Ley al día

Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad en contra de la decisión del CPLT que ordenó al Servicio de Impuestos Internos (SII) a entregar información tributaria de entidades religiosas entre los años 1999 y 2019.

06 Ene 2021

Introducción

Con fecha 09 de diciembre de 2020, la Corte de Apelaciones de Santiago (rol 405-2020), rechazó el referido reclamo de ilegalidad en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT). En este caso el SII sostuvo que accedió parcialmente a la información solicitada, y en lo que interesa, denegó la información específica sobre ingresos, desembolsos y otros antecedentes, al concurrir la causal de secreto o reserva contemplada en el N° 2 y N° 5°, del artículo 21, de la Ley N° 20.285, en relación con lo dispuesto en el Nº 7º, del artículo 8 bis, y el inciso segundo, del artículo 35, ambos del Código Tributario.

Frente a esta decisión, el solicitante dedujo un recurso de amparo por denegación de acceso a la información ante el CPLT, el cual fue acogido, disponiendo que se entregue al solicitante información relativa a los montos de los ingresos anuales consignados por entidades religiosas con personalidad jurídica de derecho público que han entregado la Declaración Jurada N° 1945 en los años 2018 y 2019, de manera anonimizada.

Es interesante notar que la Corte, para rechazar el reclamo de ilegalidad, analizó las causales de los numerales 2 (cuando la publicidad, comunicación o conocimiento afecte derechos de carácter comercial o económico) y 5 (reserva o secreto declarada mediante una ley de quórum calificado, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política de la República), ambas del artículo 21 de la Ley Nº 20.285, Ley de Transparencia.

La Corte enfatiza que “en relación al artículo 21 numeral 2 de la Ley N° 20.285, si bien puede calificarse la documentación solicitada de ‘carácter comercial o económico’, el acceder a ella no se está afectando a los contribuyentes, en tanto la forma en que ha sido ordenada su entrega por el Consejo para la Transparencia, impide un vínculo o un hilo conductor que pueda llevar a determinar de qué persona jurídica se trata al ser innominada. No se entiende cómo se podrían ver vulnerados los derechos económicos y la vida privada, de quienes han efectuado aportes a estas entidades”. Asimismo, “respecto del numeral 5 del artículo 21 de la misma ley anteriormente citada, el argumento de tratarse de ‘documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos´, se debe decir, que no se avizora afectada el cumplimiento de la función pública, ni los derechos de las personas o de la seguridad o el interés nacional” (considerando décimo quinto).

Finalmente, la Corte esboza a forma de principio para este caso que “es lícito recabar y entregar informaciones genéricas, marginales o tangenciales al fondo de la cuestión investigada, en cuanto con ello no afecte a los contribuyentes” (considerando décimo quinto).

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