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Sentencia del Tribunal Constitucional declara la inaplicabilidad de la primera parte del inciso primero del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construccione

24 Jun 2020

Introducción

En sentencia de causa Rol número 8278-20-INA, de fecha 18 de junio de 2020, el Tribunal Constitucional (en adelante el “TC”) declaró la inaplicabilidad respecto de la primera parte del inciso primero del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (en adelante “LGUC”), que dispone: “Artículo 20. Toda infracción a las disposiciones de esta ley, a su ordenanza general y los instrumentos de planificación territorial que se apliquen en las respectivas comunas, será sancionada con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra, a que se refiere el artículo 126 de la presente ley”.

El requerimiento de inaplicabilidad fue presentado por Metlife Chile Seguros de Vida S.A., con motivo de la aplicación de una multa en su contra, en aplicación del artículo 20 de la LGUC, ascendente a la cantidad de $573.929.196.-, decretada por el Primer Juzgado de Policía Local de La Florida, actualmente pendiente de revisión ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación presentado por Metlife.

Metlife fundó su requerimiento en que la aplicación del inciso primero del artículo 20 de la LGUC resultaba vulneratorio de las garantías constitucionales del administrado frente a la potestad punitiva estatal, dejando la ley a discreción del juez la fijación de la multa, sin criterios determinados, en vulneración del principio de legalidad; constituyéndose además en una sanción que infringe el principio de proporcionalidad, conculcados en la especie los artículos 1°, 5°, 6°, 7°, y 19 N°s 2, 3 y 26 de la Constitución Política.

Al respecto, el TC consideró que la multa aplicada por el Primer Juzgado de Policía Local de la Florida, por un monto de $573.929.196.-, resultaba contraria al principio de proporcionalidad contemplado en la Constitución. De esta forma, el TC consideró que la sanción careció de fundamentos al existir un criterio demasiado amplio en el inciso primero del artículo 20 de la LGUC al momento de determinar el monto de la multa (entre un 0,5 y un 20% del presupuesto de la obra), no aportando el juez en su instancia una justificación y motivos suficientes que la llevaron a adjudicar el castigo en la cantidad de $573.929.196.-, además, el TC señaló que la ejecución inmotivada de la ley (inciso primero del artículo 20 de la LGUC) encontraba causa directa e inmediata en la redacción deficiente de esa misma ley.

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