Con fecha 17 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial el Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local Derivados de Proyectos de Crecimiento Urbano, que es parte de la Ley 20.958, sobre Aportes al Espacio Público.

El referido Reglamento, que comenzará a regir desde noviembre del presente año, modifica sustancialmente las normas de mitigación de los proyectos urbanos en atención a los principios de universalidad, proporcionalidad, predictibilidad y gradualidad.

La normativa busca que los proyectos inmobiliarios tanto públicos como privados mitiguen los impactos urbanos que generan en su entorno, reemplazándose los Estudios de Impactos sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) por Informes de Mitigación de Impacto Vial (IMIV). Bajo este nuevo sistema, se establecen tres tipos distintos de IMIV, a saber:

– Básico: Orientado al cumplimiento de normas, no requiere modelación de transporte y aplica a proyectos pequeños que representan la mayoría de los proyectos.

– Intermedio: Requiere modelación de transporte sin reasignación, aplica a gran cantidad de proyectos menores y medianos.

– Mayor: Requiere modelación de transporte con reasignación, aplica a los proyectos más grandes.

Además, se persigue que los proyectos urbanos realicen aportes al Espacio Público a través de formas alternativas al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece la obligación de ceder terrenos para vialidad y áreas verdes. Esta forma alternativa consiste en entrega en dinero, considerando el destino y la densidad de la zona en que se emplaza el proyecto urbano, hasta por el equivalente a un 44% del avalúo fiscal del terreno en que se desarrollará el proyecto. El monto en aporte se regula y fija a través de una tabla que detalla los criterios para la determinación de éstos.

Con fecha 6 de mayo de 2020, el Congreso Nacional aprueba y despacha Proyecto de Ley que busca modificar Ley N°21.227, que permite el acceso extraordinario a las prestaciones del seguro de cesantía.

En lo particular, el proyecto modifica e incorpora entre otros, los siguientes aspectos:

1. Se aumenta el porcentaje del monto de las cotizaciones que debe pagar el empleador que se acoge al beneficio de suspensión de contrato (por acto de autoridad y mutuo acuerdo), estableciendo dos bases de cálculo diferenciadas. Las cotizaciones previsionales y de seguridad social, se calcularán sobre la última remuneración percibida. Para el caso de las cotizaciones de pensión (AFP), la base de cálculo será el monto percibido por parte de la AFC en el mes respectivo.
2. Respecto de los trabajadores cuyos contratos se encuentren suspendidos, no se podrá invocar la causal necesidades de la empresa, pudiendo en tal caso únicamente terminarse la relación laboral, por medio de las causales del artículo 159, números 1 al 5 del Código del Trabajo.
3. Se reitera que los trabajadores que presten servicios necesarios en actividades excluidas de paralización no podrán acogerse a los beneficios de esta Ley, pero se establece una excepción respecto de los trabajadores de dichas empresas, cuyos servicios no sean necesarios para la continuidad de dichas actividades. En tal caso, tendrán que suscribir el pacto de suspensión por mutuo acuerdo.
4. Se dispone que, respecto de los trabajadores de casa particular, el empleador estará obligado al pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto de su cargo como las del trabajador, incluyendo también, la cotización a que se refiere el literal a) del inciso 5to del artículo 163 del Código del Trabajo.
5. Respecto a la suspensión de mutuo acuerdo, se presumirá que la actividad del empleador fue parcialmente afectada cuando haya disminuido en al menos un 20% sus ingresos por ventas o servicios netos del IVA, en el mes anterior a la suscripción del pacto.
6. Se establece de manera expresa en la Ley, el derecho del trabajador de recurrir a la Dirección del Trabajo para denunciar que el pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo adolece de vicios en su celebración.
7. Se modifica la regla relativa al inicio diferido del pacto de suspensión del contrato, estableciéndose que las partes podrán acordar que los efectos se produzcan en una fecha posterior, la que no podrá exceder del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo.
8. El empleador, en las declaraciones juradas en las que informe los trabajadores cuyos contratos se encuentran suspendidos, deberá indicar los trabajadores respecto de los cuales está obligado a retener y pagar pensiones alimenticias. En estos casos, la AFC transferirá al empleador la totalidad de las prestaciones de tales trabajadores. El empleador deberá cumplir con su obligación de retención y pago de las pensiones y deberá pagar directamente el saldo que quedare de la prestación al trabajador. Para estos efectos, las pensiones alimenticias debidas por ley estarán sujetas a una retención máxima del 50% de la prestación.
9. Se excluye a las trabajadoras con fuero maternal de las disposiciones del Título I de esta Ley.
10. En el evento de término del contrato de trabajo luego de haberse acogido a las prestaciones de esta Ley, para las indemnizaciones se considerará como base de cálculo la última remuneración mensual, anterior a la fecha en que se acoge.
11. Respecto del pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo, respecto de la letra a), se establece que podrán acogerse, además, los empleadores que lleven el registro del artículo 59 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, y que cumplan con los demás requisitos que señala la letra a) del artículo 8 de la Ley.
12. Se modifica el plazo en que produce efecto el pacto de reducción de jornada, estableciéndose que producirá sus efectos al día siguiente de su suscripción, pudiendo pactarse una fecha posterior, que no exceda el primer día del mes siguiente.
13. Respecto del pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo, en caso de que alguno de los pagos comprenda un número de días inferior a un mes se pagará de forma proporcional.
14. Al término de la relación laboral, el empleador no podrá descontar de la indemnización por años de servicio, aquellas cotizaciones que fueron parte de prestaciones entregadas conforme al presente Título.
15. Todos los trabajadores que hagan uso de los beneficios de esta ley tendrán derecho a hacer efectivos los seguros de cesantía asociados a los créditos de cualquier naturaleza con los que mantenga deudas sean con bancos o con instituciones financieras.
16. Las empresas que hayan convenido financiamiento con cargo a la ley de presupuestos o subvenciones del sector público no podrán hacer uso de las prestaciones de esta ley, exceptuándose las empresas que contraten con el Estado la ejecución de proyectos de inversión y se paguen según estado de avance.
17. Los trabajadores y empleadores beneficiarios de los subsidios al empleo de la Ley 20.338 y Ley 20.595, no perderán la calidad de beneficiaros mientras reciban las prestaciones a que da acceso esta ley.
18. Se amplía el plazo de 12 a 24 meses para que el empleador realice el pago de las cotizaciones adeudadas durante la vigencia de las normas de esta ley, pudiendo pagarse por parcialidades que no superen dicho plazo.
19. Se establece la prohibición para las Sociedades Anónimas que se acojan a esta ley o que formen parte de un grupo empresarial en que alguna de ellas se haya acogido, de repartir dividendos a sus accionistas. Además, no podrán acogerse a esta ley las empresas controladas por sociedades con capitales o empresas relacionadas en territorios con régimen fiscal preferencial.
20. Los directores de las sociedades anónimas abiertas, donde todos o la mayor parte de los trabajadores hagan uso del beneficio de esta ley, no podrán percibir honorarios por el ejercicio de dicho cargo, superior a los porcentajes correspondientes al seguro de cesantía.

Las disposiciones de esta ley entrarán en vigencia al momento de su publicación, salvo aquellas que digan relación con el pago de cotizaciones de seguridad social y salud, que regirán desde la entrada en vigencia de la ley N°21.227, sin perjuicio de aquellas cotizaciones que se hubieran pagado con anterioridad a la publicación de esta ley.

Con fecha 07 de mayo de 2020, se publicó el Decreto N°58/2019, que modifica el Reglamento de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos autorizados, en materia de comercio electrónico de medicamentos. En particular, introduce un nuevo Título VI BIS en el Reglamento, para regular el expendio de medicamentos por medios electrónicos, estableciendo las siguientes normas:

1. Se faculta a las farmacias y almacenes farmacéuticos a expender medicamentos por medios electrónicos, para lo cual se requerirá una autorización de comercialización que emitirá el Instituto de Salud Pública (ISP).
2. Los requisitos para obtener la autorización son los siguientes:

i. Contar con autorización de instalación o funcionamiento, según el tipo de establecimiento;

ii. Tener un sitio electrónico, a cualquier título, que sirva de soporte a la comercialización de medicamentos; y

iii. Tener un servicio de entrega, propio del establecimiento o de un tercero, siempre que cumpla las condiciones de mantenimiento de productos farmacéuticos.

3. Los establecimientos de expendio electrónico de medicamentos deberán tener permanentemente disponibilidad de los productos contenidos en el Petitorio Farmacéutico regulado en el artículo 101 del Código Sanitario.
4. Se regula el expendio, según la condición de venta del medicamento:

i. Venta Directa. Los establecimientos estarán autorizados para el expendio de este tipo de medicamentos, sin necesidad de exigir receta médica.

ii. Receta Simple. El expendio de este tipo de medicamentos se realizará, previa comunicación de la receta al establecimiento respectivo, la que podrá tratarse de una receta médica electrónica o una copia digitalizada de receta física. En ambos casos, las recetas deberán cumplir con los requisitos del artículo 101 del Código Sanitario, y, tratándose de la copia digitalizada, el establecimiento que expenda, además, deberá verificar la correspondencia entre el soporte físico y el documento digitalizado.

iii. Receta Retenida. El expendio se podrá realizar a través de receta electrónica o copia digitalizada de una receta física. Respecto de la copia digitalizada, la receta física deberá entregarse al momento de la recepción del medicamento por el consumidor.

iv. Receta Cheque. Los medicamentos que tengan esta condición de venta no podrán expenderse por medios electrónicos.

5. En el caso de los medicamentos que deban demostrar bioequivalencia, el sitio web del establecimiento de expendio deberá ofrecer las alternativas bioequivalentes disponibles del producto, antes de que termine la compra del medicamento.
6. Sobre el despacho de productos farmacéuticos, se dispone lo siguiente:

i. El paquete de despacho debe proteger adecuadamente el producto, estar sellado y contener los datos del consumidor y su dirección, los datos de contacto del establecimiento de expendio y las condiciones especiales que requiere el transporte del producto.

ii. Se debe asegurar que el transporte no afecte la calidad del producto.

iii. Terceros podrán efectuar el transporte de medicamentos. No obstante, la responsabilidad sanitaria corresponderá al establecimiento de expendio autorizado.

7. Los establecimientos de expendio electrónico de medicamentos deberán poner a disposición las condiciones para proceder a la devolución de productos, conforme a la Ley N°19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.
8. Se regula la información que deberá ser suministrada por el establecimiento, respecto a precios, a los productos farmacéuticos en particular, a información farmacéutica general y a la normativa vigente.

Adicionalmente, se establece la obligación de los establecimientos de expendio electrónico de informar al Ministerio de Salud los precios de los productos farmacéuticos que se expendan, así como cualquier cambio que ocurra en los mismos y los descuentos ofrecidos a consumidores. Una resolución de este Ministerio regulará la forma en la que se entregará esta información.

El presente Decreto entró en vigor a contar de la fecha de su publicación, con excepción de la obligación señalada en el párrafo anterior, que comenzará a regir una vez que se dicte la resolución que indica.

Con fecha 23 de abril de 2020, se dirigió a la Contraloría General de la República (“CGR”), el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (“SERNAPESCA”), consultando si procede exigir, a los titulares de proyectos acuícolas que no requieran de una concesión o autorización de acuicultura, que previo a su inscripción en el Registro Nacional de Acuicultura (“RNA”), presenten la respuesta a la consulta de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”), de su respectivo proyecto, para que esa inscripción sea válida e inequívoca.

SERNAPESCA expresa que esa entidad no exige en cuanto a requisito previo y/o habilitante, la carta de pertinencia o consulta sobre ingreso al SEIA para los respectivos permisos sectoriales que otorga y entiende que tal solicitud se ha entregado a la voluntad del titular.

En su informe correspondiente, el Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”), vuelve a manifestar que no corresponde subordinar el otorgamiento de una autorización sectorial a la respuesta a una consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, ya que la resolución que se pronuncia sobre una consulta de pertinencia no otorga certeza de que el proyecto de que se trate pueda ser ejecutado sin someterse previamente a dicho procedimiento, ya que lo resuelto en éste, podría variar en virtud de nuevos antecedentes o de conclusiones propias de la Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”), criterio con el cual coincide esta última.

CGR concluye que de la normativa aplicable (Ley General de Pesca y Acuicultura, Reglamento de Concesiones y Autorizaciones de Acuicultura, Reglamento de Inscripción en el RNA), la consulta de pertinencia o su respuesta no es un requisito legal o reglamentario previsto por el ordenamiento jurídico para efectos de la inscripción en el RNA de aquellos proyectos señalados , sino que constituye un trámite de carácter voluntario, que permite a los titulares, de aquéllos dirigirse al Director Ejecutivo y los directores regionales del SEA, según corresponda, a fin de solicitarles una opinión, en base a los antecedentes proporcionados al efecto, si un proyecto o actividad, o su modificación, debe someterse al SEIA (aplica criterios contenidos, en los dictámenes 7.620, de 2013 y 25.269, de 2014).

Por lo que el pronunciamiento que al respecto emita el SEA se enmarca dentro de las declaraciones de juicio que realizan los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias, por, medio de las cuales, expresan su punto de vista acerca de la materia sobre la cual se ha requerido su opinión, sin que tal instrumento tenga carácter vinculante por cuanto su respuesta no lo inhabilita a modificarla posteriormente en caso de que los documentos acompañados no se ajusten a la realidad (aplica criterios contenidos en los dictámenes 7.620, de 2013 y 463 de 2015).

Con fecha 24 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.229, del Ministerio de Hacienda, que aumenta el capital del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (“FOGAPE”) y flexibiliza temporalmente sus requisitos. A través de esta Ley se introducen al Decreto Ley N°3.472 de 1980, que crea el FOGAPE, que se refieren a las siguientes materias:

1. Se incorporan como beneficiarios de este Fondo a los medianos empresarios.
2. Se aumenta el patrimonio del Fondo con un aporte fiscal de hasta USD $3.000.000.000, o su equivalente en monedas extranjeras o moneda nacional.
3. Se faculta al Fisco para efectuar retiros de capital desde el FOGAPE, en el evento de que no se registren garantías que superen lo instruido por la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”), durante un periodo de 6 meses.
4. Se dispone que podrán optar a la garantía del FOGAPE los empresarios cuyas ventas netas anuales no excedan de 1.000.000 UF, y los exportadores cuyo monto exportado en los dos años anteriores tenga un valor promedio igual o inferior a USD $16.700.000. Esta medida se extenderá desde la entrada en vigencia de esta Ley hasta el 30 de abril de 2021.
5. Cuando los financiamientos que garantice el FOGAPE sean otorgados por instituciones que tengan acceso a financiamiento del Banco Central, deberán tener una tasa de interés anual y nominal que no exceda del equivalente a la tasa de política monetaria más un 3%. Esta medida se extenderá desde la entrada en vigencia de esta Ley hasta el 30 de abril de 2021.
6. Se faculta al Ministerio de Hacienda, por un plazo de 60 meses desde la entrada en vigencia de esta Ley, para expedir uno más decretos supremos que establezcan los requisitos y condiciones mínimas para las bases de licitación, regular el funcionamiento del FOGAPE, y fijar todos los demás aspectos necesarios.

Con todo, los fondos disponibles y los derechos adjudicados en licitaciones anteriores a la entrada en vigencia de los artículos que modifica se mantendrán vigentes para quienes hayan sido adjudicados, salvo que opten por desistirse de los derechos adjudicados.

Con fecha 01 de abril de 2020, el Presidente de la República promulgó la denominada Ley de Protección al Empleo, la que dice relación con los efectos laborales derivados de la propagación de la enfermedad COVID-19.

Esencialmente, la normativa cuya publicación se espera para los próximos días, establece una serie de condiciones y requisitos para que, frente a un acto de autoridad que implique la paralización de actividades y que impida o prohíba totalmente la ejecución de labores en una zona o en determinados servicios, los trabajadores afiliados al Seguro de Desempleo de la Ley 19.728 puedan recibir las prestaciones que establecen los artículos 15 y 25 de dicha ley.

Lo anterior implica que, en consideración de que el acto de autoridad supone la suspensión temporal de la relación laboral por el período que en cada caso se determine, las remuneraciones de los trabajadores se girarán con cargo a los recursos de la cuenta individual por cesantía de éstos, y, cuando sean insuficientes, se financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.

Adicionalmente, esta ley dispone la posibilidad de que empleadores y trabajadores pacten la reducción temporal de hasta el 50% de la jornada de trabajo, en la medida que los primeros se encuentren en alguno de los escenarios que son detallados en la misma. En caso de suscribirse estos pactos, el trabajador tendrá derecho a una remuneración de cargo del empleador, equivalente a la jornada reducida y a un complemento de cargo a su cuenta individual por cesantía y, una vez agotado el saldo, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.

Finalmente, se establece la imposibilidad de poner término a los contratos de trabajo por la causal del numeral 6° del artículo 159 del Código del Trabajo, caso fortuito o fuerza mayor, invocando como motivo los efectos de la pandemia de COVID-19.

La ley entrará en vigencia una vez publicada, sin perjuicio del efecto retroactivo de sus disposiciones respecto de los casos de paralización o prohibición que por orden de autoridad se han verificado desde la declaración de Estado de Catástrofe, por calamidad pública, el pasado 18 de marzo.

Con fecha 30 de marzo de 2020 se publicó la Circular N°22 emitida por el Servicio de Impuestos Internos (“SII”), que trata sobre las modificaciones efectuadas por la Ley N°20.544, que regula el tratamiento tributario de instrumentos derivados.

Con fecha 24 de febrero de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.210 (la “Ley”), que:

1.     En su artículo noveno modificó el art. 13 de la Ley N°20.544, que establece la obligación de informar al SII las operaciones sobre instrumentos derivados para poder deducir los gastos respectivos.

2.     El artículo vigésimo transitorio de la Ley permite regularizar la situación frente a la Ley sobre Impuesto a la Renta (“LIR”), de los contribuyentes que entre los años comerciales 2014 y 2019, no hubiesen dado cumplimiento a la obligación de información establecida en el artículo 13 de la Ley N°20.544.

I.  Instrucciones sobre la materia

1.  Alcances de las modificaciones incorporadas al artículo 13 de la Ley N°20.544

El inciso 1° del artículo 13 de la Ley N°20.544 sanciona con la imposibilidad de deducir el gasto o pérdida en operaciones de derivados, en caso de no presentar oportunamente declaraciones juradas exigidas por el SII o cuando estas contengan información o antecedentes erróneos, incompletos o falsos.

Los nuevos incisos cuarto y quinto establecen que en caso de no presentación oportuna o presentación incompleta o errónea, se podrá presentar una declaración rectificatoria (Formularios N°1820 y 1829). En caso de que las operaciones de derivados no sean efectuadas a través de intermediarios autorizados (Bancos, Instituciones Financieras, entes sometidos a fiscalización de Comisión para el Mercado Financiero, entre otras), solo podrá deducirse las pérdidas o gastos si la operación cuenta con fecha cierta por alguno de los mecanismos que establece la ley.

Incumplimiento de condiciones

En caso de que los contribuyentes no den cumplimiento a la obligación de presentar en tiempo y forma la declaración rectificatoria señalada en el número uno anterior, no podrán deducir, para efectos de determinación de la renta líquida imponible, las pérdidas o gastos provenientes de operaciones de derivados.

Asimismo, no basta con presentar en tiempo y forma la declaración rectificatoria, sino que además, los gastos se deberán acreditar o justificar de forma fehaciente ante el SII, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la LIR.

2.  Contribuyentes que suscribieron contratos de derivados entre los años comerciales 2014 y 2019

El artículo vigésimo transitorio de la Ley, permite deducir los gastos asociados a operaciones de derivados respecto de los contribuyentes que hubieran estado obligados a presentar declaraciones juradas a que se refiere el artículo 13 de la Ley N°20.544 (según su texto vigente al 31 de diciembre de 2019), respecto de las operaciones efectuadas entre los años comerciales 2014 y 2019, ambos años inclusive, y que no hubieran cumplido en tiempo y forma con la obligación de información.

2.1 Requisitos copulativos que debe cumplir el contribuyente:

i) Haber presentado, o presentar, completar y/o corregir la información sobre derivados. Esto mediante la Declaración Jurada Mensual N°1820 y/o la Declaración Jurada Anual N°1829, lo que se debe hacer dentro del plazo de 6 meses de entrada en vigencia de la Ley.

ii) Rectificación de declaraciones de impuestos anuales a la renta (Formulario 22). Esto en las declaraciones de impuestos anuales a la renta de los Años Tributarios 2015 a 2020, en que no se hubiera deducido los gastos o pérdidas asociados a operaciones sobre derivados conforme a la Ley.

2.2 Devoluciones conforme al artículo 126 del Código Tributario

El contribuyente que hubiere pagado el Impuesto de Primera Categoría no habiendo utilizado el respectivo gasto, o que hubiese pagado el Impuesto Único sobre gastos rechazados, puede presentar una solicitud de devolución de los impuestos pagados indebidamente o en exceso.

La solicitud de devolución de impuestos tiene un plazo de 3 años para ser presentada desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley (1° de marzo de 2020).

En caso de que el impuesto estuviese girado por el SII pero pendiente de pago, el contribuyente puede presentar una solicitud administrativa para dejar sin efecto la orden de pago.

2.3 Casos en que hubo liquidación efectuada por el SII rechazando el gasto

Si el contribuyente hubiese pagado el impuesto producto de una liquidación efectuada por el SII, motivada por el rechazo del gasto por no haber informado en tiempo o forma, que hubiere sido reclamada por el contribuyente, se distingue:

i) Si reclamación aún no está ejecutoriada: El SII se abstendrá de conocer de una solicitud de dejar sin efecto la liquidación de impuestos.

ii) Si reclamación tiene fallo ejecutoriado: Contribuyentes pueden solicitar al SII devolución de impuesto pagado en virtud de la deducción de un gasto que no pudo utilizar.

iii) Si sentencia se encuentra ejecutoriada y giro emitido:Contribuyente puede solicitar al SII que se deje sin efecto la orden de pago o cobro a través de solicitud administrativa.

II.  Vigencia

Las normas legales contenidas en la Circular en comento, rigen a partir del 1° de marzo de 2020. La Circular entra en vigencia a partir de su publicación en extracto en el Diario Oficial.

Con fecha 01 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial el Decreto N°420/2020, que establece las siguientes medidas tributarias para apoyar a las PYMES, por las dificultades provocadas por el brote de COVID-19, las cuales se mantendrán vigentes por el plazo de 12 meses, contados desde la fecha de declaración de zonas de catástrofe, esto es, desde el 20 de marzo de 2020:

1. Se prorroga el plazo de pago del IVA a declararse o pagarse en los meses de abril, mayo y junio 2020.

a. Contribuyentes que cumplan los requisitos para acogerse al régimen Pyme: el pago de los impuestos se posterga a partir de julio de 2020, en 12 cuotas mensuales, iguales y reajustadas.

b. Contribuyentes que no cumplen con los requisitos para acogerse al régimen Pyme, pero sus ingresos anuales no exceden UF 350.000 (se suman ingresos de relacionadas): el pago de los impuestos se posterga a partir de julio de 2020, en seis cuotas mensuales, iguales y reajustadas.

2. Se prorroga el plazo de pago de la 1° cuota del impuesto territorial de 2020.

· Se pagará en 3 cuotas, iguales y reajustadas en los plazos de pago de la 2°, 3° y 4° cuarta cuota del impuesto territorial del 2020.

· Esta prórroga aplica a (i) contribuyentes del IGC O IUSC propietarios de inmuebles cuyo valor de avalúo fiscal individual no exceda de $133.000.000 a marzo de 2020; y (ii) contribuyentes del IDPC cuyos ingresos anuales no excedan de UF 350.000 (se suman ingresos de relacionadas).

3. Condonación de PPM que debe pagarse en los meses de abril, mayo y junio de 2020.

· Aplica a todos los contribuyentes obligados a su pago.

4. Pago anticipado de la devolución de impuestos correspondiente.

· Aplica personas naturales y contribuyentes que cumplan los requisitos para acogerse al régimen Pyme.

5. Se prorroga hasta el 31 de julio de 2020 el plazo de pago del impuesto a la renta AT 2020.

· Aplica a contribuyentes que cumplan los requisitos para acogerse al régimen Pyme.

6. Se prorroga hasta el 31 de julio de 2020 la fecha para optar a los regímenes de tributación del Art. 14 de la LIR

7. Condonación y devolución en abril de 2020 de la retención de impuesto aplicada a profesionales independientes en los meses de enero y febrero de 2020

8. Se faculta a la Tesorería para dar facilidades de pago y condonar, total o parcialmente, los intereses penales y multas que correspondan a impuestos fiscales o territoriales o cuotas devengadas en los meses de abril, mayo y junio 2020

· Aplica a (i) contribuyentes del IGC O IUSC cuyos ingresos anuales no excedan de 90 UTA; y (ii) contribuyentes del IDPC cuyos ingresos anuales no excedan de UF 350.000 (se suman ingresos de relacionadas).

9. Se faculta al SII y a la Tesorería para condonar, total o parcialmente, intereses penales y multas aplicadas a declaraciones presentadas fuera de plazo, hasta el 30 de septiembre de 2020

10. Se faculta al SII y a la Tesorería para condonar, total o parcialmente, intereses aplicables respecto de pagos de cuota de impuesto territorial efectuadas fuera de plazo, hasta el 30 de septiembre de 2020.

Con fecha 24 de marzo del 2020, el Presidente de la República promulgó la Ley que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia y teletrabajo.

Esta Ley establece una nueva forma de trabajo en virtud de la cual el empleador y los trabajadores celebran un acuerdo, mediante el cual estipulan que éstos últimos puedan desarrollar sus funciones a distancia, con el objeto de introducir flexibilidad laboral cuando las necesidades de la empresa así lo requieran y/o en situaciones excepcionales, como la actual emergencia sanitaria por brote de COVID-19; otorgando alternativas a los trabajadores y seguridades de empleo.

Las principales disposiciones que contempla son las siguientes:

1. Es un contrato especial, no obstante, prevé los mismos derechos individuales y colectivos que detenta cualquier otro trabajador. En este sentido, con esta nueva forma de trabajo, igualmente, existe el deber de velar por la seguridad y salud de estos en su lugar de trabajo, y, además, no puede implicar un menoscabo a los derechos consagrados por ley, en especial, en materia de remuneraciones.

2. La regla general es que las partes puedan definir previamente un lugar fijo de trabajo. Excepcionalmente, se puede acordar que el trabajador escoja libremente el lugar. En ambos casos, el trabajador siempre tendrá derecho de acceder a las instalaciones de la empresa, y, por su parte, el empleador, para acceder al domicilio del trabajador, requerirá autorización.

3. En el acuerdo entre el trabajador y el empleador, deberá definirse la propiedad de los instrumentos tecnológicos que se utilicen. Con todo, el trabajador no estará obligado a utilizar elementos de trabajo que sean de su propiedad y el empleador deberá soportar los costos de operación y mantenimiento, sin que estos constituyan remuneración.

4. La prestación de los servicios bajo esta forma se puede revertir, total o parcialmente, incluso de manera unilateral, en el caso de que el trabajo haya nacido bajo la modalidad presencial.

5. Se faculta a las partes para pactar la libre distribución de la jornada laboral, en la medida que se respeten los tiempos mínimos y máximos establecidos. Sin embargo, igualmente pueden pactar que la jornada no tendrá limitación. En esta última situación, se asegura al trabajador el derecho a la desconexión durante un periodo mínimo de 12 horas continuas.

Con fecha 23 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N°8T de fecha 31 de julio de 2019, del Ministerio de Energía, por medio del cual se fija fórmulas tarifarias aplicables a los servicios de gas y servicios afines en la región de Magallanes de la Antártica Chilena y sus fórmulas de indexación, lo anterior, en cumplimiento al artículo segundo transitorio de la Ley N°20.999 y los artículos 38 y siguientes del Decreto con Fuerza de Ley N°323 del Ministerio del Interior (Ley de Servicios de Gas, “LSG”).

Este proceso, culminó con la dictación de la Resolución Exenta N°394 de la Comisión Nacional de Energía, de fecha 28 de junio de 2019, la que aprobó el Informe Técnico Definitivo (“ITD”) del proceso de fijación de tarifas del servicio de gas y afines de la región de Magallanes de la Antártica Chilena (artículo 40-P de la LSG). Este informe, junto con sus antecedentes, fueron despachados al Ministerio de Energía, quienes de acuerdo con el artículo 40-R de la LSG, a través de este decreto, fijaron las fórmulas tarifarias de los servicios de gas y afines en dicha región.

El sector tarifario de distribución comprende toda la zona de concesión de Empresas Gasco S.A. en la región, que actualmente incluye las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.  Estas fórmulas entran en vigencia desde hoy y tendrán una duración de 4 años.

Con fecha 19 de marzo de 2020, la Dirección del Trabajo emitió el Dictamen N°1239/005, que complementa la doctrina contenida en el Dictamen N°1116/004, con motivo de la emergencia sanitaria provocada por el brote de COVID -19. En relación al mismo, los aspectos tratados respecto de los cuales se pronunció la Dirección del trabajo son los siguientes:

1. Permisos para que los trabajadores se realicen exámenes por COVID-19.

El Dictamen reitera la necesidad de otorgar permisos a los trabajadores, por el tiempo que sea necesario, para que concurran a un centro asistencial para recibir un diagnóstico o las  prestaciones médicas correspondientes.

2. Sistematización de medidas alternativas.

Se efectúa una sistematización de medidas alternativas que se proponen para mantener la estabilidad en el empleo, la continuidad laboral y evitar contagios. A saber:

(i) Prestación de servicios a distancia o teletrabajo, cuando sea posible.

(ii) Pactos de horarios diferidos de ingreso y salida.

(iii) Concesión de feriado colectivo a todos los trabajadores de la empresa, un establecimiento o parte de ella.

(iv) Anticipación de feriado anual.

(v) Convenir la distribución de trabajo en turnos, a objeto de limitar la cantidad de trabajadores que comparten un mismo espacio.

(vi) Pactar medidas destinadas a evitar aglomeración en lugares de trabajo.

(vii) Limitar la cantidad de usuarios o clientes, en aquellos casos en que existe atención directa al público.

3. Se reitera la necesidad de disponer medidas para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores.

En este punto el dictamen sigue la línea de los pronunciamientos anteriores, en los que exhorta a los empleadores a implementar medidas destinadas a evitar contagios dentro de las empresas, velando por la protección de todos quienes se de desempeñan en sus instalaciones.

4. Posibilidad de que el trabajador interrumpa sus labores frente a un riesgo grave e inminente para su vida o salud.

En lo relativo a la posibilidad de que trabajadores se nieguen a trabajar aludiendo la existencia la existencia de un riesgo grave e inminente para la salud, aun cuando no es categórico, el dictamen aclara que esta situación podría estar justificada, pero en la medida que el empleador no adopte las medidas dictadas por la autoridad sanitaria para prevenir el contagio del COVID-19.

5. Cierre de empresas o establecimientos en forma transitoria por orden a la autoridad.

Si bien el dictamen no lo señala textualmente, deja entrever que en tales casos, al no existir prestación de servicios como consecuencia del cierre de la empresa o establecimiento por orden de la autoridad, se podría configurar una situación de “fuerza mayor”. Esto en principio, liberaría a las partes de sus obligaciones correlativas, quedando el trabajador liberado de prestar servicios y la empresa eximida de pagar la remuneración por tales días.

6. Desvinculación de trabajadores en virtud de la causal establecida en el artículo 159 N°6 del Código del Trabajo, esto es, “Caso fortuito o fuerza mayor”.

En relación a este punto, si bien la Dirección del Trabajo no tiene facultades para pronunciarse al respecto, aclara que en relación a esta causal, se debe tener presente que los cierres temporales de empresas son una situación transitoria, lo que determina que sea difícil que se configure la causal. Compartimos esta apreciación, ya que efectivamente esta causal de termino exige que se verifique una situación grave que no permita de forma alguna sostener la relación laboral.

En todo caso, esta es una situación que deberá ser resuelta por los tribunales caso a caso.

7. Cierre de empresas o establecimientos en forma preventiva, por parte del empleador.

Respecto a estos casos, se señala que es perfectamente posible adoptar esta medida. Sin embargo, según se indica, si el cierre se adopta de forma unilateral por parte del empleador, se deberán seguir pagando las remuneraciones respectivas.

Consideramos que los lineamientos del dictamen en general van en un sentido correcto. Sin embargo, reiteramos la necesidad de analizar caso a caso las medias a adoptar, según vaya avanzando la emergencia.

Con fecha 13 de marzo de 2020, la Comisión Nacional de Energía, por medio de la Resolución Exenta N°81, declaró abierto el proceso para formar el Registro de Instituciones y Usuarios Interesados (concesionarias de distribución, empresas generadoras y todas aquellas instituciones y usuarios con interés directo o eventual en el proceso de licitación) para el o los procesos de licitación de suministro eléctrico para clientes regulados del año 2020, cumpliendo así con lo señalado en artículo 131 ter de la Ley General de Servicios Eléctricos (“LGSE”) y el artículo 13 del Reglamento sobre Licitaciones de Suministro de Energía para Clientes Regulados, aprobado por Decreto Supremo N°106/2015 del Ministerio de Energía (“D.S. N°106/2015”).

Con relación a lo anterior, hoy viernes 20 de marzo de 2020, fue publicado en el Diario Oficial el llamado a inscripción en dicho registro, para así (i) poder formular observaciones técnicas al Informe Preliminar de Licitaciones y (ii) presentar discrepancias al Panel de Expertos en relación a las proyecciones de demanda contenidas en el Informe Final de Licitaciones.

Los antecedentes podrán enviarse, hasta el viernes 24 de abril de 2020, a la dirección de correo electrónico oficinadepartes@cne.cl o presentarse en la oficina de partes de la Comisión Nacional de Energía, ubicada en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1449, Edificio Santiago DownTown, torre N°4, piso N°13, de la comuna y ciudad de Santiago, de lunes a jueves entre 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs., y los días viernes entre 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 16:00 hrs.

Con fecha 19 de marzo de 2020, la Superintendencia de Medio Ambiente (“SMA”) dictó la Resolución Exenta N°497, por medio de la cual imparte instrucciones generales a sujetos fiscalizados por la SMA, en el contexto de brote de Coronavirus (COVID 19).

Las instrucciones corresponden a:

· Todo titular de una o más Resoluciones de Calificación Ambiental (“RCA”) deberá reportar semanalmente la condición operacional de su proyecto o actividad, a fin de informar si a propósito de la contingencia, ha tenido que implementar algún plan, acción o medida adicional a las evaluadas.

· El reporte se entregará en un campo especial en el Sistema de Resolución (es) de Calificación Ambiental disponible en www.sma.gob.cl

· Deber de activar, con aviso a la SMA, los planes de Contingencia y/o Emergencia que correspondan en conformidad a lo establecido en la (s) respectiva (s) RCAs.

· Sujetos obligados por cualquier Instrumento de Gestión Ambiental (“IGA”) deberá tomar todas las precauciones para dar cumplimiento a ellos, con estricto cuidado al medio ambiente y salud de las personas.

· En el evento de que el brote del COVID 19 dificulte o impida el cumplimiento de alguna obligación contenida en un IGA, la SMA lo tendrá presente en el ejercicio de sus atribuciones, en caso de que aquello llegue a configurar situaciones de caso fortuito o fuerza mayor.

Estas instrucciones entrarán en vigencia desde la publicación en el Diario Oficial.

Con fecha 18 de marzo de 2020, se publicó la Resolución Exenta N°183/2020 del Ministerio de Salud, que dispone medidas sanitarias adicionales a las establecidas, por brote de Coronavirus (COVID-19).

Las medidas que se agregan son las siguientes:

· Aislamiento durante 14 días para personas que ingresen al país desde Irán, China, Alemania, Francia, España, Italia, Corea del Sur, Japón, Argentina, Bolivia y Perú.

· Prohibición de la recalada de cruceros de pasajeros en todos los puertos chilenos, desde el 15 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2020.

· Aislamiento de los establecimientos bajo dependencia del Servicio Nacional de Menores (“SENAME”), desde el 15 de marzo y por 14 días. Asimismo, se instruye a SENAME tomar las medidas sanitarias que sean necesarias para evitar el contagio de los menores bajo su cuidado.

Las medidas dispuestas podrán prorrogarse si las condiciones epidemiológicas así lo aconsejan y no importarán la derogación de las medias establecidas por la Resolución 180/2020.

El cumplimiento de las disposiciones de ambas resoluciones será fiscalizado y sancionado según lo dispuesto en el Libro X del Código Sanitario, así como en lo dispuesto en el Código Penal, cuando corresponda.

Con fecha 17 de marzo de 2020, se publicó la Resolución Exenta N°180, de 16 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud (“MINSAL”), Subsecretaría de Salud Pública,  por medio de la cual se disponen distintas medidas sanitarias por brote de Coronavirus (COVID-19).

Las medidas son las siguientes:

· Suspensión de clases en todos los jardines infantiles y colegios del país, por un periodo de dos semanas.

· Prohibición de eventos públicos con más de 200 personas por un periodo de dos semanas.

· Aislamiento de 14 días para personas que provengan de Irán, China, Alemania, Francia, España, Italia, Corea del Sur y Japón. Asimismo, las personas que ya están sujetas a esta medida deben continuar con el aislamiento por el periodo que reste.

· Aislamiento de 14 días para personas que hayan estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVID-19. Asimismo, las personas que ya están sujetas a esta medida deben continuar con el aislamiento por el periodo que reste.

· Prohibición de visitas a los Establecimientos de Larga Estadía de Adultos Mayores. El acceso a dichos centros estará restringido a las personas estrictamente necesarias para el adecuado funcionamiento del establecimiento. Esta prohibición tendrá una duración de dos semanas. Asimismo, se instruye a los administradores de dichos centros fortalecer las medidas de higiene y aislamiento al interior de estos establecimientos.

· Suspensión del funcionamiento de todos los Centros de Día para adultos mayores a lo largo de todo el país, durante dos semanas.

· Suspensión de todas las reuniones de clubes y uniones comunales de adultos mayores en el país.

· Gendarmería de Chile deberá tomar las medidas sanitarias que sean necesarias para evitar el contagio de la población penal.

· Alcaldes deberán disponer de puntos de vacunación contra la influenza, adicionales a los recintos de salud de su dependencia.