Por medio de la sentencia de 12 de noviembre de 2025 dictada en la causa Rol N°19.790-2024, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que había dejado sin efecto la Ordenanza Municipal N°0002, “Ordenanza para la Protección y Conservación de Humedales Urbanos de la Comuna de Puerto Montt” (en adelante, “Ordenanza Municipal”).

Particularmente, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, al resolver un reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de la Ordenanza Municipal, estimó que dicho acto excedía el objeto de protección previsto en la Ley N°21.202, sobre Humedales Urbanos, por cuanto extendía su aplicación no solo a los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente (como indica el artículo 1° de la Ley N°21.202), sino que, además, a aquellos humedales que se encontraran catastrados y/o en trámite de ser reconocidos como tal por dicho Ministerio.

En este sentido, advirtió que si bien la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, reconoce a los municipios funciones asociadas a la protección del medio ambiente, estas deben ejercerse en estricta observancia del principio de juridicidad. Así, siendo el artículo 2° inciso segundo de la Ley N°21.202, el que faculta directamente a las municipalidades a establecer criterios para la protección, conservación y preservación de humedales urbanos por medio de una ordenanza general, su dictación debe ajustarse necesariamente a dicho cuerpo legal y a los lineamientos establecidos en su reglamento.

En concordancia con lo anterior, la Corte Suprema precisó que el objeto de la Ley N°21.202 es la protección de los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, no siendo jurídicamente procedente, para estos efectos, reconocer humedales urbanos sin la correspondiente declaración de dicho organismo. Lo anterior, por cuanto la Ley N°21.202 delimita las competencias de los órganos públicos involucrados en la protección de los humedales urbanos, las cuales no pueden ser desconocidas al momento de regular la materia en el ámbito comunal, ni extenderse a aspectos no comprendidos en dicho cuerpo normativo.

A juicio de Javiera Rodríguez, asociada de las áreas Derecho Público y Regulatorio, y de Medio Ambiente, el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema es relevante por dos motivos:

• “Reafirma que el ejercicio de las competencias de las municipalidades en materia ambiental, y, en particular, respecto de la protección de los humedales urbanos, debe ejercerse con estricta sujeción a la normativa aplicable, a saber, la Ley N°21.202. Esta exigencia deriva del mandato esencial de sometimiento al derecho que le impone a la Administración del Estado el principio de legalidad, consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución y en el artículo 2° de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”.
• “Pone de manifiesto que la declaración de un humedal urbano en conformidad con la Ley N°21.202 supone la aplicación de un régimen especial de protección, que conlleva limitaciones y restricciones respecto de las actividades que pueden desarrollarse en los terrenos donde se emplaza. En este sentido, para la determinación de tales limitaciones y restricciones a nivel comunal, es esencial que las municipalidades cuenten con un fundamento normativo habilitante, y -según lo señalado anteriormente- se ajusten estrictamente a este”.