Ley al día

Jurisprudencia de interés

10 Feb 2021

Introducción

1. Protección de datos personales.

Con fecha 04 de enero de 2021, la Corte Suprema en votación dividida revoca la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, que había rechazado un recurso de protección mediante el cual se solicitaba que el Fiscal Regional de la Séptima Región del Maule eliminara del Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF) los datos personales de la recurrente en su calidad de imputada en las investigaciones sobre disensiones familiares (terminada por archivo judicial) y por hurto y hurto simple (terminadas con sentencias condenatorias).

El recurrido sostuvo que el SAF es un registro de investigaciones que contiene información sobre datos personales de los ciudadanos, incluidos en un registro interno de carácter administrativo cuyo tratamiento se rige por el artículo 20 de la Ley N° 19.628, para las materias que son de competencia del Ministerio Público, es decir, para los fines de investigación que le asignan la Constitución Política de la República y las leyes.

La Corte sostiene que “si bien las obligaciones de registro y de análisis que en ellas se consagran dicen relación, en último término, con la labor de investigación de ilícitos penales que lleva a cabo el Ministerio Público, ellas no tienen, no obstante, el alcance que les atribuye el recurrido, esto es, el de disponer la mantención de un registro de datos personales de quienes hayan tenido la calidad de intervinientes o de imputados en los respectivos procesos” (considerando 4°).

En este sentido, y consideración a la ley N° 19.628 sobre la Protección de la Vida Privada, la Corte distingue entre aquellas causas concluidas por sentencia condenatoria y aquellas terminadas por archivo provisional.

Respecto de las primeras (causas concluidas por sentencia condenatoria), “los datos personales relativos a condenas son los que se han de mantener disponibles para el sólo evento de que los tribunales u otros órganos del Estado, actuando en el ámbito de su competencia y guardando, además, la debida reserva o secreto a su respecto, los soliciten, sin que se desprenda de las  disposiciones comentadas más arriba algún fundamento que permita conservar, en el Sistema de Apoyo a los Fiscales, los datos vinculados con causas cuyas penas prescribieron hace largo tiempo” (considerando 9°).

En el segundo caso (causas terminadas por archivo provisional), “no se advierte la concurrencia de autorización legal alguna que justifique la conservación, en el registro del SAF y por plazo indefinido, de información derivada de una investigación que culminó como consecuencia de la determinación del Ministerio Público de archivar provisionalmente los antecedentes” (considerando 9°).

2. Relación laboral entre plataformas y quienes participan de ellas

 Con fecha 15 de enero de 2021, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de nulidad deducido por la demandada (Pedidos Ya), en contra de la sentencia de fecha 05 de octubre de 2021, pronunciada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la misma ciudad que declaró la existencia de relación laboral entre dicha plataforma y una persona que la utilizó para trabajar en calidad de repartidor o raider.

La Corte luego de analizar distintos elementos respecto a la relación existente entre el repartido y la plataforma concluye “Que, así las cosas, conforme lo preceptuado en el inciso primero del artículo 8 del Código de la materia y, en aplicación del citado principio de primacía de la realidad, ya mencionado e invocado por la sentenciadora, unido al principio pro operario, fluye como conclusión irredargüible, la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, y por lo tanto, regida por el código del ramo, y que, al verificarse su término, sin cumplir las formalidades que dicho texto legal establece, necesariamente debía acogerse la demanda en los términos señalados en el fallo” (considerando 11°).

En relación con lo anterior, se debe tener presente que con fecha 13 de mayo de 2020, mediante moción de un grupo de Senadores, se presentó un proyecto de ley (Boletín 13496-13) que tiene por objeto establecer garantías básicas a las personas que prestan servicios a través de plataformas digitales.

3. Fraude bancario

Con fecha 21 de enero de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol 84298-2020) acogió un recurso de protección ordenando al Banco de Chile a restituir al recurrente la suma de $4.487.691.-, la cual había sido fraudulentamente sustraída de su cuenta corriente mediante el uso de su tarjeta de crédito.

Los hechos que dieron lugar al recurso fueron que el Banco de Chile se negó a devolver el dinero sustraído desde la tarjeta de crédito del recurrente, mediante 5 operaciones anormales y fraudulentas que se habían realizado por un monto total de $4.487.691.-; todas estas en un intervalo de tan solo siete segundos. El banco se negó a restituir el dinero argumentando que las transacciones se efectuaron mediante la autorización de dos claves secretas del cliente.

La Corte, en consideración a las normas contenidas en el “El Capítulo 1-7 sobre Transferencia Electrónica de Información y Fondos”, emanado de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, hoy Comisión para el Mercado Financiero, concluye “Que, en consecuencia, la conducta imputable al Banco recurrido es ilegal, desde que incumplió con la normativa que al efecto le impone la Comisión para el Mercado Financiero a las instituciones bancarias encargadas de custodiar los dineros que le han confiado sus clientes, en su calidad de depositario irregular, lo que motivó que terceros vulneraran sus medidas de seguridad, como asimismo, arbitraria al negarse a enterarle los fondos que le fueron desviados al actor, sin causa justificada, todo lo cual le ha provocado a éste un menoscabo importante en su patrimonio, vulnerándole la garantía constitucional consagrada en el N° 24 del artículo 19, de nuestra Carta Magna” (considerando 9°).

Contacto

En caso de que requiera información adicional sobre estas materias, puede contactar a Jorge Tisné (jtisne@jdf.cl).

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