Con fecha 09 de junio de 2020, ingresó a tramitación el Proyecto de Ley que flexibiliza las normas sobre el acceso a las licencias no voluntarias respecto de patentes y modelos de utilidad, de medicamentos, vacunas y tecnologías médicas necesarias para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, y establece un procedimiento especial al efecto, en un contexto de alerta sanitaria, epidemia o pandemia.  Particularmente, el Proyecto propone, entre otras cosas, lo siguiente:

A. Reemplazar el actual procedimiento para la solicitud de licencia voluntaria, por uno de carácter breve y sumario.

B. Dentro del procedimiento, se determina que la notificación de la demanda se realizará por medio de la publicación, en un medio de circulación nacional y en el Diario Oficial, de un extracto de ella autorizado por el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

C. Los recursos que procedan contra la sentencia que se pronuncie sobre la procedencia de las licencias no voluntarias, así como de cualquier incidente, se otorgarán sólo en el efecto devolutivo.

D. Se fija un porcentaje respecto a las regalías a que den lugar las licencias no voluntarias, equivalente a un 5% del precio de venta al público del producto o procedimiento objeto de la licencia.

E. Se da expresa aplicación al Artículo 91 b) de la Ley de Propiedad Industrial, en el sentido de que no procederá la protección que indica sobre datos de prueba u otros no divulgados, permitiendo así el uso de aquellos ya presentados al Instituto de Salud Pública (ISP).

F. En el caso de que el solicitante de la licencia no voluntaria sea un servicio público u otra entidad de derecho público, éstos podrán realizar la importación, fabricación y distribución del objeto de la solicitud, a contar de la fecha en que se dicte el acto administrativo que lo disponga.

G. Se limita la responsabilidad de los solicitantes que, por desconocimiento de la existencia de una patente afectada o actuando de buena fe, incurran en una infracción a la Ley de Propiedad Industrial.

Actualmente, el Proyecto se encuentra en Primer Trámite Constitucional en la Cámara de Diputados, y fue puesto en conocimiento de la Corte Suprema para su análisis, quien, mediante Oficio N°137/2020, del 23 de julio de 2020, emitió el informe correspondiente, exponiendo los comentarios que, a continuación, se indican:

– Considera necesario precisar el contexto de alerta sanitaria, pandemia o epidemia, es decir, cuáles son los actos administrativos que pueden determinar tales estados; y fijar los parámetros que establezcan su duración.

– Estima que las reclamaciones en contra de la decisión administrativa de INAPI deben radicarse en el Tribunal de Propiedad Intelectual, dado su carácter técnico y especial. En este caso, a fin de que se mantenga la celeridad en su conocimiento, determina que se deben mantener ciertas características de la reclamación, pero con tiempos más acotados.

– Sin perjuicio de lo anterior, sostiene que es necesario conservar el control final vía recurso de casación de las resoluciones del referido Tribunal.

– Por otro lado, repara en las omisiones de elementos esenciales del procedimiento de la reclamación propuesto, planteando que debería asemejarse al reclamo de ilegalidad municipal de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, pero con plazos más reducidos.

– Finalmente, expresa que la naturaleza de la reclamación debe ser la de una acción de nulidad, y no de plena jurisdicción, con mención expresa en el Proyecto, para así determinar un procedimiento de subsanación de los vicios detectados.

Con fecha 27 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.247, que establece beneficios para padres y madres que estén haciendo uso del permiso de postnatal parental, y para cuidadores de niños y niñas nacidos a contar del año 2013.

En lo particular, el proyecto contempla lo siguiente:

1. La ley establece que los trabajadores que se encuentren haciendo uso de su permiso postnatal parental y cuyo término ocurra durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, tendrán derecho a una licencia preventiva parental por causa de la enfermedad Covid-19.

Podrán acceder a esta licencia médica los trabajadores cuyo permiso haya terminado a contar del 18 de marzo de 2020 y antes de la entrada en vigencia de esta ley.

La licencia se extenderá por 30 días, la cual podrá renovarse por un máximo de 2 veces, por el mismo periodo. Si ambos padres hubieren gozado del permiso posnatal, cualquiera de ellos, a elección de la madre podrá gozar de esta licencia médica preventiva.

2. Los trabajadores que hagan uso de la licencia médica preventiva parental, tendrán derecho a una extensión del fuero a que se refiere el artículo 201 del Código del Trabajo. El período de extensión será equivalente al período efectivamente utilizado de la licencia médica preventiva parental, y regirá inmediatamente una vez terminado el período de fuero antes referido.

3. La ley contempla que mientras permanezca suspendido el funcionamiento de establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cunas, al cual asistiría el respectivo niño o niña, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley Nº19.728, que tengan el cuidado personal de uno o más niños nacidos a partir del año 2013, tendrán derecho a suspender los efectos del contrato de trabajo por motivos de cuidado, siempre que el trabajador cumpla con los requisitos para acceder a las prestaciones establecidas en el Título I de la ley Nº21.227.

4. Esta modificación también establece que mientras permanezca suspendido el funcionamiento de establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cunas, al que el niño asiste, el empleador no podrá invocar la causal de terminación del contrato de trabajo establecida en el número 3 del artículo 160 del Código del Trabajo, respecto de aquellos trabajadores cuyos contratos no se encuentren suspendidos temporalmente, siempre que la causa de su inasistencia se deba al cuidado del niño o niña nacidos a contar del año 2013, y que no cuenten con otra alternativa. Esta circunstancia deberá ser comunicada al empleador tan pronto como le surja el impedimento, y acreditada al mismo dentro de los dos días hábiles siguientes a la respectiva inasistencia.

5. La presente ley indica que las licencias médicas preventivas parentales a que se refiere el Título I de la presente ley expirarán por el solo ministerio de la ley por las siguientes causales, cualquiera sea la que ocurra primero: (i) Con el término del estado de excepción constitucional; (ii) Con el término de la vigencia de la presente ley; (iii) En caso de fallecimiento del niño o niña causante de la licencia médica preventiva.

Con fecha 23 de junio de 2020, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago en fallo de causa Rol N°1276-2020, acordó dejar sin efecto la escritura pública de fecha 8 de abril de 2020, titulada “Compraventa en remate y protocolización Undécimo Juzgado Civil de Santiago por Toro Muñoz Tamara Ignacia a Arteaga y Compañía Limitada”, que fuera autorizada por la Notario Público de Santiago doña Valeria Ronchera Flores, al considerar que la forma en que el documento se emitió es contraria a las normas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.

En efecto, la Corte determinó que la escritura en cuestión, autorizada por la Notario Público doña Valeria Ronchera Flores, y que fue firmada electrónicamente por las partes, fue otorgada en contraposición con lo dispuesto en los artículos 405, 426 y 429 del Código Orgánico de Tribunales, ya que el otorgamiento de dicha escritura debió haberse efectuado en forma material.

Lo anterior, es consistente con lo señalado por el Presidente de la Asociación Nacional de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, don Mauricio Astudillo Pizarro, en informe evacuado a la Excma. Corte Suprema, en el sentido que el otorgamiento de una escritura pública es un acto necesariamente presencial, con firma manuscrita, usando tinta fija o pasta indeleble, por lo tanto, en formato papel. En consecuencia, un documento otorgado de otra manera, como lo sería aquél en que uno o más comparecientes hubieren firmado con firma electrónica avanzada, no constituye una escritura pública. Por su parte, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, don Luis Alberto Maldonado Croquevielle, en forma previa al pronunciamiento del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, se había negado a practicar las inscripciones requeridas en relación con la escritura antes señalada, por considerar que las solemnidades para el otorgamiento de una escritura pública exigen -entre otras- la comparecencia personal de los otorgantes ante el respectivo ministro de fe pública, quien sólo de esa manera puede otorgar el instrumento e incorporarlo en su protocolo, y que, ante el evento que el otorgante no pudiere comparecer, la ley permite que lo haga a través de un mandatario especialmente habilitado al efecto.

Con fecha 6 de julio de 2020, el SII publicó el proyecto de circular que imparte instrucciones sobre el nuevo régimen tributario incorporado por la Ley N°21.210 denominado Régimen para las micro, pequeñas o medianas empresas (Pymes).

La Cláusula Pro-Pyme ofrece a los contribuyentes que se puedan acoger a ella, una variedad de ventajas y beneficios tributarios.

Con fecha 3 de julio de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley No. 21.220, se publicó en el Diario Oficial el Reglamento que establece las condiciones específicas de seguridad y salud en el trabajo a que deben sujetarse los trabajadores que prestan servicios a distancia o mediante el teletrabajo. El Reglamento dispone lo siguiente:

– El empleador estará obligado a tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Para ello, deberá gestionar los riesgos laborales presentes en el domicilio de trabajador o en el lugar que se hubiere acordado para la prestación de los servicios.

– En los lugares en que deba ejecutarse el trabajo a distancia, el trabajador no podrá manipular, procesar o almacenar sustancias peligrosas que impliquen la exposición del trabajador o de su familia a sustancias peligrosas.

– Cuando los servicios se presten desde el domicilio del trabajador u otro lugar predeterminado, el empleador deberá confeccionar una matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos laborales asociados al puesto de trabajo. Esta matriz deberá ser revisada al menos una vez al año.

– En aquellos casos en que los servicios fueran susceptibles de prestarse en distintos lugares, el empleador no deberá cumplir con la obligación de contar con esta matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, pero deberá comunicar al trabajador acerca de los riesgos inherentes a las tareas encomendadas, medidas de prevención y requisito mínimos de seguridad.

– El empleador deberá identificar y evaluar las condiciones ambientales y ergonómicas de trabajo de acuerdo con las características del puesto y del lugar en que este se emplaza. Para efecto de lo anterior, el organismo administrador deberá poner a disposición del empleador un instrumento de autoevaluación de riesgos que será entregado a los trabajadores una vez iniciada la modalidad de Teletrabajo.

– En base a la autoevaluación realizada por el trabajador, el empleador deberá confeccionar, en el plazo de 30 días desde la recepción del instrumento, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y desarrollar un programa que contenga las medidas preventivas y correctivas a implementar, plazo de ejecución y obligaciones del trabajador.

– Además de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, y en el plazo de 15 días desde su confección, el empleador deberá desarrollar su programa de trabajo que contenga las medidas preventivas y correctivas a implementar.

– El empleador deberá implementar las medidas preventivas y correctivas en el siguiente orden:

1. Eliminar los riesgos;
2. controlar los riesgos en su fuente;
3. reducir riesgos al mínimo; y
4. proveer elemento de protección personal adecuados mientras perdure el riesgo.

– El empleador deberá informar por escrito a los trabajadores acerca de los riesgos que presentan sus labores, medidas preventivas y los medios de trabajo correctos. La información mínima que deberá considerar:

1. Características mínimas que debe presentar el lugar de trabajo;
2. organización del tiempo de trabajo;
3. características de los productos que se manipularán, forma de almacenamiento y uso de equipos de protección;
4. riesgos y medidas preventivas; y
5. prestaciones del seguro de la Ley No. 16.744 y procedimientos para acceder a las mismas.

– El empleador deberá efectuar una capacitación al trabajador sobre las principales medidas de seguridad y salud que debe tener presente para desempeñar sus labores, con una periodicidad no superior a 2 años. Esta capacitación podrá ser presencial o a distancia y deberá tener una duración de 8 horas.

– Todos los años el empleador deberá realizar una evaluación del cumplimiento del programa preventivo. Deberá disponer medidas de control y de vigilancia de las medidas de seguridad y salud adoptadas. Si el organismo administrador constata que las condiciones en las cuales se pretende ejecutar el trabajo ponen en riesgo la salud del trabajador deberá prescribir al empleador la implementación de medidas preventivas y correctivas para subsanar las deficiencias.

– El empleador podrá requerir al organismo administrador del seguro de la Ley No. 16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que, previa autorización del trabajador, acceda al domicilio de este e informe de si el puesto de trabajo cumple con las condiciones acordadas.

– En cualquier tiempo la Dirección del Trabajo podrá fiscalizar el debido cumplimiento de la normativa laboral en el puesto de trabajo, previa autorización del trabajador.

– El reglamento y sus disposiciones entrarán en vigencia una vez transcurridos 90 días desde su publicación, esto es, el día 1 de octubre de 2020.

Con fecha 1 de julio de 2020, se cumplió el plazo establecido para la plena aplicación de la Ley No. 21.220, lo que determina que desde esta fecha resulte necesario formalizar el sistema de teletrabajo con todos aquellos trabajadores con quienes se acordó esta modalidad de trabajo con anterioridad a abril de 2020.

Con fecha 24 de junio de 2020, el SII publicó la Circular N°43 que imparte instrucciones sobre la aplicación del régimen opcional de impuesto sustitutivo de los impuestos finales establecido en el artículo 25° Transitorio de la Ley N°21.210.

Los contribuyentes de la Primera Categoría que tributen sobre la base de un balance general según contabilidad completa, que, al término de los años comerciales 2019, 2020 y 2021, mantengan utilidades acumuladas generadas hasta el 31.12.2016, pendientes de tributación con impuestos finales, podrán optar por pagar el ISFUT con una tasa fija del 30%.

Con fecha 26 de junio de 2020, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”) dictó la Resolución Exenta N°202099101455, la que prorroga la suspensión de los plazos, dispuestas en virtud de las Resoluciones Exentas Nº20209910194, Nº202099101137, Nº202099101326, N°202099101401, y N° 202099101430, de la misma dirección, hasta el día 31 de julio de 2020, inclusive, todos aquellos procedimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”) tramitados ante la Dirección Ejecutiva y Direcciones Regionales del Servicio de Evaluación Ambiental que contemplen Participación Ciudadana.

Específicamente se suspende:

– La tramitación de declaraciones y estudios de impacto ambiental (“DIA” y “EIA”) con participación ciudadana (“PAC”) en curso.

– La tramitación de DIAs con carga ambiental, en la que se decretó la realización de un proceso PAC (artículo 95 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por el D.S. N°40/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, “RSEIA”).

– La tramitación de DIAs y EIAs en las que se abra una nueva etapa de PAC (artículo 92 y 96 del RSEIA).

– La tramitación de EIAs que ingresan al SEIA durante el periodo de suspensión (20 al 31 de marzo de 2020). Se admitirán a trámite, pero se entenderán suspendidos desde esa fecha. Las copias de papel necesarias para los requerimientos de PAC (artículo 29 del RSEIA), deberán entregarse una vez se reactivan los plazos de evaluación.

– La tramitación de DIAs y EIAs en los que deban realizarse reuniones con grupos humanos pertenecientes a Pueblos Indígenas (artículo 86 del RSEIA).

Tener presente que, sin perjuicio de ello, según el inciso segundo del considerando N°13 de dicha resolución, el Director Ejecutivo o Director Regional, según corresponda, podrá alzar la medida respecto de un determinado proyecto, a fin de realizar actividades de participación ciudadana, mediante resolución fundada.

Además, prorrogó los plazos establecidos en las Resoluciones Exentas N°202099101160 y N° 202099101326, de fecha 3 y 30 de abril respectivamente, ambas de la Dirección Ejecutiva del SEA, para la presentación de las Adendas, Adendas Complementarias y Excepcional, según corresponda, respecto de los procesos de evaluación tramitados ante la Dirección Ejecutiva y ante las Direcciones Regionales.

Esta suspensión corresponde a:

– Proyectos con Adendas que debían presentarse entre el 30 de junio y el 30 de agosto de 2020 (ambas fechas inclusive), se prorroga el plazo de presentación hasta el día 31 de agosto del presente, sin perjuicio de la facultad que asiste al proponente para ingresar la Adenda cuando estime conveniente dentro de dicho período del año.

– Proyectos con Adendas que deban presentarse posterior al 31 de agosto de 2020, se mantiene el plazo de presentación que se haya establecido por cualquiera de estas circunstancias: (i) en el correspondiente ICSARA; (ii) en resolución de extensión de plazo de los artículos 38 (inciso 6°), 41 (inciso 3°), 50 (inciso 5°) o 53 (inciso 3°) del RSEIA; o (iii) en virtud de la Resolución Exenta N°202099101326, de fecha 30 de abril de 2020, de la Dirección Ejecutiva del SEA.

Con fecha 24 de junio de 2020, la Dirección General de Aguas (“DGA”), dictó laResolución D.G.A. (Exenta) N° 1.141, que, nuevamente, como medida provisional prorroga la suspensión de plazos determinada por las Resoluciones D.G.A. (Exenta) N° 492, de fecha 27 de marzo; N° 957, de fecha 20 de mayo; N°1.014, de 3 de mayo, todas de 2020, de la siguiente manera:

Tener presente que hay que contabilizar las suspensiones de plazos de anteriores periodos (sobre todo las establecidas en la Resolución D.G.A. (Exenta) N° 492, de fecha 27 de marzo de 2020).

Con fecha 25 de junio de 2020, se publicó la Resolución Exenta N°1.042, de 23 de junio de 2020, del Servicio Nacional de Geología y Minería (“SERNAGEOMIN”), aprueba Condicionado General de Póliza de Seguro de Garantía POL120200104, para los efectos de ser considerado como instrumento financiero A.1), para asegurar al estado el cumplimiento de los planes de cierre, en conformidad al artículo 52 de la Ley N°20.551, sobre cierre de faenas e instalaciones mineras, modificada por la Ley N°21.169, modificación que entró en vigencia recientemente.

Esta resolución fue dictada, de acuerdo con la modificación al Reglamento de la Ley de Cierre e Instalaciones Mineras, publicada el pasado 23 de junio de 2020, la cual, dentro de las modificaciones realizadas (el acápite 8.- c), se encontraba la referida a las “Pólizas de Seguros de Garantía a Primer Requerimiento para Cierre de Faenas Mineras”, la que requería, por parte del Servicio, una Resolución Exenta que apruebe el Condicionado General que haya sido incorporado al Depósito de Pólizas, que para estos efectos mantiene la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”).

En sentencia de causa Rol número 8278-20-INA, de fecha 18 de junio de 2020, el Tribunal Constitucional (en adelante el “TC”) declaró la inaplicabilidad respecto de la primera parte del inciso primero del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (en adelante “LGUC”), que dispone: “Artículo 20. Toda infracción a las disposiciones de esta ley, a su ordenanza general y los instrumentos de planificación territorial que se apliquen en las respectivas comunas, será sancionada con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra, a que se refiere el artículo 126 de la presente ley”.

El requerimiento de inaplicabilidad fue presentado por Metlife Chile Seguros de Vida S.A., con motivo de la aplicación de una multa en su contra, en aplicación del artículo 20 de la LGUC, ascendente a la cantidad de $573.929.196.-, decretada por el Primer Juzgado de Policía Local de La Florida, actualmente pendiente de revisión ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación presentado por Metlife.

Metlife fundó su requerimiento en que la aplicación del inciso primero del artículo 20 de la LGUC resultaba vulneratorio de las garantías constitucionales del administrado frente a la potestad punitiva estatal, dejando la ley a discreción del juez la fijación de la multa, sin criterios determinados, en vulneración del principio de legalidad; constituyéndose además en una sanción que infringe el principio de proporcionalidad, conculcados en la especie los artículos 1°, 5°, 6°, 7°, y 19 N°s 2, 3 y 26 de la Constitución Política.

Al respecto, el TC consideró que la multa aplicada por el Primer Juzgado de Policía Local de la Florida, por un monto de $573.929.196.-, resultaba contraria al principio de proporcionalidad contemplado en la Constitución. De esta forma, el TC consideró que la sanción careció de fundamentos al existir un criterio demasiado amplio en el inciso primero del artículo 20 de la LGUC al momento de determinar el monto de la multa (entre un 0,5 y un 20% del presupuesto de la obra), no aportando el juez en su instancia una justificación y motivos suficientes que la llevaron a adjudicar el castigo en la cantidad de $573.929.196.-, además, el TC señaló que la ejecución inmotivada de la ley (inciso primero del artículo 20 de la LGUC) encontraba causa directa e inmediata en la redacción deficiente de esa misma ley.

Con fecha 22 de junio de 2020, la Dirección del Trabajo emitió el dictamen N°1959/015, en el cual se pronuncia sobre la procedencia de otorgar beneficios en dinero o en especies a los trabajadores que se encuentran con el contrato de trabajo suspendido, de conformidad a la Ley de Protección al Empleo (Ley No. 21.227).

Según lo expuesto por la Dirección del Trabajo, resulta jurídicamente procedente que, durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo, sea que esta tenga su origen en un acto de autoridad o por un pacto de suspensión temporal del contrato, el empleador otorgue a los trabajadores beneficios en dinero o en especie, con el objeto de complementar lo que les corresponde percibir con cargo al Seguro de Desempleo.

Lo anterior en la medida de que tales beneficios tengan por único objeto paliar las consecuencias de la situación actual y que no suponga para los trabajadores la obligación de prestar servicios mientras el contrato de trabajo esté suspendido.

Con fecha 23 de junio de 2020, se publicó en el Decreto Supremo N°6, de 30 de enero de 2020, del Ministerio de Minería, el que modifica el Decreto Supremo N°41, de 22 de noviembre de 2012, del mismo ministerio, el que aprueba el Reglamento de la Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras (Ley N°20.551), con el fin de implementar las modificaciones incorporadas por la Ley N°21.169, con respecto a incorporar a las pólizas de seguro de garantía a primer requerimiento emitidas por compañías de seguros nacionales como instrumentos dentro de la categoría A.1) del artículo 52 de la ley Nº20.551, siendo éstas suficientes para garantizar el cumplimiento de los planes de cierre de faenas e instalaciones mineras.

Al entrar en vigencia la Ley N°21.169, todas las empresas mineras sometidas al procedimiento de aplicación general, que se acogieron al régimen transitorio de la Ley N°20.551 (planes de cierre simplemente valorizados), deberán actualizar sus planes de cierre (sin necesidad de que una auditoría lo ordene), de manera que incorporen una evaluación de riesgos, para así determinar las medidas, actividades y obras de cierre y post cierre, a fin de proteger la vida, la salud de las personas y el medio ambiente. Lo anterior ya fue advertido por la Resolución Exenta N°40, de 10 de enero de 2020, del Servicio Nacional de Geología y Minería (“SERNAGEOMIN”), publicada el 17 de enero de 2020.

Con fecha 20 de junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.240, la que modifica el Código Penal para sancionar más duramente el incumplimiento del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia.

En lo relativo a las modificaciones al Código Penal, a aquellos crímenes y simples delitos contra la Salud Pública, podemos destacar que:

1. Aumenta la penalidad de la conducta sancionada en el actual artículo 318 del Código Penal, el que sanciona al que pone en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. Específicamente, aumenta la pena de este delito de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) a presidio menor en su grado mínimo a medio (hasta 3 años y un día). Además, se aumenta la multa asociada a su comisión, elevando el tramo superior de 20 a 200 unidades tributarias mensuales.

2. Asimismo, al mismo artículo 318, se incorpora como agravante especial, las convocatorias a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo de catástrofe, pandemia o contagio.

3. En conjunto con ello, incorpora nuevo un nuevo artículo, el 318 bis, sancionando a “… El que, en tiempo de pandemia, epidemia o contagio, genere, a sabiendas, riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo, y multa de veinticinco a doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales.”.

4. Como la inclusión más importante, encontramos la inclusión de otro artículo, el 318 ter, sancionando a “… El que, a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, le ordene concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia, y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria…”. La pena consiste en presidio menor en sus grados mínimo a medio (hasta 3 años y un día) y una multa de 10 a 200 unidades tributarias mensuales, por cada trabajador al que se le hubiere ordenado concurrir.

Es importante señalar que, para una interpretación armoniosa de este nuevo tipo penal, debe entenderse que la norma no se aplica respecto a las empresas expresamente exceptuadas por el respectivo Instructivo para Permiso de Desplazamiento, actualizado al 19 de junio de 2020, en cuanto a aquellas medidas generales (cuarentenas territoriales; cordones sanitarios y/o toque de queda); pero sí aplica respecto de medidas personales a todas las empresas (personas confirmadas con Covid-19, contactos estrechos, personas que provienen del extranjero, etc).

En lo relativo a las modificaciones a la Ley N°20.393, la que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica, podemos destacar que:

1. El nuevo delito incorporado como artículo 318 ter, se ha incorporado también al catálogo de la Ley N°20.393, de tal manera que no sólo responderán los empleadores (personas naturales) que cometan el delito bajo las condiciones antes señaladas, sino que también la propia empresa a la que pertenezcan, en la medida que ello implique un beneficio y se cumplan los demás requisitos dispuestos en la Ley 20.393 para imputar la responsabilidad penal corporativa.

Con fecha 9 de junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.236 (la “Ley”), que regula la Portabilidad Financiera, promulgada el día 3 del mismo mes. Su objeto es promover la portabilidad financiera, facilitando que las personas, micro y pequeñas empresas se cambien de un proveedor de servicios financieros a otro, o de un producto o servicio financiero vigente a otro contratado con el mismo proveedor, según lo estimen conveniente. Esta ley entrará en vigencia transcurridos 90 días desde su publicación, es decir, a partir del 8 de septiembre de 2020, aplicándose tanto a los productos financieros que se encuentren vigentes a la fecha de publicación como a los que se contraten con posterioridad.

La Ley señala que portabilidad financiera aplica a aquellas personas, naturales o jurídicas, que mantengan vigente uno o más productos o servicios financieros, y que tengan la calidad de consumidor conforme a la ley N° 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, o tengan la calidad de micro o pequeñas empresas conforme a la Ley N° 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño. En favor de dichas personas se establece la portabilidad financiera como un derecho, por lo que cualquier cláusula en contrario a este derecho se entenderá por no escrita.

En términos generales, el proceso de portabilidad podrá ser (i) con subrogación, en donde se celebra un nuevo crédito con un nuevo proveedor, para satisfacer las obligaciones de un crédito que se mantiene con un proveedor inicial, produciéndose la subrogación especial del crédito, y subsistiendo las garantías que caucionan éste; o (ii) sin subrogación, en donde al contratar nuevos productos o servicios financieros con un nuevo proveedor, poniéndose término a los que el cliente mantenía inicialmente con el proveedor inicial, y extinguiéndose las garantías que caucionaban dichos productos o servicios. Se hace presente que el proceso de portabilidad podrá tener lugar tanto entre productos y servicios otorgados por distintos proveedores, como entre productos o servicios otorgados por el mismo proveedor.

La Ley establece que ésta será considerada como una norma de protección a los derechos de los consumidores, aplicándose supletoriamente la Ley N° 19.496. Asimismo, para efectos del tratamiento de datos personales que se realice en virtud de esta ley, se deberá cumplir con las disposiciones de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Por último, cabe señalar que el artículo 22 de la Ley establece que dentro de los 45 días siguientes a la fecha de publicación de ésta, es decir, a más tardar el 24 de julio de 2020, los Ministerios de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo, deberán dictar el reglamento que regule todos los aspectos necesarios para su correcta aplicación.