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Jara Del Favero Abogados pontencia areas Financiera y de Mercados de Capitales

05 May 2020

La reciente incorporación de Alvaro Caviedes como socio, y de Christian Schiessler permitirá profundizar la asesoría legal en estas áreas de práctica, en la que ambos profesionales tienen una reconocida experiencia y especialización. Nuevos e importantes cambios se concretaron recientemente en el estudio de abogados Jara Del Favero (JDF Abogados), los que permitirán potenciar fuertemente […]

Ley al Día

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Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local Derivados de Proyectos de Crecimiento Urbano

18 May 2020

Con fecha 17 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial el Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local Derivados de Proyectos de Crecimiento Urbano, que es parte de la Ley 20.958, sobre Aportes al Espacio Público.

El referido Reglamento, que comenzará a regir desde noviembre del presente año, modifica sustancialmente las normas de mitigación de los proyectos urbanos en atención a los principios de universalidad, proporcionalidad, predictibilidad y gradualidad.

La normativa busca que los proyectos inmobiliarios tanto públicos como privados mitiguen los impactos urbanos que generan en su entorno, reemplazándose los Estudios de Impactos sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) por Informes de Mitigación de Impacto Vial (IMIV). Bajo este nuevo sistema, se establecen tres tipos distintos de IMIV, a saber:

– Básico: Orientado al cumplimiento de normas, no requiere modelación de transporte y aplica a proyectos pequeños que representan la mayoría de los proyectos.

– Intermedio: Requiere modelación de transporte sin reasignación, aplica a gran cantidad de proyectos menores y medianos.

– Mayor: Requiere modelación de transporte con reasignación, aplica a los proyectos más grandes.

Además, se persigue que los proyectos urbanos realicen aportes al Espacio Público a través de formas alternativas al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece la obligación de ceder terrenos para vialidad y áreas verdes. Esta forma alternativa consiste en entrega en dinero, considerando el destino y la densidad de la zona en que se emplaza el proyecto urbano, hasta por el equivalente a un 44% del avalúo fiscal del terreno en que se desarrollará el proyecto. El monto en aporte se regula y fija a través de una tabla que detalla los criterios para la determinación de éstos.

Congreso Nacional aprueba proyecto de ley que modifica Ley 21.227, que faculta acceso a prestaciones del seguro de desempleo

12 May 2020

Con fecha 6 de mayo de 2020, el Congreso Nacional aprueba y despacha Proyecto de Ley que busca modificar Ley N°21.227, que permite el acceso extraordinario a las prestaciones del seguro de cesantía.

En lo particular, el proyecto modifica e incorpora entre otros, los siguientes aspectos:

  1. Se aumenta el porcentaje del monto de las cotizaciones que debe pagar el empleador que se acoge al beneficio de suspensión de contrato (por acto de autoridad y mutuo acuerdo), estableciendo dos bases de cálculo diferenciadas. Las cotizaciones previsionales y de seguridad social, se calcularán sobre la última remuneración percibida. Para el caso de las cotizaciones de pensión (AFP), la base de cálculo será el monto percibido por parte de la AFC en el mes respectivo.
  2. Respecto de los trabajadores cuyos contratos se encuentren suspendidos, no se podrá invocar la causal necesidades de la empresa, pudiendo en tal caso únicamente terminarse la relación laboral, por medio de las causales del artículo 159, números 1 al 5 del Código del Trabajo.
  3. Se reitera que los trabajadores que presten servicios necesarios en actividades excluidas de paralización no podrán acogerse a los beneficios de esta Ley, pero se establece una excepción respecto de los trabajadores de dichas empresas, cuyos servicios no sean necesarios para la continuidad de dichas actividades. En tal caso, tendrán que suscribir el pacto de suspensión por mutuo acuerdo.
  4. Se dispone que, respecto de los trabajadores de casa particular, el empleador estará obligado al pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto de su cargo como las del trabajador, incluyendo también, la cotización a que se refiere el literal a) del inciso 5to del artículo 163 del Código del Trabajo.
  5. Respecto a la suspensión de mutuo acuerdo, se presumirá que la actividad del empleador fue parcialmente afectada cuando haya disminuido en al menos un 20% sus ingresos por ventas o servicios netos del IVA, en el mes anterior a la suscripción del pacto.
  6. Se establece de manera expresa en la Ley, el derecho del trabajador de recurrir a la Dirección del Trabajo para denunciar que el pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo adolece de vicios en su celebración.
  7. Se modifica la regla relativa al inicio diferido del pacto de suspensión del contrato, estableciéndose que las partes podrán acordar que los efectos se produzcan en una fecha posterior, la que no podrá exceder del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo.
  8. El empleador, en las declaraciones juradas en las que informe los trabajadores cuyos contratos se encuentran suspendidos, deberá indicar los trabajadores respecto de los cuales está obligado a retener y pagar pensiones alimenticias. En estos casos, la AFC transferirá al empleador la totalidad de las prestaciones de tales trabajadores. El empleador deberá cumplir con su obligación de retención y pago de las pensiones y deberá pagar directamente el saldo que quedare de la prestación al trabajador. Para estos efectos, las pensiones alimenticias debidas por ley estarán sujetas a una retención máxima del 50% de la prestación.
  9. Se excluye a las trabajadoras con fuero maternal de las disposiciones del Título I de esta Ley.
  10. En el evento de término del contrato de trabajo luego de haberse acogido a las prestaciones de esta Ley, para las indemnizaciones se considerará como base de cálculo la última remuneración mensual, anterior a la fecha en que se acoge.
  11. Respecto del pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo, respecto de la letra a), se establece que podrán acogerse, además, los empleadores que lleven el registro del artículo 59 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, y que cumplan con los demás requisitos que señala la letra a) del artículo 8 de la Ley.
  12. Se modifica el plazo en que produce efecto el pacto de reducción de jornada, estableciéndose que producirá sus efectos al día siguiente de su suscripción, pudiendo pactarse una fecha posterior, que no exceda el primer día del mes siguiente.
  13. Respecto del pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo, en caso de que alguno de los pagos comprenda un número de días inferior a un mes se pagará de forma proporcional.
  14. Al término de la relación laboral, el empleador no podrá descontar de la indemnización por años de servicio, aquellas cotizaciones que fueron parte de prestaciones entregadas conforme al presente Título.
  15. Todos los trabajadores que hagan uso de los beneficios de esta ley tendrán derecho a hacer efectivos los seguros de cesantía asociados a los créditos de cualquier naturaleza con los que mantenga deudas sean con bancos o con instituciones financieras.
  16. Las empresas que hayan convenido financiamiento con cargo a la ley de presupuestos o subvenciones del sector público no podrán hacer uso de las prestaciones de esta ley, exceptuándose las empresas que contraten con el Estado la ejecución de proyectos de inversión y se paguen según estado de avance.
  17. Los trabajadores y empleadores beneficiarios de los subsidios al empleo de la Ley 20.338 y Ley 20.595, no perderán la calidad de beneficiaros mientras reciban las prestaciones a que da acceso esta ley.
  18. Se amplía el plazo de 12 a 24 meses para que el empleador realice el pago de las cotizaciones adeudadas durante la vigencia de las normas de esta ley, pudiendo pagarse por parcialidades que no superen dicho plazo.
  19. Se establece la prohibición para las Sociedades Anónimas que se acojan a esta ley o que formen parte de un grupo empresarial en que alguna de ellas se haya acogido, de repartir dividendos a sus accionistas. Además, no podrán acogerse a esta ley las empresas controladas por sociedades con capitales o empresas relacionadas en territorios con régimen fiscal preferencial.
  20. Los directores de las sociedades anónimas abiertas, donde todos o la mayor parte de los trabajadores hagan uso del beneficio de esta ley, no podrán percibir honorarios por el ejercicio de dicho cargo, superior a los porcentajes correspondientes al seguro de cesantía.

Las disposiciones de esta ley entrarán en vigencia al momento de su publicación, salvo aquellas que digan relación con el pago de cotizaciones de seguridad social y salud, que regirán desde la entrada en vigencia de la ley N°21.227, sin perjuicio de aquellas cotizaciones que se hubieran pagado con anterioridad a la publicación de esta ley.