Ley al día

Drones. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz absolvió a acusados dado que la obtención de imágenes captadas por dron fue ilegal al no contar la policía con una autorización judicial previa.

06 Ene 2021

Introducción

Con fecha 15 de diciembre de 2020, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz (RIT 54-2020) absolvió a los acusados por el Ministerio Público de ser responsables, entre otros delitos, de tráfico ilícito de drogas.

En lo que interesa respecto al uso del dron, como tecnología para obtener pruebas que puedan lícitamente ser obtenidas y luego ser utilizadas en un procedimiento penal, el Tribunal sostuvo que “al operar la policía del modo indicado -uso del dron previo a obtener la autorización judicial-, ingresando con un dron en un recinto que era evidente que constituía un lugar privado, cerrado al público, al que ellos mismos no accedieron precisamente por saber que requerían autorización judicial, se vulneraron con aquella intromisión derechos fundamentales, a saber, los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19 números 4 y 5, que asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. Este último precepto constitucional agrega incluso que el hogar sólo puede allanarse y comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley” (considerando octavo).

Sobre esta tecnología, el Tribunal enfatiza que “lisa y llanamente aquí estamos frente a un caso, no regulado expresamente en nuestra legislación, del uso de un dispositivo tecnológico como es un dron con una cámara filmadora que ingresa a un lugar cerrado y obtiene imágenes que aportan información valiosa para obtener la entrada y registro propiamente tal de los agentes”, y agrega, “e tema es que, aún sin esa regulación expresa y casuística, los principios y valores que permiten resolver ese vacío legal están consagrados en la Ley Fundamental y en las citadas disposiciones generales de nuestro estatuto de procedimiento en materia penal, en un claro y preciso sentido, que debe llevar a concluir que esa actuación de la policía resultó ilegal, no pudiendo, en consecuencia, fundar la prueba así recabada una sentencia condenatoria, ya que, al hacerlo, amén de los derechos mencionados, se vulneraría el derecho de todo imputado a ser juzgado en un debido proceso, conforme lo dispuesto en el artículo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución”.

Para llegar a esta conclusión, se apoya en que “la Corte Suprema ya ha debido resolver casos relativos al uso de dron y globos con cámaras de vigilancia, con motivo de recursos de protección, estableciendo que esos dispositivos no vulneran en abstracto el derecho a la privacidad, siempre y cuando se sometan a ciertas restricciones, fundamentalmente que no pueden filmar o captar imágenes del espacio privado de las personas, es decir, sólo dirigiendo sus registros al espacio público”.

Por lo anterior, el Tribunal resolvió no valorar la prueba por haber sido obtenida ilícitamente, y absolver a los acusados, primando la presunción de inocencia, al no haber tenido la Fiscalía otras pruebas para sustentar la acusación.

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