantidad de $573.929.196.-, decretada por el Primer Juzgado de Policía Local de La Florida, actualmente pendiente de revisión ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación presentado por Metlife.

Metlife fundó su requerimiento en que la aplicación del inciso primero del artículo 20 de la LGUC resultaba vulneratorio de las garantías constitucionales del administrado frente a la potestad punitiva estatal, dejando la ley a discreción del juez la fijación de la multa, sin criterios determinados, en vulneración del principio de legalidad; constituyéndose además en una sanción que infringe el principio de proporcionalidad, conculcados en la especie los artículos 1°, 5°, 6°, 7°, y 19 N°s 2, 3 y 26 de la Constitución Política.

Al respecto, el TC consideró que la multa aplicada por el Primer Juzgado de Policía Local de la Florida, por un monto de $573.929.196.-, resultaba contraria al principio de proporcionalidad contemplado en la Constitución. De esta forma, el TC consideró que la sanción careció de fundamentos al existir un criterio demasiado amplio en el inciso primero del artículo 20 de la LGUC al momento de determinar el monto de la multa (entre un 0,5 y un 20% del presupuesto de la obra), no aportando el juez en su instancia una justificación y motivos suficientes que la llevaron a adjudicar el castigo en la cantidad de $573.929.196.-, además, el TC señaló que la ejecución inmotivada de la ley (inciso primero del artículo 20 de la LGUC) encontraba causa directa e inmediata en la redacción deficiente de esa misma ley.

Dirección del Trabajo sostiene que resulta procedente otorgar un complemento económico al trabajador mientras se extienda la suspensión del contrato de trabajo conforme la Ley de Protección al Empleo

24 Jun 2020

Con fecha 22 de junio de 2020, la Dirección del Trabajo emitió el dictamen N°1959/015, en el cual se pronuncia sobre la procedencia de otorgar beneficios en dinero o en especies a los trabajadores que se encuentran con el contrato de trabajo suspendido, de conformidad a la Ley de Protección al Empleo (Ley No. 21.227).

Según lo expuesto por la Dirección del Trabajo, resulta jurídicamente procedente que, durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo, sea que esta tenga su origen en un acto de autoridad o por un pacto de suspensión temporal del contrato, el empleador otorgue a los trabajadores beneficios en dinero o en especie, con el objeto de complementar lo que les corresponde percibir con cargo al Seguro de Desempleo.

Lo anterior en la medida de que tales beneficios tengan por único objeto paliar las consecuencias de la situación actual y que no suponga para los trabajadores la obligación de prestar servicios mientras el contrato de trabajo esté suspendido.

Ministerio de Minería – Modificación del Reglamento de la Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras (Ley Nº 20.551)

23 Jun 2020

Con fecha 23 de junio de 2020, se publicó en el Decreto Supremo N°6, de 30 de enero de 2020, del Ministerio de Minería, el que modifica el Decreto Supremo N°41, de 22 de noviembre de 2012, del mismo ministerio, el que aprueba el Reglamento de la Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras (Ley N°20.551), con el fin de implementar las modificaciones incorporadas por la Ley N°21.169, con respecto a incorporar a las pólizas de seguro de garantía a primer requerimiento emitidas por compañías de seguros nacionales como instrumentos dentro de la categoría A.1) del artículo 52 de la ley Nº20.551, siendo éstas suficientes para garantizar el cumplimiento de los planes de cierre de faenas e instalaciones mineras.

Al entrar en vigencia la Ley N°21.169, todas las empresas mineras sometidas al procedimiento de aplicación general, que se acogieron al régimen transitorio de la Ley N°20.551 (planes de cierre simplemente valorizados), deberán actualizar sus planes de cierre (sin necesidad de que una auditoría lo ordene), de manera que incorporen una evaluación de riesgos, para así determinar las medidas, actividades y obras de cierre y post cierre, a fin de proteger la vida, la salud de las personas y el medio ambiente. Lo anterior ya fue advertido por la Resolución Exenta N°40, de 10 de enero de 2020, del Servicio Nacional de Geología y Minería (“SERNAGEOMIN”), publicada el 17 de enero de 2020.

Ley Nº 21.240 – Modifica el Código Penal para sancionar más duramente el incumplimiento del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia.

23 Jun 2020

Con fecha 20 de junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.240, la que modifica el Código Penal para sancionar más duramente el incumplimiento del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia.

En lo relativo a las modificaciones al Código Penal, a aquellos crímenes y simples delitos contra la Salud Pública, podemos destacar que:

1. Aumenta la penalidad de la conducta sancionada en el actual artículo 318 del Código Penal, el que sanciona al que pone en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. Específicamente, aumenta la pena de este delito de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) a presidio menor en su grado mínimo a medio (hasta 3 años y un día). Además, se aumenta la multa asociada a su comisión, elevando el tramo superior de 20 a 200 unidades tributarias mensuales.

2. Asimismo, al mismo artículo 318, se incorpora como agravante especial, las convocatorias a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo de catástrofe, pandemia o contagio.

3. En conjunto con ello, incorpora nuevo un nuevo artículo, el 318 bis, sancionando a “… El que, en tiempo de pandemia, epidemia o contagio, genere, a sabiendas, riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo, y multa de veinticinco a doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales.”.

4. Como la inclusión más importante, encontramos la inclusión de otro artículo, el 318 ter, sancionando a “… El que, a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, le ordene concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia, y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria…”. La pena consiste en presidio menor en sus grados mínimo a medio (hasta 3 años y un día) y una multa de 10 a 200 unidades tributarias mensuales, por cada trabajador al que se le hubiere ordenado concurrir.

Es importante señalar que, para una interpretación armoniosa de este nuevo tipo penal, debe entenderse que la norma no se aplica respecto a las empresas expresamente exceptuadas por el respectivo Instructivo para Permiso de Desplazamiento, actualizado al 19 de junio de 2020, en cuanto a aquellas medidas generales (cuarentenas territoriales; cordones sanitarios y/o toque de queda); pero sí aplica respecto de medidas personales a todas las empresas (personas confirmadas con Covid-19, contactos estrechos, personas que provienen del extranjero, etc).

En lo relativo a las modificaciones a la Ley N°20.393, la que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica, podemos destacar que:

1. El nuevo delito incorporado como artículo 318 ter, se ha incorporado también al catálogo de la Ley N°20.393, de tal manera que no sólo responderán los empleadores (personas naturales) que cometan el delito bajo las condiciones antes señaladas, sino que también la propia empresa a la que pertenezcan, en la medida que ello implique un beneficio y se cumplan los demás requisitos dispuestos en la Ley 20.393 para imputar la responsabilidad penal corporativa.

Ley Nº 21.236 – Regula la Portabilidad Financiera

16 Jun 2020

Con fecha 9 de junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.236 (la “Ley”), que regula la Portabilidad Financiera, promulgada el día 3 del mismo mes. Su objeto es promover la portabilidad financiera, facilitando que las personas, micro y pequeñas empresas se cambien de un proveedor de servicios financieros a otro, o de un producto o servicio financiero vigente a otro contratado con el mismo proveedor, según lo estimen conveniente. Esta ley entrará en vigencia transcurridos 90 días desde su publicación, es decir, a partir del 8 de septiembre de 2020, aplicándose tanto a los productos financieros que se encuentren vigentes a la fecha de publicación como a los que se contraten con posterioridad.

La Ley señala que portabilidad financiera aplica a aquellas personas, naturales o jurídicas, que mantengan vigente uno o más productos o servicios financieros, y que tengan la calidad de consumidor conforme a la ley N° 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, o tengan la calidad de micro o pequeñas empresas conforme a la Ley N° 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño. En favor de dichas personas se establece la portabilidad financiera como un derecho, por lo que cualquier cláusula en contrario a este derecho se entenderá por no escrita.

En términos generales, el proceso de portabilidad podrá ser (i) con subrogación, en donde se celebra un nuevo crédito con un nuevo proveedor, para satisfacer las obligaciones de un crédito que se mantiene con un proveedor inicial, produciéndose la subrogación especial del crédito, y subsistiendo las garantías que caucionan éste; o (ii) sin subrogación, en donde al contratar nuevos productos o servicios financieros con un nuevo proveedor, poniéndose término a los que el cliente mantenía inicialmente con el proveedor inicial, y extinguiéndose las garantías que caucionaban dichos productos o servicios. Se hace presente que el proceso de portabilidad podrá tener lugar tanto entre productos y servicios otorgados por distintos proveedores, como entre productos o servicios otorgados por el mismo proveedor.

La Ley establece que ésta será considerada como una norma de protección a los derechos de los consumidores, aplicándose supletoriamente la Ley N° 19.496. Asimismo, para efectos del tratamiento de datos personales que se realice en virtud de esta ley, se deberá cumplir con las disposiciones de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Por último, cabe señalar que el artículo 22 de la Ley establece que dentro de los 45 días siguientes a la fecha de publicación de ésta, es decir, a más tardar el 24 de julio de 2020, los Ministerios de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo, deberán dictar el reglamento que regule todos los aspectos necesarios para su correcta aplicación.

Llamado a consulta pública para fijación de áreas típicas para el VAD 2020—2024

30 Dic 2019

Este lunes 30 de diciembre se publicó en el Diario Oficial el llamado a consulta pública para la fijación de las Áreas Típicas para el cálculo de las componentes del Valor Agregado de Distribución (“VAD”), cuadrienio noviembre 2020-noviembre 2024, establecidas en el informe contenido en la resolución exenta Nº805, de 23 de diciembre de 2019, de la Comisión Nacional de Energía (“CNE”).

Cabe indicar que en este proceso serán de aplicación las nuevas disposiciones contenidas en la Ley N°21.194/2019, que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica (“Ley Corta”).

El plazo de la referida consulta pública se extenderá por 15 días hábiles, contados desde esta fecha, período durante el cual el referido informe y el formato para efectuar observaciones se encontrarán disponibles en el sitio de dominio electrónico de la CNE, en el siguiente enlace:

https://www.cne.cl/tarificacion/electrica/valor-agregado-de-distribucion/

Publicada Norma Técnica de Servicios Complementarios

27 Dic 2019

El 26 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Resolución exenta N° 786, de 2019, de la Comisión Nacional de Energía, que Aprueba norma técnica de servicios complementarios; aprueba modificaciones a la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, y anexos técnicos que indica, aprobada mediante resolución Nº 299 exenta, de 2018, y aprueba texto refundido y sistematizado de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, y sus anexos técnicos.

Dicha norma se ha dictado considerando la entrada en vigencia del nuevo régimen de Servicios Complementarios que ocurrirá con fecha 1 de enero de 2020.

Publicada “Ley Corta” de distribución

23 Dic 2019

El pasado sábado 21 de diciembre se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.194, que Rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, denominada “Ley Corta”, que introduce importantes mejoras en términos de participación en el proceso de tarificación de la distribución eléctrica, introduce precisiones para la determinación de las denominadas “áreas típicas” incrementando su representatividad, reduce la rentabilidad de las empresas distribuidoras introduciendo instrumentos que permiten reflejar el riesgo del negocio, dar señales de largo plazo de inversión eficiente, retribuir adecuadamente la infraestructura y evitar sobre rentas, y somete a dichas empresas, sean sociedades anónimas abiertas o cerradas, a las reglas de la Ley de Sociedades Anónimas en materia de operaciones entre partes relacionadas, entre otras materias.

Tribunal Constitucional declara inconstitucional exención de evaluación ambiental establecida por la Ley de Presupuesto 2020

23 Dic 2019

Con fecha 17 de diciembre de 2019, el Tribunal Constitucional (“TC”), en causa Rol N° 7896-19, acordó acoger parcialmente el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por 41 Diputados y Diputadas de la República, en relación con las modificaciones introducidas por el Senado al capítulo 06, programa 01, subtítulo 33, ítem 02, asignación 005, de la partida 13 ”Ministerio de Agricultura”, la cual incorpora una nueva glosa a la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2020, contemplando que la Comisión Nacional de Riego puede permitir la postulación a concursos de la ley N°18.450 de embalses de volumen superior a 50.000 metros cúbicos e inferiores a 300.000 metros cúbicos, sin importar la altura de su muro, sin que estos deban ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental.

Específicamente el TC declaró que, de la glosa descrita, es inconstitucional la:

– Expresión: “sin que éstos deban ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental establecido en la ley N° 19.300, que aprueba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y sus reglamentos”; y

– Frase: “Los proyectos que no postulen a los concursos de CNR, pero que sean de la misma naturaleza que los antes mencionados, tendrán las mismas exenciones”.

Publicación del Reglamento de la Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional

20 Dic 2019

Hoy, 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial el DS N°125, de 19 de diciembre de 2017, del Ministerio de Energía, por el que se aprueba el Reglamento de la Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional.

 

El referido reglamento  tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables a la coordinación y operación del Sistema Eléctrico Nacional (“SEN”), así como las demás materias necesarias para el adecuado ejercicio de las funciones del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional (“CEN”), y los derechos y deberes de los entes sujetos a dicha coordinación. Adicionalmente, contiene las disposiciones aplicables a la programación de la operación que deba efectuar el CEN de los Sistemas Medianos en que exista más de una empresa generadora en conformidad a la LGSE.

Asimismo, es importante destacar que el Reglamento introduce modificaciones al DS N°244/2005, sobre PMGD’s, en cuanto a los requisitos para su declaración en construcción, retiro, modificación y desconexión, si bien cabe recordar que actualmente se encuentra en trámite de toma de razón un nuevo reglamento de PMGD’s que derogará el citado DS N°244.

Aprobación informe consolidado de respuestas del procedimiento normativo de elaboración de la Norma Técnica de Servicios Complementarios de CNE

19 Dic 2019

Hoy, 19 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Resolución exenta N° 769, de 2019, de la Comisión Nacional de Energía (“CNE”), que aprobó el Informe Consolidado de Respuestas correspondiente al procedimiento normativo de elaboración de la Norma Técnica de Servicios Complementarios (“NTSSCC”), que corresponde al Plan Normativo Anual para la elaboración y desarrollo de la normativa técnica correspondiente al año 2018 (de acuerdo al artículo 72°-7 de la Ley General de Servicios Eléctricos). Este informe, corresponde a la etapa final de elaboración de las Normas Técnicas (según D.S. N° 11/2017 del Ministerio de Energía), antes de la dictación del texto definitivo, proceso que se inició mediante Resolución Exenta CNE N°782 (4.12.2018); designando posteriormente el Comité Consultivo Especial por Resolución Exenta CNE N°19 (16.01.2019); e iniciando la Consulta Pública mediante avisos en el Diario Oficial (17.08.2019 y 5.09.2019), la que culminó con fecha 17.09.2019.

Plan de Prevención y de Descontaminación Atmosférica (PPDA) para el Concepción Metropolitano

18 Dic 2019

Con fecha 17 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial el Plan de Prevención y de Descontaminación atmosférica para las comunas de Concepción Metropolitano (“PPDA”), comprendiendo las comunas de Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Hualqui, Chiguayante, Concepción, Hualpén, Talcahuano, Penco y Tomé.

Los antecedentes de dicho plan lo conforman los DS N°41/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (“SEGPRES”), que declara zona latente por material particulado MP10 en dichas comunas; y el DS N°15/2015 del Ministerio del Medio Ambiente (“MMA”) que declara zona saturada por material particulado MP2,5 en las mismas comunas.

Por lo tanto, la dictación y posterior publicación del Decreto N°6/2018 del MMA, el que contiene el mencionado PPDA, corresponde a una respuesta a una obligación que el propio legislador le impuso a la autoridad, específicamente en sus artículos 43 y siguientes de la Ley N°19.300.

La fiscalización de su cumplimiento estará en manos de la Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”) en coordinación con organismos sectoriales con atribuciones en su implementación. Por lo que su incumplimiento puede generar las respectivas responsabilidades: infraccional (art. 35, letra c) de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente), ambiental (artículo 52 de la Ley N°19.300) y civil.

Aprobación de texto refundido de Norma Técnica de Distribución de la CNE

18 Dic 2019

El pasado sábado 14 de diciembre se publicó en el Diario Oficial la Resolución exenta N° 763, de 2019, de la Comisión Nacional de Energía (“CNE”), que aprobó el texto refundido y sistematizado de la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución (“NTD”), que fue objeto de modificaciones con ocasión de los trabajos efectuados por la CNE como parte de su Plan Anual Normativo 2019. Dicho proceso contó con la participación del Comité Consultivo conformado al efecto, así como con una instancia de consulta pública, respecto de la cual la CNE emitió un informe consolidado de respuestas a las consultas formuladas.

El texto refundido de la NTD puede encontrarse en el siguiente link

Ley Nº21.193 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, modifica la Ley Nº21.131 que establece el pago a 30 días

17 Dic 2019

Con fecha 12 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº21.193 que modifica la Ley Nº21.131 que establece el pago a 30 días.

La Ley introduce cambios en la entrada en vigencia efectiva de la norma que establece la obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura en el plazo de 30 días.

En virtud de la modificación de esta ley, se reduce el plazo de vigencia de la forma que se indica a continuación:

(i)            Se establece que el plazo máximo de pago será de 60 días corridos, contado desde la recepción de la factura, por el tiempo que medieentre la publicación de esta ley, hasta el último día del tercer mes siguiente a la publicación.

(ii)          Transcurridos los tres meses, comenzará a regir la obligación de pago en un plazo de 30 días.

Dirección General de Aguas ordena instalar sistemas de medición de extracciones en Laguna de Aculeo

02 Dic 2019

Con fecha 02 de diciembre de 2019 se publicó la Resolución Exenta DGA N°1.853, de 19 de noviembre de 2019, por medio de la cual, la Dirección General de Aguas (“DGA”) de la Región Metropolitana ordenó instalar y mantener sistemas de medición y de transmisión de extracciones efectivas a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, con puntos de captación dentro del sector hidrológico de aprovechamiento común Laguna de Aculeo.

Los antecedentes, dentro de otros, a esta orden, son la Resolución DGA N°12, de 22 de junio de 2018, que modifica la Resolución DGA N°277, de 24 de septiembre de 2008, declarando área de restricción los sectores hidrogeológicos de El Monte Nuevo y Laguna de Aculeo, y la Resolución DGA N°1.238, de 21 de junio de 2019, que determinó las condiciones técnicas y plazos a nivel nacional para cumplir con la obligación de instalar y mantener sistemas de medición y transmisión de extracciones efectivas en las obras de captación de aguas subterráneas.

El incumplimiento de lo ordenado por la Resolución N°1.853/2019 dará lugar a la instrucción del correspondiente procedimiento de sanción y a lasmultas respectivas según las normas del Código de Aguas.

Comisión Nacional de Energía publica informe consolidado de preguntas y respuestas para modificación de NT de calidad de servicio de distribución

29 Nov 2019

Con fecha 29 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Resolución Exenta N°732, de 2019, de la Comisión Nacional de Energía (“CNE”), que aprobó el informe consolidado de respuestas a que se refiere el art.34º del D.S. Nº11, de 2017, de Energía, que aprueba reglamento para la dictación de normas técnicas que rijan los aspectos técnicos, de seguridad, coordinación, calidad, información y económicos del funcionamiento del sector eléctrico, correspondiente al procedimiento de modificación de la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución.

El texto íntegro del informe consolidado de respuestas puede consultarse en el sitio web institucional de la CNE (www.cne.cl).

Ley de Presupuestos 2020 aprueba exención de ciertos embalses del trámite de evaluación ambiental

28 Nov 2019

Con fecha 26 de noviembre de 2019 se aprobó la Ley de Presupuestos para el año 2020 (“LP 2020”), contemplando en el presupuesto de la Comisión Nacional de Riego una glosa según la cual, considerando la situación excepcional de escasez hídrica, dicha Comisión puede permitir la postulación a concursos de la ley N°18.450 de embalses de volumen superior a 50.000 metros cúbicos e inferiores a 300.000 metros cúbicos, sin importar la altura de su muro, sin que estos deban ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental.

Si bien una glosa similar a la expuesta ya se contenía en la ley de presupuestos de 2019, en la LP 2020 la glosa respectiva añade que “(…) los proyectos que no postulen a los concursos de la Comisión Nacional de Riego, pero que sean de la misma naturaleza que los antes mencionados, tendrán las mismas exenciones…”. De esta forma, por medio de la referida glosa se extiende la exención de evaluación ambiental a todo tipo de proyectos de embalse de entre 50.000 y 300.000 mts. cúbicos, sea que participen o no en los concursos de la ley N°18.450.

Sin embargo, a diferencia de la ley de presupuestos de 2019, que también excluía la necesidad de contar con la aprobación del embalse por la DGA (ex art.294 Código de Aguas -“CdA”-), la glosa de la LP 2020 no contiene tal exención, por lo que los aludidos embalses sí requieren contar con la aprobación y autorización de la DGA, la que se emite sólo si se ha comprobado que la obra no afectará la seguridad de terceros ni producirá contaminación de las aguas (art.295 CdA).

Corte Suprema ordena suspensión de operación de central hidroeléctrica por carecer de recepción de obras (Rol N° 26.650/2019)

26 Nov 2019

Con fecha 15 de noviembre de 2019 la Corte Suprema dictó sentencia en el recurso de casación en el fondo interpuesto en la causa “Moraga con Ministerio de Obras Públicas-Dirección General de Aguas” (Rol N°26.650/2018). En su fallo la Corte dejó sin efecto la Resolución Exenta DGA N°712, de 23 de Noviembre de 2017, y decretando como de medida de operación transitoria la suspensión de la utilización de la tubería de aducción de la Central Hidroeléctrica.

Para ello, a partir de un análisis “…desde una perspectiva integradora del ordenamiento jurídico administrativo…”, la Corte estimó que pese a no existir atribución expresa de una facultad de suspender la operación de una central (o de alguno de sus elementos), de una revisión global de las normas aplicables al caso (esto es, arts.294, 295, 296 y 307 del Código de Aguas y DS 50/2015, reglamento de obras mayores -art.57-) así como a partir del principio de coordinación de los órganos de la Administración del Estado (art.3 LBGAE), es claro que la DGA posee atribuciones para ordenar la suspensión de la operación de una central hidroeléctrica que no cuenta con certificado de recepción de obras.

SMA dicta Instrucciones para la Conexión en Línea de los Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones

25 Nov 2019

Con fecha 23 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Resolución Exenta N°1.574, de 12 de noviembre de 2019, de la Superintendencia de Medio Ambiente (“SMA”), por medio de la cual se aprobó el documento denominado “Instrucción General para la Conexión en Línea de los Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones – CEMS”.

La instrucción tiene por objeto que los titulares de Unidades Fiscalizables que cuentan con CEMS, procedan a conectarlos en línea con la SMA y a reportar en tiempo real los valores de los parámetros medidos por los mismos. Ello, con el fin de tener una correcta administración de la información; adelantar y hacer un mejor análisis de los reportes que se envíen posteriormente según lo ordena cada instrumento de carácter ambiental; generar una aplicación útil de tales antecedentes para la detección temprana de posibles desviaciones o irregularidades; la consecuente adopción oportuna de las medidas o acciones que se determinen adoptar; así como para la priorización de futuras fiscalizaciones y resolución de procedimientos de competencia de la SMA.

Fiscalía Nacional Económica publica Informe Preliminar del Estudio de Mercado sobre Medicamentos

21 Nov 2019

En abril de 2018, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un Estudio de Mercado sobre Medicamentos, con la finalidad de analizar toda la cadena de producción, distribución, dispensación y comercialización de la industria farmacéutica, incluyendo a los agentes relevantes que participan en la oferta y demanda de medicamentos. Como resultado de este Estudio, con fecha 20 de noviembre de 2019, la FNE publicó en su sitio web el Informe Preliminar, en virtud del cual, en términos amplios, recomienda una reforma estructural del área que genere un mayor nivel de competencia, con el objeto de disminuir los precios de medicamentos y facilitar con ello su acceso a la población.

En particular, a la luz de este Informe se identifican tres grandes áreas, respecto de las cuales la FNE realiza las siguientes recomendaciones para aumentar la competencia del mercado y, especialmente, de los precios:

Elección de nuevos regímenes tributarios

06 Dic 2016

En virtud de la ley N° 20.899 de 2016, sobre simplificación de la Reforma Tributaria, las personas jurídicas que puedan optar por un régimen tributario (Régimen de Renta Atribuida, Régimen de Imputación Parcial o bien al sistema de tributación simplificada), deben hacerlo antes del 31 de diciembre del 2016. Sin embargo, algunos contribuyentes organizados bajo una determinada entidad y/o con personas jurídicas en la propiedad, se les impone obligatoriamente el Régimen de Imputación Parcial.

Derecho a sufragio en el extranjero

04 Nov 2016

En virtud de la ley N° 20.748 de 2014 que modificó la Constitución Política de Chile, se consagró el derecho a sufragio para los ciudadanos chilenos que se encuentren fuera del país.

Para regular este derecho, la ley N° 20.960 de 18 de octubre de 2016, que Regula el Derecho a Sufragio en el Extranjero, modificó la ley N° 18.556 de 1986, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.

Exigencias legales para las facturas y guías de despacho

25 Oct 2016

Conforme a la ley N° 19.983 de 2004 (artículo 5), existen una serie de exigencias legales para las facturas y guías de despacho tengan fuerza ejecutiva en caso que el deudor no cumpla su obligación de pago.

La copia de la factura tendrá mérito ejecutivo (es decir, servirá de fundamento para una acción judicial más rápida y eficiente) cuando:

(i) No haya sido reclamada, esto es, devuelta al momento de su entrega, o que su contenido no haya sido reclamado al emisor, con la devolución de la factura o solicitando la emisión de la respectiva nota de crédito, mediante carta certificada u otro medio fehaciente dentro del plazo convencional (no podrá exceder 30 días corridos contados desde su recepción) o legal (dentro de los 8 días corridos desde su recepción);

(ii) Que su pago sea actualmente exigible y la acción para su cobro no esté prescrita (1 año desde el vencimiento de la factura; en caso de vencimientos parciales, el plazo de prescripción se contará desde cada vencimiento);

(iii) Que en la factura conste el recibo de las mercaderías entregadas o del servicio prestado, identificando el recinto y fecha de la entrega o prestación, así como de la persona que firma su recepción. Si en la copia de la factura no consta el recibo de las mercaderías, igualmente tendrá mérito ejecutivo cuando se acompañe copia de la guía o guías de despacho en la que conste el respectivo recibo;

(iv) Se notifique judicialmente sin que se alegue la falsificación material de la factura o guía de despacho respectiva, la falsificación de su recibo, la falta de entrega o de la prestación del servicio, o bien, si se alegan, que sean rechazadas por resolución judicial.

 

Norma sobre reportes a la SMA

28 Sep 2016

Con fecha 27 de septiembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial y entró a regir la Resolución Exenta N° 885/2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que contiene Norma de carácter general sobre deberes de reporte a la superintendencia del medio ambiente  de avisos, contingencias e incidentes a través del sistema de seguimiento ambiental.

Reforma laboral – Modificación Código del Trabajo

15 Sep 2016

Con fecha 8 de septiembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial la ley N° 20.940 “Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales”. Esta ley, que modifica el Código del Trabajo principalmente en materia de negociación colectiva, entrará en vigencia a contar del 1° de abril de 2017. Entre sus diversas disposiciones, cabe destacar las siguientes:

Responsabilidad Extendida del Productor

05 Sep 2016

El 1º de junio se publicó en el Diario Oficial, la Ley 20.920, que establece el Marco para la Gestión de Residuos, Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje.

A través de este cuerpo legal, se introduce un nuevo instrumento de gestión ambiental denominado Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

Derecho Real de Conservación

05 Sep 2016

Con fecha 31 de mayo de 2016 fue aprobado por el Congreso Nacional y enviado al Ejecutivo para su promulgación, el proyecto de ley que establece el Derecho Real de Conservación (Boletín N° 5.823-07).

A través de este cuerpo legal, se establece un nuevo derecho real en nuestro ordenamiento jurídico, por medio del cual se podrá conservar el patrimonio ambiental de un predio o ciertos atributos o funciones del mismo.

Ley Sobre Libre Competencia

05 Sep 2016

El 30 de agosto de 2016 se publicó en el Diario Oficial la ley N° 20.945, que perfecciona el sistema de la libre competencia previsto en el DL 211. Salvo algunas excepciones, esta ley entra en vigencia a contar de su fecha de publicación.

De esta nueva normativa, destacamos:

Ley del Lobby

10 Ago 2015

Se define lobby como aquella gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos conforme a la ley respecto de los actos y decisiones reguladas en la misma.

Por su parte, gestión de interés particular corresponde a aquella gestión o actividad ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, no remunerada, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos.

Son sujetos activos quienes realizan gestiones de lobby o gestión de interés particular y sujetos pasivos las autoridades y funcionarios frente a los cuales se realiza lobby o gestión de intereses, señalados en la ley o en una resolución administrativa especial que dicte el jefe de servicio.

La diferencia en términos jurídicos entre lobbistas y gestores de intereses particulares, dice relación con el hecho de ser remunerado por la gestión específica que desarrollan ante la autoridad o funcionario. Es considerado lobbista la empresa o persona natural que es remunerada por un tercero para representar sus intereses, mientras quien realiza una gestión o actividad con el objetivo promover, defender o representar su interés o de su empresa, es gestor de intereses particulares.

Audiencia o reunión, consiste en el acto de oír, en el cual el sujeto pasivo de lobby recibe a un lobbista o gestor de intereses particulares, en forma presencial o virtual por medio de videoconferencia audiovisual, para tratar alguna de las materias reguladas en la ley, en la oportunidad y modo que disponga el sujeto pasivo. No se consideran los llamados telefónicos y correos electrónicos.

Ley de Fármacos

10 Ago 2015

El objetivo de la nueva norma es garantizar acceso a medicamentos en forma oportuna, con calidad comprobada en términos de eficacia y seguridad a todos los chilenos.

Aspectos destacados:

– El médico debe indicar el principio activo del medicamento, para así permitir el intercambio, a solicitud del paciente, del medicamento recetado por otro bioequivalente.

– Los laboratorios farmacéuticos deben publicar la lista de precios y en las farmacias cada producto deberá contener el precio en su envase.

– Se prohíbe entregar incentivos económicos con un criterio finalista que induzca a privilegiar el uso de determinado producto sobre otro.

– Se permite el fraccionamiento o la entrega de dosis unitarias conforme a receta médica, cuyo objetivo es que los pacientes no paguen de más por medicamentos que no necesitan

– Establece la obligación de que los medicamentos de venta directa estén disponibles en góndolas, materias que la Ley se supedita a la dictación de reglamentos.

Ley Única de Fondos

10 Ago 2015

Con fecha 7 de enero de 2014, se publicó la Ley N° 20.712 sobre la “Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales”, también conocida como “Ley Única de Fondos” (LUF), que reúne en un solo cuerpo normativo todos los fondos existentes en la legislación chilena, a saber: fondos de inversión públicos y privados, fondos mutuos, fondos para la vivienda y fondos de capital extranjero.

En este documento nos enfocamos en el análisis de los Fondos de Inversión Privados (FIP), puesto que ellos constituyen un importante vehículo de inversión para la realización de negocios en Chile.

Ley de Insolvencia y Emprendimiento

10 Ago 2015

Con la dictación de la Ley N° 20.720, se sustituye el régimen concursal vigente (Ley de Quiebras), y se perfecciona además el rol de la Superintendencia del ramo.

La nueva Ley distingue entre empresa deudora y persona deudora:

Empresa deudora: Será aquella persona jurídica privada, con o sin fines de lucro, y toda persona natural contribuyente de primera categoría o trabajador independiente (aquellas que emiten facturas o boletas).

Persona deudora: Es aquella persona natural no comprendida en la definición de empresa deudora como los trabajadores dependientes y a aquellos que no siéndolo, igualmente son sujeto de crédito, como las dueñas de casa, los jubilados y los estudiantes, entre otras.

Asimismo, establece una serie de procedimientos ya sea de reorganización o de liquidación concursal, cuya aplicación en uno u otro caso dependerá de la calidad de deudor de que se trate, los que analizaremos a continuación.

Modificación Código del Trabajo sobre Jornada Laboral

07 Ago 2015

Las horas ordinarias trabajadas en día domingo tendrán un recargo de, a lo menos, un 30%, calculado sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria, que debe liquidarse y pagarse conjuntamente con las remuneraciones del respectivo período.

El valor de la hora ordinaria y el recargo señalado serán la base de cálculo a efectos de determinar, en su caso, el valor de la hora extraordinaria trabajada en dichos días domingos.

Tendrán derecho a este recargo todos los trabajadores del comercio y de servicios que atiendan directamente al público, cualquiera sea la jornada en que se encuentren contratados.

Reforma Tributaria

06 Ago 2015

A partir del 1° de enero de 2017, la Reforma Tributaria cambiará el sistema de tributación de las empresas, creando dos regímenes de tributación paralelos, los que serán de libre elección de los dueños, socios, accionistas, comuneros o cooperados, en su caso:

Régimen de Renta Atribuida:  consiste en que los contribuyentes del Impuesto a la Renta de Primera Categoría deberán tributar al término del ejercicio, con un impuesto con tasa del 25% sobre todos los ingresos percibidos o devengados y las rentas que le hayan sido atribuidas desde las empresas, sociedades, comunidades o cooperativas en las que tengan directa o indirectamente participación.

La renta así determinada será atribuida a sus dueños, socios, accionistas, comuneros o cooperados, en la misma proporción en la que éstos participen en su empresa, sociedad, comunidad o cooperativa, quienes deberán para ese mismo ejercicio incorporarla en su declaración y pago del Impuesto Global Complementario o el Impuesto Adicional, según corresponda (Impuestos Finales), no obstante que dichas rentas no hayan ingresado a su patrimonio por no haber retirado las utilidades ni recibido el pago de dividendos alguno.

Los contribuyentes de los Impuestos Finales tendrán derecho a imputar totalmente el crédito por el impuesto de Primera Categoría pagado por esa empresa, sociedad, comunidad o cooperativa, para el mismo ejercicio.

El Régimen de Renta Atribuida obliga a los contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría que se acojan al mismo, a mantener hasta 8 registros, regulados todos por la Ley de la Renta, en los que deberán registrar las rentas atribuidas propias o de terceros, los créditos, los retiros de utilidades o distribución de dividendos efectivos, los ingresos no renta o exentos, etc.

Régimen Parcialmente Integrado: los contribuyentes de Primera Categoría podrá declarar sus rentas de conformidad al régimen “semi” o “parcialmente” integrado (Régimen de Imputación Parcial), cuya principal característica es que se declaran y pagan las rentas percibidas o devengadas por la empresa, sociedad, comunidad o cooperativa y sus dueños, accionistas, socios, comuneros o cooperados, tributarán sólo por aquellas utilidades o dividendos efectivamente retiradas o distribuidos, respectivamente.

La tasa del Impuesto de Primera Categoría aplicable será del 25,5% para el año 2017 y del 27% a partir del año 2018. Los contribuyentes de los Impuestos Finales tendrán derecho a la imputación parcial del Crédito, en contra del Impuesto Global Complementario o el Impuesto Adicional que les corresponda pagar en ese mismo ejercicio, por las utilidades o dividendos efectivamente retiradas o distribuidos.

La imputación parcial se traduce que en contra de los Impuestos Finales podrán los contribuyentes imputar el 100% del Crédito, pero inmediatamente, deberán restituir al Fisco el 35% de ese crédito, lo que se traduce, en definitiva, que sólo podrán aprovechar un 65% de Crédito. La única excepción a esta regla, aplica para los contribuyentes del Impuesto Adicional, en cuanto tengan domicilio o residencia en alguno de los países con los que Chile haya suscrito un convenio para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal, puesto que la Ley de la Renta les permitirá utilizar el 100% del Crédito.

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Principales diferencias entre uno y otro régimen

  1. La tasa del impuesto de Primera Categoría en el Régimen Parcialmente Integrado (27%) será de 2 puntos porcentuales superior a la del Régimen de Renta Atribuida (25%)
  2. En el Régimen de Renta Atribuida los contribuyentes de los Impuestos Finales tributarán por todas las rentas que las empresas, sociedades, comunidades o cooperativas en las que participen directa o indirectamente perciban o devenguen o se les hayan atribuido, en la proporción correspondiente. En el Régimen Parcialmente Integrado, declaran y pagan impuestos por aquellas rentas efectivas, es decir, por las utilidades retiradas y/o por los dividendos que les hayan distribuido
  3. El Crédito podrá imputarse a los Impuestos Finales, totalmente en el Régimen de Renta Atribuida y parcialmente (y hasta en un 65%) en el Régimen Parcialmente Integrado